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El problema social de la vivienda
Conchabanza mundial de ladronas
El problema de la vivienda en Barcelona (y también en otros lugares) es un escándalo tan gordo, tan grave, que no se puede calificar, de manera justa, de otro modo que de «montaje de robo organizado».
Que nadie piense que estas expresiones sean las propias de personas de izquierdas exageradas, No!!
Veamos: El salario mínimo en España es de 900 euros y, según fuente municipal, el alquiler mediano en Barcelona es de 921. (Datos de hace dos años.) ¿Cómo puede ser, esto???
Pero en primer lugar, antes de tratar de los problemas que presenta la vivienda, os queremos dar una foto de la estructura básica que presenta la vivienda en la ciudad de Barcelona. En el año 2019 la estructura era la siguiente:
412.000 en propiedad
23.000 en cesión gratuita
26.000 en alquiler o realquiler a precio bajo
43.000 en alquiler en contratos de renta antigua
206.000 en alquiler a precios de mercado
5.000 otros casos
Total 716.000 viviendas
Pues los problemas principales se centran en unas 200.000 familias o personas.
Abusos establecidos
Si afirmamos que una gran parte del negocio inmobiliario, en nuestro país y en otros, está en manos de empresas especializadas en el robo como su propia manera de trabajar, no decimos ninguna mentira. Os las presentamos:
Son las dos grandes multinacionales norteamericanas Blackstone y Cerberus.
Blackstone posee más de 20.000 viviendas en España, como otros muchos miles en todo el mundo, y no se preocupa demasiado para alquilarlos, sino que los compra cuando hay una crisis y van más baratos, los tiene 6 o 7 años, a menudo vacíos, y cuando han subido de precio los vuelve a vender. Es decir que trafica con una cosa tan importante para la gente normal para ganar dinero, sin hacer nada, ni producir ni hacer ningún servicio. Y así unos holgazanes y ladrones ocasionan, junto con otros factores, que muchos jóvenes españoles no se puedan emancipar de casa de los padres.
Blackstone fue fundada el 1985 por dos exejecutivos de Lehman Brothers denominados Peter George Peterson y Stephen A. Schwarzman, a partir de un capital inicial de 400.000 dólares. El origen del nombre de Blackstone está ligado a los nombres de los dos cofundadores: Schwarz significa «negro» en alemán (black en inglés), y «Peter», del griego petra, que significa piedra (stone en inglés).
Blackstone fue originalmente una empresa de fusiones y adquisiciones, la primera de las cuales fue en 1987, con la fusión de dos bancos de inversión, E. F. Hutton & Co. y Shearson Lehman Brothers.
A principios de 1987, Blackstone empezó a diversificar objetivos, y pronto se convertiría en una empresa líder de capital de inversión privada global.
La crisis económica de 2008 acercó hasta España a grandes fondos de inversión. Entre ellos llegó Cerberus Capital Management, que vinieron en busca de gangas inmobiliarias.
Cerberus, uno de los fondos buitres mayores del mercado, buscaba hacerse con activos a bajo precio en España, con especial interés en los de la Sareb (banco malo de España). En diciembre de 2012 adquirió los derechos por 17 millones de euros de activos de la Sareb. La segunda operación de importancia supuso la cesión de la gestión en exclusiva de los activos inmobiliarios y los préstamos promotores de BFA-Bankia para los próximos 10 años.
La tercera operación de importancia llegó en junio de 2014 con el acuerdo con Cajamar para gestionar 7.200 millones de euros de activos tóxicos por 225 millones de euros.
En agosto de 2017 se hace público que el banco Liberbank, fusión de las antiguas Cajas de Ahorros de Cantabria y Asturias, ha llegado a un acuerdo para la venta de su filial Mihabitans por 85 millones de euros
En septiembre del 2018 el Banco Santander vendía a Cerberus parte de su cartera inmobiliaria, 35 mil activos. El 2018 también se anunció la compra por parte de Cerberus de parte del balance inmobiliario de Banco Sabadell, entidad que posteriormente ha expresado su voluntad de vender la inmobiliaria Solvia.
Así, España ha sido el eje central en la estrategia de Cerberus, e inició en 2008 una escalada de compras que todavía no ha concluido
Cerberus fue adquiriendo el debilitado negocio inmobiliario de cajas y bancos a precios de ganga, a través de la filial Promontoria Plataforma, encargada de la gestión de activos de entidades como Sareb, Bankia y Liberbank.
En definitiva, dos grandes inmobiliarias internacionales, y encima, norteamericanas. Dos monstruos de ladrones, que, en virtud de su naturaleza, son protegidos legalmente.
Después añadamos los bancos españoles, que, menos, pero también roban lo suyo, administrando sus propiedades sin tener cuidado de las necesidades de sus alquilinos.
