Uno de los efectos del ‘boom’ inmobiliario que ha experimentado España en la última década es una importante revalorización de las casas y propiedades de la Iglesia católica. No existen datos oficiales, pues la Iglesia no los dice, alegando que cada diócesis lleva la cuenta de sus propiedades. Y es que existen 67 diócesis por todo el país y cada una lleva sus cuentas.
No existe pueblo sin iglesia, ciudad sin catedral ni monte sin ermita. Monasterios, casas de acogida, colegios religiosos y un largo etcétera conforman una gran cantidad de propiedades que para sí querría cualquier inmobiliaria.
La noticia de que la Comisión Europea investiga a la Iglesia española no es nueva. En septiembre de 2006, la Conferencia Episcopal acordó con el Gobierno un acuerdo para su financiación por el que la Iglesia tendrá que presentar a partir de ahora una memoria justificativa sobre cómo emplean el dinero que reciben del IRPF.
En ese acuerdo, se recogía la exigencia de la Unión Europea para que la iglesia pagase IVA en las compras de bienes muebles e inmuebles. Además, en el documento firmado se recogía un aumento del 0,52% al 0,7% del porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los ciudadanos podrán dedicar voluntariamente a la Iglesia.