Enviado a la página web de Redes Cristianas
MAREA NARANJA DE MADRID DENUNCIA LA FALTA DE VISIBILIDAD DEL SISTEMA
DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA REGIÓN.
En la Semana de la Justicia Social, este espacio de confluencia profesional y de ciudadanía denuncia el deterioro progresivo del Sistema Público de Servicios Sociales en atención primaria y en especializada, la precariedad laboral de sus profesionales y el consecuente empeoramiento de la calidad de atención para la
ciudadanía.
Alianza Social y Marea Naranja de Madrid (MNM), espacios sociales formados por diversas organizaciones colegiales, profesionales, sindicales, colectivos y ciudadanía, se han convertido, en
sus más de 13 años de recorrido en referentes en el análisis de la situación de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid (CM) con un enfoque crítico y siempre constructivo.
Bajo el lema “MAS SERVICIOS SOCIALES, MAS JUSTICIA SOCIAL”, en el Día Internacional de la Justicia Social, 20 de febrero, ponemos de manifiesto que los Servicios Sociales presentan, desde sus
orígenes, signos de marcada fragilidad estructural, agravada, en estos momentos, por una incomprensible invisibilidad.
Para MNM, los Servicios Sociales ocupan una posición injustamente marginal en el discurso político e institucional. Rara vez ocupan titulares o protagonizan debates parlamentarios. Su ámbito
de intervención, centrado en personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, no suele traducirse en rentabilidad electoral, lo que los mantiene, intencionadamente, en un segundo plano de la
agenda pública.
Son, en gran medida, los grandes olvidados. Sin embargo, su nombre emerge con fuerza cuando estalla una crisis o una polémica. Entonces sí ocupan portadas, aunque a menudo bajo una luz crítica que alimenta la desconfianza, su cuestionamiento y reabre el debate sobre el
funcionamiento del sistema.
Sin embargo, pese a su infrafinanciación y a la atención política intermitente que recibe, el Sistema
Público de Servicios Sociales se reconoce como un pilar esencial en la compensación de las desigualdades. Lejos de desempeñar un papel residual, constituye un dispositivo estratégico para
la cohesión social y la garantía de derechos, especialmente en favor de los colectivos más vulnerables.
En este contexto, las y los profesionales del Sistema ejercen una labor fundamental como agentes de cambio y acompañamiento en los procesos de inclusión social, consolidándose
como una pieza clave en la fortaleza de los Servicios Sociales.
En una región, la madrileña, rica pero profundamente desigual, en la que cerca de 1,5 millones de personas se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, de las que el 55%
son mujeres, más de 250.000 niñas y niños crecen en hogares vulnerables, en la que más de 1 millón de madrileños y madrileñas sufre pobreza económica, en la que 4 de cada 10 personas
que trabajan son pobres, exigir unos Servicios Sociales fortalecidos, dotados de recursos suficientes y plenamente reconocidos se convierte en una necesidad moral.
Se mantiene un modelo asistencialista con un presupuesto para el 2026 por debajo del 10% del total, la RMI se le asigna un ridículo 1,044MILL, y, lejos de configurarse como una pensión
complementaria al Ingreso Mínimo Vital, permanece como una prestación subsidiaria y residual en una de las regiones con mayor coste de vida del país. Las Entidades Locales reciben a través de sus 57 convenios la cantidad 60MILL similar desde hace diez años. Siguen estando en espera de servicios 10.056 personas dependientes, con 348 días entre la solicitud y el acceso a la prestación.
En este escenario emergen desafíos estructurales que impactan directamente en la capacidad de respuesta y adaptación de los Servicios Sociales. El envejecimiento poblacional y el aumento de
la soledad no deseada, la escalada sostenida del precio de la vivienda convertida en eje de desigualdad de primer orden, el crecimiento de los hogares monomarentales, una mayor diversidad
social, las brechas en salud y las carencias en otros sistemas de protección social que derivan en mayor presión hacia los Servicios Sociales, exigen una revisión profunda del modelo, orientada
a reformas tanto legislativas como organizativas.
Se identifican dos problemáticas de preocupante impacto que requieren una intervención estratégica. En primer lugar, el progresivo desgaste profesional derivado de una sobrecarga estructural y sostenida en el tiempo que está generando desmotivación, aumento de bajas y una
preocupante fuga de talento del Sistema. En segundo término, la importante presencia de la gestión privada en los Servicios Sociales, articulada a través de diversas fórmulas de externalización y
concertación, está contribuyendo a un escenario de mayor precariedad laboral, incertidumbre y dificultades para garantizar la estabilidad de los equipos y la continuidad de las intervenciones, con
las consecuentes repercusiones para la ciudadanía.
En este contexto, se hace imprescindible garantizar estándares profesionales homogéneos en todos los servicios, con independencia de su modelo de gestión, asegurar la exigencia de titulaciones específicas, en los puestos que así lo requieran y proteger la ética profesional frente a lógicas mercantilizadas que puedan desvirtuar el sentido de la intervención social.
En la Semana de la Justicia Social, MNM advierte de la necesidad inaplazable de adoptar medidas que frenen la deriva de un Sistema de Protección Social concebido para prevenir y corregir desigualdades, pero que hoy padece un trato regresivo y una preocupante invisibilización política e institucional.
“No se puede pretender construir una sociedad cohesionada y justa socialmente mientras se debilitan los pilares que la sostienen”
MADRID 20/02/2026
“MAS SERVICIOS SOCIALES, MAS JUSTICIA SOCIAL”
Persona de contacto: Maribel López 605398089