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El acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el gobierno de España para la reparación a las víctimas de la pederastia y los abusos sexuales, alcanzado recientemente por el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños junto con el Presidente de la CEE, Luis Argüello, y con la mediación efectiva del Papa León XIV, es un paso adelante en la resolución de un asunto muy vidrioso y de difícil asimilación para la jerarquía católica española.
Era una asignatura pendiente para un estado aconfesional, crecientemente laico, aunque todavía con ataduras jurídicas muy potentes para los privilegios de la Iglesia Católica.
Pero en este tema no tuvieron más remedio que aceptar la realidad y acomodarse a un mecanismo de resoluciones objetivas, previo el convenio correspondiente, en las que el Defensor del Pueblo, autor de un informe contundente sobre los casos producidos en el entorno de entidades religiosas cuya reparación era ineludible, muy especialmente en aquellos supuestos que ya no podían tener recorrido judicial a causa de las prescripciones legales, pero que no evitan la grave responsabilidad moral y de dolor para las víctimas y sus familias.
La encomienda encargada a la figura respetable de Ángel Gabilondo en su función constitucional como Defensor del Pueblo ofrece unas garantías óptimas para culminar un proceso con ponderación y rigor, que contribuya a mostrar la verdad y la justa reparación en una materia que nuestra sociedad democrática debe cerrar con objetividad y máximo respeto a todas las personas afectadas.
De otro lado, el apoyo de la Iglesia a la regularización de inmigrantes sin papeles, anunciada por el gobierno de Coalición Progresista para efectuar mediante Real Decreto, a la vista de que la ILP con más de setecientas mil firmas admitida a trámite hace meses, no salía del cajón parlamentario por falta de consenso, a pesar de haber gozado de un apoyo mayoritario de la Cámara, excepto de Vox.
Porque el PP después de haberla votado y de mostrar su sensibilidad sobre el tema, ahora reniega de su posición solidaria, bien aconsejado por la jerarquía eclesial, para acogerse a la presión de Vox, que en el contexto electoral actual adquiere más peso que la de los obispos. Considera ahora Feijoó que esto es una irresponsabilidad e incluso acude a la UE para pedir que se desautorice a España por la medida, algo que afortunadamente ha sido rechazado abiertamente por el Comisario de Interior de la Comisión, afirmando que es responsabilidad de cada estado miembro decidir sobre la legalización de los inmigrantes radicados ya en el país.
Se trata de un salto cualitativo y cuantitativo muy positivo para la convivencia y la justicia social en España y para enriquecer nuestro empleo, la economía y el bienestar social de la población propia y foránea que comparte nuestra vida cotidiana. Por ello hace muy bien la Iglesia, gracias al compromiso de grupos de cristianos de base y de organizaciones como Cáritas, en mantener esa posición favorable, que la identifica con el mensaje evangélico. Lamentablemente, no han faltado excepciones como la del Arzobispo de Oviedo, que ha criticado la decisión con una frase cínica e inmoral: “todos no caben”.
Por último, el funeral católico por las víctimas del accidente de Ademuz, celebrado en Huelva el 29 de enero, es totalmente respetable, cumpliendo la voluntad de la gran mayoría de las familias afectadas, pero en un país laico, en modo alguno debe ser incompatible con el homenaje laico en un funeral de estado, que represente el sentimiento solidario de toda la sociedad, en la que hay personas católicas y otras que no lo son sin dejar de ser ciudadanas como las creyentes. La convivencia exige al menos el mismo respeto a una expresión que a la otra, si no queremos seguir anclados en un nacional-catolicismo propio de otra época ya superada.