La única solución al problema del paro es establecer un ingreso mensual para todas las personas sin empleo que carezcan de algún tipo de prestación. De manera incondicional e individualmente. En la actualidad más de un millón de parados que no cobran ningún tipo de prestaciones.
El próximo Consejo de Ministros, 13 de agosto de 2009, pretende dar una prórroga de seis meses a quien deje de cobrar el paro, ofreciendo 420 euros mensuales. ¿Y después qué?. ¿Y quién en la actualidad no esté cobrando nada?. La Junta de Castilla y León quiere aprobar una Renta Garantizada que esté condicionada a un itinerario de inserción laboral, siguiendo lo que la actual ley establece para recibir la Renta Activa de Inserción, que exige aceptar una colocación adecuada ofrecida por la Oficina Pública de Empleo o la Agencia de colocación sin fines lucrativos y participar en trabajos de colaboración social o programas de empleo o cursos, lo cual pretende convertir al parado en mano de obra residual. Cualquier trabajo debe ser remunerado con un salario. La búsqueda de empleo debe ser una acción personal y no una obligación ante la amenaza de quitar una prestación de la que depende la supervivencia de la persona en paro. Tales planes de inserción han de ser voluntarios. El ingreso mensual debe considerarse como un derecho, por necesidad de subsistencia, la cual hoy no se garantiza a través del empleo.
Las medidas tomadas hasta ahora han supuesto una discriminación a los parados. Se han pagado 400 euros a los asalariados y no a los parados que lo necesitan. A los jóvenes de hasta 30 años se les da lo que se llama Renta Básica de emancipación, 200 euros al mes para el alquiler de un piso, que no es una renta básica, pero si sólo reciben un salario y no a los jóvenes en paro que lo necesitan más. El gobierno pagan 2.000 euros para comprar un coche y no para comprar una bici o para comprar pan, que necesitan los parados. Lo cual sigue un criterio electoral y que discrimina gravemente a las personas en paro.
Vivimos una crisis de empleo que no es posible resolver a través de crear puestos de trabajo, lo cual es el error esencial en el que se está cayendo, porque impide establecer un nuevo modelo que funcione y sea eficaz. El plan E ha sido una estafa. Una vez iniciado ha aumentado el número de parados. Algo que advertimos al gobierno y no se nos hizo caso (Diario de León, 30 / XII / 2008) Todo lo que le dijimos se ha comprobado. El dinero público para incentivar el empleo debe ir al trabajo público, pues al ir a las empresas se ha gastado en costes de material, salarios y beneficios, suponiendo estos últimos más del 50% de los presupuestos para dicho plan, lo que ha enriquecido a unos pocos empresarios y accionistas y se ha quitado del dinero del Estado a los parados, sea en forma de trabajo o de prestación.
La actual Política Agraria Comunitaria (PAC) garantiza unos ingresos a los propietarios de las tierras, lo que suponen miles de euros a los terratenientes, sin que se dé a los parados una base económica de supervivencia. La pregunta que nos debemos hacer es:
¿hay dinero? o ¿cómo se distribuye?.
Se hacen campañas de propaganda anunciando medidas, se dan nombres a propuestas que no son lo que dicen ser y el problema aumenta. Se escenifican controversias que tratan de no dejar ver el problema de fondo: que los parados necesitan una urgente solución, ante la falta de recursos para sobrevivir. Los sueldos de diputados, asesores, directores generales y otras categorías colocados por criterios políticos se establecen por ley. Los encargados de establecer el marco legal de las medidas para los parados ganan tanto que no ven a quienes están en paro, para ellos son cifras y estadísticas.
Por ley el presidente del gobierno puede cumplir lo prometido en la campaña electora: el pleno empleo. Bastaría que se suprimieran los semáforos y pasos de cebra de toda España, con lo cual a turnos de tres trabajadores, por cada uno suprimido, se daría trabajo a los más de cuatro millones de desempleados y aún quedarían más. Otra cosa es que esta medida sea absurda, pero tanto como lo es aspirar al pleno empleo. Es la carencia estructural de puestos de trabajo la que debe ser sustituida por un ingreso mensual que garantice la supervivencia de las personas en paro y no convertir las ayudas en un chantaje que sirven para castigar al parado y convertirlo en mano de obra servil y barata, lo cual afecta negativamente al mercado laboral, agrava más la crisis, como estamos viendo, sin encontrar soluciones sino declaraciones propagandísticas mediante el ilusionismo político que hace, cada vez más, de la mentira la nueva ideología del Poder, como un fin en sí misma para ejercer el Poder sobre los ciudadanos y controlar el aparato del Estado.
Es necesario un nuevo modelo fiscal, porque el actual ha quedado obsoleto. No sirve para cumplir su función de cubrir las necesidades sociales. Llevan al endeudamiento a las diversas administraciones del Estado. Así mismo se requiere de una nueva economía que no dependa de crear puestos de trabajo, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, ante la grave amenaza que supone el cambio climático y la contaminación, ante lo cual el gobierno español ha firmado diversos tratados que no cumple.
Hacemos un llamamiento a la sociedad para movilizarse y actuar en este sentido.