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Entre el 18 de enero y el 8 de febrero de cada año conmemoramos el aniversario de nuestra asociación PUEDO, a nivel estatal y de Madrid respectivamente, momento oportuno para expresar nuestra posición y objetivos ante el colectivo de la ONCE, ante el entorno social de la discapacidad visual y de todas las personas con diversidad funcional, así como de la sociedad en general.
1º.- El compromiso originario de PUEDO en 2003 fue remover las estructuras de la ONCE, para alcanzar una democratización coherente con la experiencia de cambio vivida, veinte años antes, bajo la presidencia irrepetible de Antonio Vicente Mosquete , con el contenido de sus estatutos y con la necesidad de canalizar la libre participación de sus afiliados y trabajadores en un modelo plural, como mejor opción para atender a las necesidades sociales y a la buena marcha de la gestión institucional.
2º.- El sistema de dominación impuesto años antes por su grupo gobernante, Unidad Progresista, UP, en contubernio con su sindicato afín Unión de trabajadores de la ONCE, UTO, en alianza con UGT, mantuvieron cerrado el modelo institucional de forma monolítica y sectaria, que no permitió abrir ni un ápice de pluralidad hasta agotar incluso los procesos electorales, que impidieron durante los últimos treinta años el acceso al consejo general de la entidad a ninguna opción diferente, al contrario de como ocurría en la primera etapa democrática.
Más aún, desde 2018 ninguna candidatura de oposición concurre a las Elecciones internas, ya que el agotamiento del marco electoral, conformado por una normativa leonina y una praxis aún más anómala, disuade absolutamente la opción de participar, pues todas las cartas están marcadas y no queda espacio para la mínima diversidad.
3º.- La dejación grave por parte de la administración general del Estado, a través de los ministerios competentes, responsables de la Tutela institucional de la ONCE han permitido consumar esta situación antidemocrática, irregular e ilegal, sin que los gobiernos del PSOE ni del Partido Popular hayan asumido sus obligaciones de control público de la Organización para velar por el cumplimiento de la legalidad ni por el desarrollo de los fines sociales de la ONCE.
Una institución tutelada por el estado, que carece del control público imprescindible por parte del gobierno y del control democrático por parte de su colectivo en un sistema de democracia interna, previsto en sus estatutos, representa una rémora significativa para el avance de la política social encomendada y del papel estratégico que le corresponde por su capacidad organizativa y económica dentro del sector de la discapacidad.
Ni siquiera tampoco los últimos gobiernos de coalición progresista han tomado conciencia clara de este problema, especialmente por la obstaculización de la mayoría socialista del ejecutivo, en el que a pesar de residir la tutela en un Ministerio más a la izquierda no han logrado mover ficha en este estatus quo inexpugnable de la ONCE.
4º.- La creación en 1988 de la fundación ONCE para la cooperación social con Personas con discapacidad supuso un salto cualitativo y cuantitativo en la implicación de la ONCE con el sector de la discapacidad, algo indispensable para apoyar su desenvolvimiento y equilibrar en lo posible los beneficios sociales, derivados de la concesión a la ONCE de los Juegos autorizados por el Estado. Pero lamentablemente el desarrollo de esta fórmula se ha visto viciada también por los hábitos sectarios de la ONCE lo que ha condicionado un desempeño social más equitativo y corresponsable con las organizaciones sociales del sector.
En ese contexto, la puesta en marcha del Consejo estatal de representantes de las Personas con discapacidad, CERMI ha demostrado igualmente un exclusivismo dominado por la ONCE, que ha convertido al CERMI, en su “brazo armado” dentro del sector y para intervenir en el ámbito social y político como único interlocutor de este colectivo, marginando a todo el que no se someta a sus parámetros cerrados
Esto se ha trasladado también a la Unión Europea, UE, donde el Foro Europeo de la Discapacidad, EDF, actúa también bajo el condicionante activo de la ONCE para la defensa de sus intereses corporativos, no siempre coincidentes con los de la discapacidad.
5º.- Desde la Reforma del cupón de la ONCE en 1984, la institución se convierte en una creadora de empleo muy relevante, primero en la propia ONCE por su necesidad de modernización en el campo del juego y en el de los demás servicios sociales y logísticos. Lo que unido a una publicidad creciente y muy incisiva puso a la entidad en la primera línea de las organizaciones e incluso de las empresas del país. Además, sus convenios colectivos marcaron un hito de ejemplaridad muy considerable en el panorama laboral.
Sin embargo, a comienzos de los 90, el impacto neoliberal introducido en su gestión por la conocida figura de Miguel Durán no dio continuidad a ese modelo social y se produjo un significativo estancamiento, que como suele ocurrir, derivó en recortes sociales injustificables por el nivel de ingresos de la organización.