Como se puede suponer, no diremos nada de los pequeños propietarios que tienen un piso para completar su pensión, siempre insuficiente.
Pisos vacíos
Un componente muy importante de los abusos y las trampas de los ignominiosos ladrones de pisos, denominados ?grandes tenedores??, es el subdrama de los pisos vacíos.
En Catalunya hay 34.856 pisos vacíos u ocupados sin título habilitante propiedad de grandes tenedores de vivienda, es decir, aquellos que tienen, como mínimo, 10 inmuebles. Se trata principalmente de entidades bancarias y de fondos de inversión, pero también hay la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.
El tridente bancario formado por el BBVA, por CaixaBank y por el Santander, junto con sus respectivos entramados de inmobiliarias y de sociedades participadas, son los tres grupos con más inmuebles vacíos: aglutinan más de 14.500. La Sareb, con una participación mayoritaria del Estado en su accionariado, ocupa el primer lugar del rànking y suma 6.672 inmuebles vacíos en toda Catalunya, el 19% del total.
En la capital catalana hay 1.956 inmuebles desocupados en manos de bancos y de fondos de inversión: Ciutat Meridiana, la Prosperitat y Vallbona encabezan el rànking.
Inacción gubernamental
A esta ladronería, lamentablemente tenemos que añadir la actuación débil de protección social de la vivienda por parte de los gobiernos, los dos, el de Catalunya y el de Madrid.
Durante la década ?maldita?? de 2010-2020, caracterizada por la crisis, pero no solo por eso, sino también por el ?aprovechamiento de la crisis??, y por la preocupación por la independencia, la política pública de vivienda catalana fue testimonial. Por eso, en 2019 el Gobierno catalán hizo, finalmente, un pequeño cabezazo.
En diciembre de 2019, el Diario Público decía:
«Golpe de la Generalitat de Cataluña al mercado de la vivienda. El Consejo Ejecutivo ha aprobado este lunes por la mañana un decreto ley de medidas urgentes que obliga a todo tenedor con más de 15 viviendas en propiedad a tener que ofrecer un alquiler social, durante al menos siete años, a determinados colectivos considerados vulnerables, entre los que se incluyen okupas y afectados por desahucios.
Entre los colectivos a los que se dirige la norma figuran las familias que acreditan una situación de vulnerabilidad y se les acaba el contrato de alquiler, quienes se encuentren en procesos de desahucios o bien quienes llevan más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo decreto.»
En septiembre de 2020 entraba en vigor la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que tenía el objetivo de contener los precios del alquiler y que se aplicaría a los nuevos contratos. La ley afectaba las áreas con mercado de vivienda tenso. En estas áreas, el precio no podía aumentar respecto al contrato anterior ?si había sido firmado en los últimos cinco años? y no podía superar el índice de referencia de precios de la Generalitat.
Esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional en marzo de 2022, y se continuó esperando la Ley de Vivienda española, que a fecha de hoy (marzo de 2023), todavía esperamos.
El mismo diciembre de 2019, y comentando el decreto de la Generalitat anteriormente mencionado (no la Ley de medidas urgentes de septiembre de 2020), un diario de Madrid, probablemente Público, decía:
«El próximo lunes, cuando se publique en el boletín oficial, entrará en vigor el decreto ley de medidas urgentes de la vivienda, que, entre otros puntos, obligará a los propietarios de más de 15 hogares a firmar alquileres sociales por siete años a familias que acreditan situación de vulnerabilidad y se las acaba el contrato de alquiler o que esten en proceso de desahucio.
(??)
»El problema, y quizás el motivo inconfesable de este ?decretazo??, es que el Ejecutivo catalán tiene una de las políticas de vivienda más pobres de toda España, línea que se ha ido agravando en los últimos años, con el estallido del ?proceso?? y la creciente dedicación de hondos públicos a defender la independencia de Cataluña.
»Hay un dato muy ilustrativo sobre la importancia que ha dado el Govern en la última década, desde la época de Artur Mas, a las políticas de vivienda, y es que «Cataluña destina el 0,6% del presupuesto a esta partida, frente al casi 1,2% de media de las comunidades autónomas, y muy lejos del 1,5% que destina Madrid, su principal comparable», señala Sergio Sanz, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.
»La PAH reclama que se aplique la ley catalana contra los desahucios.
(??)
»Según datos de la propia Generalitat, en Cataluña hay 134.655 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales, solo están en trámite 3.534, apenas un 2,6%. Un problema que se enmarca, sobre todo, dentro de la provincia de Barcelona y, especialmente, en el Área metropolitana (capital y municipios próximos), donde se concentra case el 80% de los demandantes (105.545 solicitudes).
»La consecuencia directa de este problema habitacional se que, en 2018, en Cataluña hubo 6.990 desahucios y más de 3.000 ejecuciones hipotecarias, con el agravante de que, en ambos casos, estas cifras son superiores a las del ejercicio anterior, lo que indica que el problema va en aumento, en un momento en uno de los mejores años para la economía nacional de la última década.»
