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Nota de prensa: En Colombia, la Justicia sigue secuestrada -- Comunidad Stº. Tomás de Aquino (Madrid)

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25 años del holocausto del Palacio de Justicia
A pesar de ciertos gestos de ‘normalización política’ del nuevo presidente JM Santos en busca de un reconocimiento exterior, el uribismo, que sigue controlando todo el poder en Colombia, continua librando combates contra los defensores de Derechos Humanos que denuncian crímenes de Estado y contra los mismos jueces que, a veces, se atreven a administrar justicia con autonomía e imparcialidad. El 25º aniversario de los luctuosos hechos del asalto al Palacio de Justicia lo pone de relieve, una vez más.

Como es bien conocido, el 6 de noviembre de 1985 miembros del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) tomaron por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá y mantuvieron retenidos a cerca de 350 rehenes entre los que se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En poco más de 24 horas, el ejército atacó a quemarropa la sede del Palacio, provocando la muerte de 94 personas entre guerrilleros, personal de servicio del Palacio y un buen número de magistrados. Además 11 personas, los empleados de la cafetería, resultaron “desaparecidas” sin que hasta el presente se sepa nada de su destino final. El caso fue calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un verdadero holocausto.

Condenado a 30 años el coronel que dirigió el asalto del Palacio

Tras 25 años pleiteando en busca de verdad y justicia, los familiares de los 11 desaparecidos -que han tenido que soportar muchos insultos y amenazas-, han visto cómo en Junio de este año la jueza María Stella Jara Gutiérrez dictaba sentencia contra el coronel Alfonso Plazas Vega, jefe del operativo militar que dirigió el asalto al Palacio, condenándolo a 30 años de prisión por la desaparición de los 11 empleados del cafetería que, según documentos gráficos, salieron del lugar escoltados por el ejercito,
sin que se haya vuelto a saber nada de ellos.

Milena, hermana de Luz Mary, una de las desaparecidas ese día ha comentado sobre la sentencia al coronel Plazas: «Que se juzgue a alguien por la desaparición de nuestros familiares perpetrada a manos de los militares es sólo el primer paso. Seguimos pidiendo la verdad, la entrega de los cuerpos de nuestros familiares y el juicio a toda la cadena de mando empezando por el entonces presidente de
la República [Belisario Betancur] y los más altos mandos del Ejército».

Abogados de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), así como los abogados Jorge Molano y Germán Romero que representan a las víctimas, responsabilizan de estas desapariciones a militares de más alto rango y solicitan para ellos la misma imputación por la cual ha sido condenado el coronel Plazas Vega. Pues –aseguran- “…. la toma del Palacio fue consentida por los órganos del Estado, que cortaron las comunicaciones. ¿Qué pasó con los desaparecidos? Nos deben la verdad, nos deben los restos, hace falta una búsqueda seria por parte del Estado».

Ofensiva contra la sentencia judicial

Los hechos siguientes a la sentencia desvelan hasta dónde llega el “Estado de Derecho en Colombia”. Nada más conocer el fallo en contra del coronel retirado Plazas Vega, el 9 de junio 2010, El Presidente Uribe descalificó la sentencia, afirmando: “Los actores criminales, ninguno está en la cárcel y ahora veo que condenan a un integrante de las fuerzas armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber.”

Al día siguiente, 10 de junio de 2010, el primer mandatario propuso una reforma de la institución judicial. “Nosotros vamos a tener que pensar en Colombia (……) una revisión del ordenamiento jurídico, para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia. Está bien que las Fuerzas Armadas tienen que ser transparentes, tienen que recuperar totalmente el orden público y respetar absolutamente los derechos humanos.

Pero de ahí al maltrato a las Fuerzas Armadas hay un trecho muy amplio”. En la misma línea, la cúpula militar y el Ministerio de Defensa pidieron volver al fuero militar y la Procuraduría General de la Nación recurrió la sentencia.

Para la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) “Estas declaraciones de las altas autoridades colombianas atentan gravemente contra la independencia de la justicia, imprescindible en un Estado de Derecho, y ponen en alto riesgo la vida y la seguridad personal de los magistrados.”

En paralelo a estas declaraciones se desencadenó una campaña de falsas acusaciones y amenazas contra la jueza, la fiscal, los abogados y los propios familiares de los desaparecidos. Eduardo Umaña Mendoza, uno de los abogados de este caso, había sido asesinado ya en 1987. Ahora, a los pocos días de pronunciar la sentencia, la propia jueza María Stella Jara Gutiérrez, tuvo que abandonar el país. René Guarín familiar de una de las víctimas también tuvo que salir del país para salvar su vida.

El nuevo Gobierno todavía hoy declara que en el Palacio no hubo desaparecidos, desconociendo todas las pruebas y las conclusiones de los magistrados de la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer esos graves hechos. Estas declaraciones del gobierno y del ex presidente Uribe son para los familiares de las víctimas la principal causa de exposición al riesgo que todavía sufren.

Incumplimiento de la Sentencia.

Pero el secuestro de la Justicia colombiana se evidencia aún más en el hecho de que las sentencias judiciales no se cumplen cuando afectan a personas pertenecientes al Establishment político-militar. El citado coronel Alfonso Plazas Vega, lejos de cumplir la pena que le ha sido impuesta permanece en estos momentos en libertad, trabajando como profesor en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, (sede de la Escuela Superior de Guerra y el Centro de formación de altos mandos de las Fuerzas Armadas), sin que el poder Ejecutivo o el judicial tengan capacidad o voluntad de modificar
la situación. Sin duda alguna Colombia continua siendo un país en las antípodas de lo que se entiende por un Estado de Derecho.

El caso de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia no es el único. Hay más o menos 450 Tribunales de Justicia en Colombia en los que hay procesos de muchos desaparecidos para los que todavía no ha habido justicia ni verdad.

Pero la resistencia frente al olvido y la perseverancia frente a la impunidad no han cesado a pesar del tiempo y de los ataques recibidos. Hoy los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia siguen invitando a todos los colombianos y a la ciudadanía del mundo a unirse a esta lucha por la recuperación de la dignidad humana. Clama al cielo que en España se hagan oídos sordos a estos hechos y que, para mayor vergüenza, se concedan premios al ex-presidente Uribe, “por su contribución a la paz nacional”.

Comunidad Stº. Tomás de Aquino,
Comisión Ética por la Verdad en Colombia
26, Octubre, 2010

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