No obstante, el acuerdo con el gobierno para el cierre de PRODIECU, empresa ilegal del juego, que usaba el sistema de premios de la ONCE, FACILITÓ LA CONTRATACIÓN DE UNOS 7 MIL NUEVOS agentes vendedores provenientes de ese juego ilegal, lo que amplió la plantilla de la entidad significativamente, si bien poco a poco las condiciones laborales de la misma y en concreto de los vendedores fueron rebajándose convenio a convenio.
6º.- Igualmente, dentro del nuevo esquema neoliberal se plantea la diversificación empresarial poniendo en marcha tanto la ONCE como la LA FUNDACIÓN once sendos grupos empresariales CEOSA Y FUNDOSA respectivamente, que se desenvuelven en un variado ámbito de sectores económicos de forma bastante ruinosa en principio, aunque con la idea de ofrecer un empleo variado a las personas con discapacidad.
Aunque no faltaron situaciones conflictivas y gravosas como el cierre del diario El Independiente, con pérdidas de más de 10.000 millones de pesetas, los grupos se fueron manteniendo, siempre con el soporte económico de la ONCE matriz, hasta llegar a la fusión de ambos en el Grupo ILUNION, que hoy constituye el buque insignia del denominado Grupo social ONCE, pero cuya trayectoria socio laboral ya en los centros especiales de empleo que gestiona, como en las empresas ordinarias, no es congruente con el carácter social de la once, por su precariedad salarial y por su margen de temporalidad., en este aspecto el trato a la plantilla con discapacidad intelectual resulta especialmente abusivo, lo que da prueba de una falta de sensibilidad social grave.
Pero la incidencia del Grupo ILUNION en el ámbito económico complementa eficazmente el poder fáctico de la ONCE y su imagen social, todo lo cual contribuye a su poder social y político incalculable.
El hecho lamentable de que no se aplique la Reforma Laboral reciente a los contratos de fomento del empleo de personas con discapacidad, está favoreciendo esa explotación laboral deplorable, que urge corregir por parte del ministerio de Trabajo.
7º.- La evolución de los Servicios sociales para afiliados es claramente negativa, pues si bien representan la cara social de la ONCE, resultan raquíticos y, por ende, insuficientes para las demandas sociales del colectivo, que siguiendo el rumbo iniciado en los años ochenta, creían que se produciría un desarrollo potente, que en cambio quedó estancado y luego deteriorado por una política social, pensada para el escaparate y la imagen institucional, pero que no resuelve la problemática de la inclusión social en sus diversos aspectos.
Sin ir más lejos, el tratamiento del sistema braille, cuyo bicentenario acabamos de celebrar en 2025 está siendo nefasto, con una pérdida de calidad en la producción Braille totalmente impropia de una entidad especializada en ceguera y deficiencia Visual como la ONCE.
De otra parte, el inmovilismo existente en la institución respecto a las personas de baja visión no afiliadas a la once es exponencial, toda vez que no se acepta extender la afiliación a las personas con un 0,2 de visión, según autorizan los estatutos vigentes de la entidad, sino que se crea una fundación para la baja visión completamente impropia, carente de servicios de atención directa, que es lo que precisan las personas con baja visión severa. Más aún, esa Fundación compite luego con las entidades que trabajan con la discapacidad visual tanto en el ámbito presupuestario público, como en la interlocución social y sanitaria sobre su problemática, lo que impone una división fratricida, que es impresentable desde una institución tutelada por el Estado.
8º.- 2026 es año electoral en la ONCE, Si se sigue la práctica habitual, en octubre habría congreso de Unidad Progresista, UP, al que muchos políticos consideran el Congreso de la ONCE, cuando solo se trata de una reunión del grupo gobernante, completamente piramidal y a mayor gloria del líder carismático Miguel Carballeda, quien acumula ya 23 años como presidente, un verdadero récord , que arrasa con la pervivencia de cualquier otro alto dirigente, sin que aún esté claro del todo quien será su sustituto.
Pero en todo caso, solo una acción política efectiva por parte del gobierno, a través del ministerio de derechos sociales podrá evitar unas elecciones amañadas, aunque no tengan rival, pues el hábito de la trampa electoral está tan asumido por el aparato institucional, que ya a casi nadie le extraña cualquier irregularidad por grave que sea en los procedimientos utilizados. Luego se formará un equipo representativo y directivo cada vez de más bajo nivel para abordar las cuestiones de gestión, política de juego y de servicios sociales que la ONCE precisa para cumplir sus fines.