En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona decidía que, en toda nueva promoción de viviendas, se dedicara el 30 por 100 de la construcción a vivienda social. El promotor podía decidir si lo dedicaba a venta social o a alquiler social. Si los dedicaba a venta, el Ayuntamiento podía ejercer el derecho de compra preferente. Se esperaba conseguir cada año entre 300 y 400 pisos a precio asequible.
Entre lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona en relación a la vivienda, hay que tener en cuenta … cortar las concesiones para construir hoteles… presionar con multas a los bancos que tengan un alto número de pisos vacíos durante mucho tiempo… exigir que los pisos de las cajas rescatadas sean para alquiler social… regular y localizar los pisos turísticos ilegales… regular por ley los precios de los alquileres (aspiración todavía no posible por carencia de cobertura legal)
El Ayuntamiento de Barcelona trabaja intensamente para implementar una política de vivienda que atienda la situación actual de emergencia, y que actúe sobre las causas concretas que hacen difícil acceder a un hogar en la ciudad. El objetivo principal que se persigue es facilitar este acceso a diferentes capas de la sociedad mediante propuestas innovadoras y teniendo en cuenta nuevos retos como el envejecimiento de la población.
Dificilísima emancipación
Irse de casa continúa siendo una odisea para la mayoría de jóvenes que viven en Catalunya. Independizarse es casi imposible para una generación marcada por la precariedad laboral y por las dificultades para acceder a una vivienda digno. Dos datos: solo el 17% de los menores de treinta años viven fuera de casa de sus padres, y los pocos que se emancipan tienen que destinar entre el 65 y el 85% del sueldo a pagar el alquiler.
¿Qué es la Moral de la Vivienda?
La moral de la vivienda quiere decir que: la vivienda es un derecho como una casa. Tiene que ser así para garantizar una vida digna a todo el mundo.
Casas sin gente y gente sin casa, esto es un escándalo. Nuestras ciudades están llenas de pisos vacíos y también de gente que no tiene acceso a una casa. En los últimos años ha crecido la concienciación del grave problema de la vivienda, pero se ha mantenido la combinación de tres elementos: una Administración que habla mucho y hace poco, un precio desorbitado de los alquileres y un número creciente de gente sin recursos. No es extraño que este cóctel haya dado lugar a la ocupación ilegal de pisos.
¿Qué se entiende por vivienda y vivienda adecuada?
Cuando afirmamos que todo el mundo, sin excepciones, tiene derecho a una vivienda adecuada, ¿a que nos referimos? ¿Apelamos a una vivienda perfectamente equipado y de alta calidad, o por el contrario nos referimos a un alojamiento que satisfaga los mínimos de habitabilidad y salubridad, de forma que las personas más vulnerables también puedan acceder?
¿Y quién es competente para determinar si una vivienda es digna o no lo es? ¿Son las autoridades las que tienen que decidir el ?grado de dignidad??, o es la persona que vive en la vivienda? La respuesta a estas preguntas es múltiple, pero, a pesar de ello, y como el derecho a la vivienda es universal, el objetivo tendría que ser consensuar una definición aceptada por todo el mundo y por todas partes, y, a partir de aquí, adaptarla a la casuística personal y a los diferentes contextos en los cuales surge la ?necesidad residencial??.
Porque obviamente las necesidades residenciales de una familia de 14 miembros de Adís Abeba (Etiopía) no son las mismas que las de una madre soltera de Manresa (Catalunya); el contexto económico, político, social y cultural es radicalmente diferente, pero, a pesar de esta circunstancia, el que se mantiene invariable es que todo el mundo, con independencia de cualquier circunstancia, tendría que disfrutar del derecho a una buena vivienda. Por lo tanto, el reto es definir y delimitar aquellos mínimos que llenan de contenido estas dos ?expresiones?? clave: ?derecho?? y ?vivienda adecuada??.
¿Qué se entiende por vivienda adecuada? Después de haber determinado qué se entiende por vivienda (estructura fija construida para que residan en ella personas a las cuales ofrece cobijo), hay que dilucidar qué aporta a este concepto el adjetivo ?adecuada??, que complementa aquella definición desde un punto de vista cualitativo.
Más allá de un techo
El derecho a la vivienda no se tiene que interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Esto significa que no se lo tiene que equiparar, por ejemplo, al cobijo que proporciona un simple cubierto o en aquel espacio que solo garantiza comodidad.
