Hasta hace pocos años el problema de la inseguridad alimentaria resultaba invisible en España. Parecía que el hambre, la subnutrición y la malnutrición eran cosa de otros países más pobres. Pero ahora sabemos que no es así. Y no sólo cuando aparecen en toda su crudeza las colas del hambre en momentos de crisis social o sanitaria como la derivada de la pandemia, sino también en los ciclos de aparente bonanza.
La primera llamada de atención la dio la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuando en 2019 dejó negro sobre blanco que el problema del hambre y la inseguridad alimentaria atravesaba en diversos grados a todos los países, incluida Europa. En el caso de España, la inseguridad alimentaria afectaría al 7,5% de la población en el trienio 2016-2018 (3,5 millones de personas), siendo grave para el 1,5% (700.000 personas). Estos datos los obtenía la FAO a partir de una encuesta mundial aplicada por Gallup en 140 países, con una muestra anual para España de algo más de mil hogares.
Más adelante, el Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación ofrecía unos resultados más graves que tomaban como base la Encuesta FOESSA de 2018, con una base muestral de casi 11.600 hogares, mucho más fiable que la de Gallup. Según este estudio, la inseguridad alimentaria en España en 2018 era del 14,4% (6,3 millones de personas), siendo severa para el 6,2% (2,5 millones). Casi la mitad de las personas afectadas padecía inseguridad alimentaria en grado severo, lo que significa que se veían obligadas a reducir con frecuencia el tamaño y el número de las comidas o que habían experimentado hambre en sentido estricto.
La Encuesta FOESSA permitía también comparar los datos de 2018 con los de la misma encuesta aplicada en 2013, año que se considera el más crítico a partir de la crisis de 2008. Pues bien, en aquel año la inseguridad alimentaria había sido mucho mayor, afectando a 11 millones de personas y en grado severo a 5 millones. Esto quiere decir que el hambre presenta oscilaciones importantes en función del ciclo económico, influyendo sobre todo la proporción de personas en paro o con empleos muy precarios. El déficit de alimentación era también mayor en las familias monoparentales y en la población inmigrante, así como en los hogares con retrasos en el pago de la vivienda, el agua y la luz. Se constataba también en dichos hogares un mayor deterioro de su estado de salud, física y mental, y tasas elevadas de obesidad y sobrepeso, sobre todo en la infancia.
En 2020 la pandemia por covid-19 ha provocado de nuevo un deterioro de las condiciones económicas y, como consecuencia, un aumento de la emergencia alimentaria. Pese al freno que supusieron los ERTES y las ayudas a autónomos, la Encuesta de Condiciones de Vida de ese año recogió un brusco incremento de los indicadores de precariedad en el seno de las familias: los impagos de vivienda aumentaron un 56%; los hogares que no se podían permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, un 42%; y los que no pudieron poner la calefacción, un 43%. En la misma línea, el avance de la Encuesta FOESSA de 2021 ha detectado que la exclusión social severa se ha incrementado un 50% en relación a tres años antes.
Las colas del hambre que nos han impactado en los últimos años son un claro indicio de la creciente emergencia alimentaria. A las tradicionales entidades de reparto de alimentos, casi siempre de orientación religiosa, se han añadido acciones de apoyo mutuo y nuevas despensas solidarias, con frecuencia de carácter reticular, que constituyen una frágil y porosa malla de aseguramiento alimentario y movilización colectiva. Tal como defiende la Red de Ciudades por la Agroecología, ?habría que abordar la vulnerabilidad alimentaria desde la perspectiva del Derecho a una alimentación adecuada, digna y sostenible, así como asumir el reto de vincular la ayuda alimentaria con la producción de alimentos local y a pequeña escala??.
Pero el hambre en los países mal llamados ?desarrollados?? como el nuestro, no es solo la consecuencia de crisis económicas o de desastres puntuales; siempre es, para nuestra vergüenza, producto de la desigualdad en la distribución de las rentas, solamente basta leer los datos de acumulación de las mismas, que se han disparado entre los más ricos durante los últimos años, incluso acelerándose en los dos años de pandemia. Jesús combatió la desigualdad con todas sus fuerzas.
Por eso, volviendo los ojos al Evangelio, podemos recordar sus palabras: ?no sólo de pan vive el hombre?? (Mt. 4.4). Resulta penoso que después de dos mil años tengamos que seguir reclamando este derecho básico para vivir con dignidad.