Pero donde la dirección no falla nunca es en el control y dominio de todo el colectivo, usando mecanismos permanentes de fidelización de toda la afiliación a la ONCE, como el denominado plan ONCERCA, que implica un seguimiento periódico a ultranza a todos los miembros de la entidad para no perder en ningún momento su localización personal, con la excusa de conocer sus necesidades, pero siempre con la utilización perversa de su adhesión política para los momentos electorales.
Especialmente obsceno resulta la perenne utilización de los canales de comunicación de la ONCE al servicio de UP, incluso para ofrecer ofertas golosas como la del reciente crucero para adocenar a la gente en pro del grupo gobernante. Pero siempre en la proximidad de una convocatoria electoral.
9º.- Urge que el consejo de Protectorado, con la mayoría del ejecutivo de coalición progresista exija la aprobación de una nueva normativa electoral para la ONCE, bien avocando para sí esa competencia, a causa de la fallida democracia interna, o fijando los criterios para su aprobación por el consejo General, pero siempre revisada previamente por el Protectorado para que pueda haber Elecciones limpias, para lo cual, PUEDO ya ha planteado las condiciones mínimas exigibles, en escrito presentado a la anterior ministra del ramo, Ione Belarra, propuesta a la que no hizo atención alguna, por más que ahora presuma de ser ella y su partido la más radical del panorama político.
Es curioso que la clase política en general, con honrosas excepciones, tenga auténtico pánico escénico en controlar a la ONCE, por el buenismo que la protege y el santo manto de protectora de la discapacidad, que la cubre.
10º.- Llamamos asimismo a los grupos parlamentarios a que, de no actuar el gobierno consecuentemente, incidan con claridad en la defensa del cambio democrático en la ONCE, promoviendo incluso un nuevo modelo de participación democrática en la ONCE, mediante un sistema de congresos que prime la participación y abra también el voto a los trabajadores con o sin discapacidad, a fin de que la entidad recoja también sus aspiraciones y demandas. PUEDO ha planteado también desde 2016 ese proyecto, que ponemos a disposición de las fuerzas políticas y del propio gobierno para su estudio y consideración en aras de superar el grave déficit democrático que padece la institución.
El agotamiento del modelo actual de la ONCE es evidente y si nadie con el poder suficiente se ocupa de su transformación más pronto que tarde, serán precisas medidas quirúrgicas que la encaucen para que sus objetivos sociales se asuman de una forma alternativa a la actual, pero siempre con una intervención más delicada que la actuación inmediata hoy podría comportar. Es por eso, que demandamos un ejercicio de la Tutela ponderado y con la convicción clara de cambiar su realidad interna. Caso contrario, no quedará más remedio que crear una comisión gestora por parte de la administración, a fin de que lleve a cabo una transición democrática, que culmine con un proceso de participación con garantías plenas.
11º.- Agradecemos de veras a la Ministra de Juventud e Infancia Sira Rego su presencia en el XXIII aniversario de PUEDO, celebrado este día 25 de febrero, lo que da prueba de nuestra profunda sintonía con la ofensiva social de este gobierno, construyendo futuro en el que confiamos poder alcanzar un nuevo enfoque de las políticas sociales y de las relativas a las personas con diversidad funcional. Entre ellas las de la afiliación a la ONCE, cuya transformación exigimos, modificando su rol economicista, dependiente del juego como único valedor de la cobertura social, con una publicidad rabiosa que irrumpe en las franjas horarias de los medios de comunicación de forma ostentosa y antisocial y con un clima interno infranqueable para cualquier pensamiento libre, humanista y solidario.
12º.- Por ello, apostamos claramente por el trabajo común con todo nuestro entorno social, que nos permite oxigenar nuestra acción reivindicativa y tender puentes a otras entidades comprometidas con las causas que defendemos. En este contexto, tal y como se explicitó en el acto con la ministra, destacamos: al Foro social de la Discapacidad Visual, FSDV, como lugar de encuentro de toda la discapacidad visual, incluida la baja visión, cuya atención adecuada nos preocupa singularmente; a la Plataforma democrática de la diversidad Funcional, PDDF, con la que abrimos una ventana alternativa para el conjunto de la diversidad funcional, diferenciada de la cerrazón del CERMI; a la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAVM, en la que trabajamos con personas con o sin discapacidad, implicadas en la accesibilidad universal, en el marco del movimiento vecinal activo; y al consejo Español en Defensa de la Discapacidad y la dependencia, que nos brinda un espacio de colaboración abierto con su experiencia y su gran capacidad de trabajo y organización.
Por último, no olvidamos nuestro acompañamiento al movimiento sindical crítico, que lucha en condiciones muy difíciles por los derechos sociolaborales en el Grupo social ONCE y agradecemos a CCOO y a la CGT su apoyo y participación en las plataformas conjuntas de interés sociopolítico que empujan hacia el cambio democrático al que todos los colectivos aspiramos.