El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de la ONU, sostiene que hay que ir más allá y concebir la vivienda como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en un lugar determinado. Es decir, hay que abordar la vivienda desde una perspectiva integral, que supone entenderla, primero, como un espacio privado y, segundo, concebirla en el entorno físico donde se encuentra; un entorno que es parte inseparable e interdependiente, como servicios sanitarios, culturales, de abastecimiento alimentario, de transporte…
El concepto de vivienda adecuada va más allá de un lugar donde simplemente refugiarse, porque también hace referencia a un ?entorno habitable??, que permita a los individuos prosperar y, no solo esto, sino también asumir un papel activo en la sociedad donde viven. Es decir, una vivienda adecuada transciende las paredes del espacio físico e implica disfrutar de un medio urbano adecuado en el cual ubicar la vivienda. Como señala el profesor Juli Ponce, de aquí se desprende la idea de la conexión entre vivienda y urbanismo, y, por extensión, este binomio se relaciona con la cohesión social.
Solidaridad
¿Os habéis planteado nunca qué haríais si recibierais una pensión mínima de 500 euros, tuvierais 65 años, no pudierais pagar el alquiler y la Administración solo os ofreciera ayuda para los alimentos? ¿Y si fuerais una madre soltera con dos criaturas que, a pesar de tener trabajo y cobrar unos 900 euros al mes, el sueldo no os llegara para cubrir los gastos del alquiler, la luz, el gas, el agua y la comida? ¿Y la respuesta oficial fuera que no hay pisos de emergencia social disponibles para tanta demanda?
¿Qué entidades defienden a los locatarios?
Sindicato de Locatarias
Fundado y presentado el 12 de mayo de 2017 en Hostafrancs, Barcelona, con el objetivo de hacer frente al incremento de los precios del alquiler y la especulación inmobiliaria. El Sindicato está presente en varios municipios y territorios de Catalunya, a través de núcleos que se articulan como secciones sindicales.
Desde su creación, han ido surgiendo también otras experiencias de sindicatos de inquilinos en otros municipios de la geografía española, a pesar de que de momento todavía no cuentan con una estructura que los articule y cada uno de ellos trabaja de manera autónoma pero conjuntamente en campañas concretas, como la Huelga de Alquileres o la Regulación de Alquileres.
El Sindicato de Locatarias se considera un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista. Los espacios de decisión principales son una asamblea de afiliados anual y asambleas plenarias mensuales. Así mismo, se reúne semanalmente (o quincenalmente, según la sección) de manera asamblearia para hacer asesoramientos colectivos, el seguimiento de los conflictos de las personas afectadas por problemas de vivienda y ofrecer ayuda mutua, tanto a nivel práctico como emocional.
Así mismo, el Sindicato trabaja a partir de tres comisiones (comunicación y contenidos, acción sindical y organización), que son abiertas a toda la afiliación. El Sindicato se financia únicamente a través de las cuotas de afiliación para garantizar su independencia y su autonomía frente a lobbies, partidos o intereses ajenos.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca nace en Barcelona, en febrero de 2009, con la intención de dar una respuesta ciudadana a la situación de aquellas personas que, ya entonces, empiezan a no poder pagar la hipoteca y ven como el banco les puede reclamar una deuda elevadísima, incluso después de perder la vivienda.
Ada Colau fue una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y su portavoz hasta mayo de 2014.
La PAH somos una asociación totalmente gratuita (así como lo son todos los recursos que esta proporciona) que agrupa a activistas solidarias y personas con dificultades para pagar la hipoteca, o el alquiler, o viven en un piso recuperado y quieren regularizar su situación, o que se encuentran en proceso de desahucio.
Más de 10 años después, podemos decir que la PAH es un movimiento ciudadano apartidista, articulado en más de 226 nodos en todo el Estado, en el cual personas directamente afectadas y personas solidarias se organizan juntas para denunciar y cambiar esta situación.
Asociación 500?20: ?El derecho a la vivienda fuera del mercado??
Pedimos: 500 pisos al 20% de tu renta en cada barrio.
La Asociación 500?20 somos una entidad legal, que funciona como Asociación, con todas las personas adheridas, que pagan una cuota ínfima anual. Nuestra Asociación está registrada en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Nuestra sede está ubicada en el Ateneu La Bòbila, de Porta (Nou Barris), que es un equipamiento municipal que gestionamos con otras entidades vecinales y sociales.
El capitalismo neoliberal ha convertido la vivienda en un activo financiero.
La vivienda y el sector hipotecario son uno de los elementos centrales de la magia de creación de dinero. Por eso, es tan importando la lucha contra la vivienda como mercancía.
En caso de peligro de desahucio
Pasos a seguir:
?? Leer atentamente y entender el contrato de alquiler.
?? Conseguir toda la información posible del propietario.
?? Ir a organismos públicos puede retrasar el proceso judicial.
?? Intentar una negociación con la propiedad.
?? Y, antes que nada, ¡ir a la asamblea del Sindicato o de la Red de Vivienda del barrio y exponer tu situación para mirar de hacerle frente colectivamente!!
PagèsFerret
Escriptors
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