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Fuente: Amerindia
Al destruir los palacios de los tres poderes en Brasilia el domingo 8 de enero, los terroristas bolsonaristas mostraron las caras y las garras. Trumpistas miméticos, reprodujeron aquí con mayores dimensiones el vandalismo de que fue objeto el Capitolio en Washington hace dos años, en una demostración cabal de que su lema es ?¡dictadura sí, democracia no!??
La seguridad falló debido a la complicidad del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y su secretario de Seguridad, el exministro de Justicia Anderson Torres. La Policía Militar de la capital federal, responsable de la defensa del patrimonio nacional, facilitó la acción de los delincuentes y solo arrestó a algunos vándalos después de que Lula decretara la intervención federal en la seguridad pública de Brasilia.
Las Fuerzas Armadas se reservaron, en evidente postura de apoyo tácito al terrorismo. Además, las ?incubadoras de terroristas??, como bien calificó el ministro de Justicia Flávio Dino a los campamentos de bolsonaristas delante de los cuarteles, al final chocaron con el huevo de la serpiente.
La Justicia brasileña cometió el grave error, recién democratizado el país a mediados de la década de 1980, de no castigar con rigor a los asesinos y torturadores al servicio de la dictadura militar que se adueñó del país durante 21 años (1964-1985). De haber seguido el ejemplo de Argentina, Uruguay y Chile, Brasil habría separado el grano de la paja. Pero un recurso esdrújulo, la ?amnistía recíproca?? impide que se sancione a quien, en nombre y con sueldo del Estado, torturó, mató e hizo desaparecer a opositores del régimen militar.
Bolsonaro, cuya trayectoria familiar está conocidamente vinculada a los paramilitares, como demuestra el libro O negócio de Jair: a história proibida do clã Bolssonaro, de Juliana Dal Paiva (Zahar), asistió a todo desde su palco en Miami. En la misma ciudad se encontraba de vacaciones Anderson Torres, ahora relevado del gobierno del Distrito Federal.
Felizmente se abortó el golpe por la acción enérgica de Lula, el ministro de Justicia Flávio Dino y el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal. Resta ahora descubrir y sancionar a quien financió las caravanas terroristas a Brasilia e investigar por qué las Fuerzas Armadas se mantuvieron en un flagrante silencio.
Frente al autoritarismo solo hay un antídoto: más democracia. Y eso significa reforzar la participación popular en el gobierno Lula. La gobernabilidad no puede depender solo de los pactos parlamentarios y la anuencia de las Fuerzas Armadas. Es imprescindible que su principal sustentación sea el pueblo politizado y organizado.
No es el techo de gastos lo que debe preocupar el gobierno Lula. Es el suelo firme de la movilización popular.
Frei Betto es autor, entre otros libros, de Jesus militante: el Evangelio y el proyecto político do Reino de Deus (Vozes). Libraria virtual: freibetto.org