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Participación democrática en el ámbito local

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images1Son muy pocas las personas que participan activamente en resolver los problemas de su comunidad local, lo que puede estar en el origen de que los problemas de convivencia y de exclusión social se enquisten y no encuentren vías de solución. En una sociedad que “se dice” democrática, nos preguntamos por qué se produce tanta restricción de la participación para la mayoría, muy especialmente para los sectores empobrecidos, y tanta concentración de poder en pocas manos, no sólo del ámbito de la política sino de la economía, los medios de comunicación, el control digital, etc.

Existe una forma de participación local regulada oficialmente que trata de encauzar la acción vecinal bajo la tutela y el color político de los sucesivos ayuntamientos. Por ejemplo, en Madrid los “Reglamentos de participación” de Tierno Galván (1980) dieron paso a los Consejos Territoriales de Gallardón (2004), a los Foros Locales de Carmena (2017) y a los Consejos de Proximidad de Almeida (2020). Pese a algunos avances del modelo Foros frente a los Consejos, todos ellos se deciden de arriba abajo y son las presidencias de las Juntas de distrito quienes establecen las convocatorias, dirigen las sesiones e impulsan los acuerdos. Se crean también Mesas de trabajo a propuesta de las personas inscritas pero sus decisiones sólo saldrán adelante si se ven apoyadas por los partidos de turno. Esta forma de participación desconfía de la libertad de la población para organizarse y tener voz propia en la gestión de la vida colectiva, lo que finalmente lleva al desinterés por parte del vecindario.
Otra forma de participación se produce por irrupción y representa la movilización indignada de quienes se sienten víctimas del desorden social y buscan cambiarlo desde el apoyo mutuo y la denuncia de las injusticias. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el movimiento 15M y las mareas posteriores son ejemplos de esta modalidad de participación. El método es la deliberación colectiva y la búsqueda de consensos a partir de mecanismos horizontales. De entrada, desconfían de las autoridades, a las que consideran alejadas de los problemas cotidianos, y tratan de arrancar derechos desde la acción directa, el acompañamiento y el enfrentamiento con las instituciones, exponiéndose con frecuencia al hostigamiento policial, multas, etc. En general, esta forma de participación presenta altibajos, con etapas de intensa agitación y otras de parálisis.
En tercer lugar, está la participación por cooptación entre la administración (responsables políticos y profesionales públicos) y los colectivos afectados y sus organizaciones. La condición necesaria para esta cooperación público-privada es que la administración esté dispuesta a trabajar en pie de igualdad con los movimientos y redes vecinales que trabajan por solucionar los problemas del vecindario. Ejemplos pueden ser la Mesa Contra la Exclusión de Tetuán (Madrid) en la legislatura de Ahora Madrid, que desarrolló diversos programas de vivienda, alimentación de emergencia y campañas contra la discriminación y el odio, etc., o los Casals Comunitaris de Solidaritat, apoyados por Barcelona en Comú, que han desarrollado un intenso trabajo durante la pandemia por Covid-19 a través de veinte equipamientos municipales que se pusieron a disposición de las redes vecinales de ayuda mutua.
Las tres modalidades descritas responden a distintas estrategias, pero ninguna de ellas se prodiga en una sociedad como la española, que sigue atravesada por profundas tensiones y desigualdades en su estructura social. Un conflicto de hondas raíces históricas (“las dos Españas”) que implica la marginación económica y política de amplios sectores de población, excluidos no sólo de unas condiciones de vida digna sino del derecho a participar directamente en la resolución de sus problemas. En este sentido, la monarquía parlamentaria asentada tras el referéndum de 1978 ofrece un marco institucional ambivalente y tramposo en materia de participación ciudadana: se afirma el derecho en abstracto pero las decisiones y la gestión de las políticas quedan en manos de los gobiernos de turno, muy presionados por los lobbys económicos, mediáticos y otros grupos de presión. Una democracia de baja intensidad que sobrevalora el papel de los partidos, garantes del “interés general”, y relega a los sectores empobrecidos y a cuantos les apoyan a un lugar subalterno y sospechoso, como defensores de “intereses particulares”.
Como contrapunto, más débil pero tenaz, están los movimientos sociales que defienden a las poblaciones oprimidas y reclaman la socialización del poder, la redistribución de la riqueza y el respeto de la naturaleza, entre otras líneas alternativas. En el ámbito de la participación, la falta de canales directos de gestión de la vida colectiva y el simulacro de la participación regulada oficialmente, llevan a quienes toman conciencia de su situación a revelarse, dando lugar a levantamientos populares y movimientos sociales de mayor o menor alcance y, sólo en casos excepcionales, a experiencias de poder dual entre los representantes políticos y la ciudadanía para complementarse y controlarse mutuamente. El motor de estos procesos suelen ser los movimientos sociales críticos, pero la llave para hacerlos viables viene de la mano de aquellos partidos de gobierno que se toman en serio la democracia.

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