¿Se puede llegar a acuerdos en decisiones que reflejan formas de entender la función social de la escuela significativamente distintas?

El pacto implica conseguir un equilibrio entre las decisiones que deberían ser comunes a todos los centros escolares y aquellas otras que serían competencia de las administraciones educativas autonómicas

El pacto educativo es muy necesario, pero no a cualquier precio

No es de extrañar que la tendencia más general entre la población sea pedir un pacto educativo que dé estabilidad al sistema escolar en España. Sin embargo, conviene analizar despacio esta tendencia ya que la educación responde a un determinado proyecto social y conlleva por tanto opciones ideológicas de fondo, que no deberían soslayarse.

Cuando se analizan las leyes educativas aprobadas durante la democracia (LODE, LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE) se identifican los temas nucleares que en ellas se han ido modificando y el peso ideológico que conllevan: la regulación de la red escolar pública y privada; las medidas de equidad e inclusión; el papel de la religión en la escuela; la financiación, y el reparto de competencias entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.

Por lo que respecta al papel de la escuela pública y privada, la LOMCE establece que la responsabilidad de garantizar la oferta educativa corresponde tanto a la red pública como a la privada. Es la primera vez que en una ley de educación se deposita igual responsabilidad en ambos tipos de centros. Hasta este momento el derecho a la educación venía garantizado por la red pública. Desde la aprobación de la LODE en 1985, hemos pasado del principio de subsidiariedad –los conciertos se concedían a los centros privados para cubrir las necesidades de plazas insuficientes en la red pública- a justificar la existencia de colegios concertados en el derecho de las familias a elegir este tipo de centro, y a admitir, cuando no favorecer directamente, situaciones de privilegio de estos centros escolares concertados que cobran por un servicio que está sin embargo subvencionado por el Estado, y que seleccionan en muchos casos a su alumnado (el porcentaje de alumnado inmigrante y con necesidades educativas especiales es mucho mayor en la red pública que en la concertada).Estando así las cosas, es cada día mayor el número de personas que apuestan por una única red escolar pública.

La tensión entre segregación e inclusión es otra de las claves ideológicas que se refleja en las leyes. La calidad de la enseñanza implica tanto la excelencia como la equidad. Las escuelas deben conseguir que los alumnos y alumnas aprendan lo más posible y esta riqueza de aprendizajes debe ser asequible a todos los estudiantes y no solo a algunos. Las leyes difieren en la importancia que le prestan a estos dos elementos de la calidad dependiendo de la ideología. La LOMCE refleja la concepción sesgada hacia una excelencia entendida de una manera arcaica e inadecuada: repeticiones, reválidas, itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de ir separando a los alumnos que se consideran menos capaces, desde esta forma de ver la educación, de los que tienen mayor éxito académico. Y todo ello en contra del conocimiento educativo acumulado y de las orientaciones de los organismos internacionales. Mientras tanto, y en parte como consecuencia de ello, el sistema educativo va disminuyendo su nivel de equidad.

El estatus de la asignatura de religión ha sido otro de los puntos polémicos de las leyes de educación. En todas ellas se estableció que la religión debía enseñarse en la escuela, lo que no significa que no sea una opción que pueda cuestionarse desde una posición de laicidad sin por ello quitarle ningún valor a las creencias religiosas, sino para colocar su aprendizaje en el ámbito de lo privado, en las comunidades y en la familia.

Pero, además de esta decisión, las leyes con ideología más conservadora, como la LOMCE, han establecido que la alternativa a la religión sea la asignatura de educación en valores, cuando estos aprendizajes son imprescindibles para todos los ciudadanos, también para los que estudian religión. ¿Podemos aceptar lo absurdo de esta situación: bueno o católico, usted elige ya que no puede optar por ambas asignaturas?

A esto se añade el estatus de los profesores de religión, mayoritariamente católica. Son pagados por el Estado, pero contratados y despedidos por la Conferencia Episcopal que establece el curriculum que los estudiantes deben aprender y cuya nota pesa además en el expediente académico. Son muchos los elementos del estatus de la religión que un pacto educativo debería por tanto revisar. Desde Redes Cristianas hemos venido denunciando, en reiteradas ocasiones, los Pactos Iglesia católica-Estado español del 1979 que, en último término, han venido apoyando el estatus de la asignatura de religión en las sucesivas leyes de educación de la democracia.

Por otra parte, la viabilidad del pacto depende de su financiación. De poco servirá establecer acuerdos que contribuirían a superar los problemas del sistema educativo español si, como ha venido sucediendo hasta ahora, no se compromete su financiación. El pacto debería incluir un compromiso económico sustentado en una voluntad política firme, que se mantuviera en las sucesivas normas presupuestarias.

Por último, el pacto implica conseguir un equilibrio entre las decisiones que deberían ser comunes a todos los centros escolares, independientemente del ámbito territorial en el que se encuentren y aquellas otras que serían competencia de las administraciones educativas autonómicas. Los datos ponen claramente de manifiesto diferencias muy notables entre distintas Comunidades. Estas desigualdades cuestionan la equidad. No todos los alumnos y alumnas están viendo satisfecho su derecho a la educación en la misma medida. Recomponer este desequilibrio no debe sin embargo reducir la autonomía de los distintos territorios, ya que esta es la que permite dar respuesta a las necesidades educativas propias de cada Comunidad. ¿Se conseguirá trascender la tensión política entre los nacionalismos, tanto centralistas como autonómicos?

¿Es posible llegar a acuerdos en decisiones como las que se han venido analizando que reflejan formas de entender la función social de la escuela significativamente distintas? No nos oponemos a un pacto educativo. Sería muy necesario, pero no a cualquier precio. Tomemos parte en este proceso desde una actitud activa, crítica y exigente. En esta línea, nos parece acertado el proceso de participación iniciado por diferentes colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos en vistas a elaborar un Documento de bases para una nueva ley de educación. Acuerdo social y político (https://porotrapoliticaeducativa.org).

Desde esta actitud conviene recordar también que el Partido Popular, que ahora defiende el pacto educativo, se opuso a él cuando quien gobernaba era el Partido Socialista. El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, estuvo a punto de conseguir un acuerdo que apoyaban todas las fuerzas políticas y que, en el último momento, el Partido Popular se negó a firmar. En lugar de ello, aprobó la LOMCE, haciendo de ella además una seña de identidad del Gobierno. Rectificar es de sabios, pero olvidar y no aprender de los procesos anteriores no ayuda a establecer bases más sólidas para el futuro.