La comisión saca adelante el texto con 36 votos a favor y dos en contra aunque con críticas al Gobierno por querer retrasar la jubilación
La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el órgano donde se debaten las pensiones, ha aprobado hoy por 36 votos a favor y dos en contra el informe con sus recomendaciones al Gobierno para reformar el sistema y en las que no se incluye la necesidad de elevar la edad de jubilación.
De hecho, en el debate previo a la votación, todos los grupos menos el PSOE y CiU han afeado al Gobierno su insistencia por elevar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Entre los reproches lanzados contra el Ejecutivo, IU le ha acusado de «actuar al dictado de los mercados», BNG de no defenderse contra el «misil lanzado por el capitalismo puro contra el estado del bienestar»; mientras el PP le ha tildado de «dogmático» y le ha acusado de forzar con sus prisas que no haya habido un acuerdo más amplio.
El documento consensuado entre los partidos recoge 21 puntos para actualizar las pensiones. Entre ellas, destaca que, por primera vez desde la creación del Pacto, los grupos han dejado por escrito su desacuerdo sobre la voluntad del Ejecutivo de elevar la edad legal de jubilación. Frente a ello, sí han pactado la necesidad de alargar el periodo de cómputo de las prestaciones, aunque sin dar una cifra concreta. El texto, que ahora será debatido en el Pleno del Congreso previsiblemente el próximo día 25 de enero, también muestra el rechazo de la mayoría de los partidos contra la congelación de las pensiones contributivas en 2011.
Los dos votos en contra han venido de los grupos de izquierda (ERC-IU-ICV y BNG) con el argumento de que las conclusiones son lo suficientemente abiertas como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlas. El PP sí las ha apoyado, aunque ha anunciado un voto particular sobre la conveniencia de mantener el retiro en 65 años en el pleno del Congreso. Según ha defendido su portavoz en la comisión, Tomás Burgos, ni una sola de las propuestas pactadas «necesita que se cambie la edad legal para su completa implantación», pero si se aprueba, comprometerá a algunas de ellas.
Las únicas palabras amables hacia el Ejecutivo, además lógicamente de su propio partido, han venido de CiU. Su representante, Carles Campuzano, ha afirmado que «este Pacto de Toledo no anuncia el colapso del sistema de pensiones, si no que reafirma su futuro», ya que permitirá a las próximas generaciones no ver mermadas sus prestaciones.
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha dicho tener la impresión de que el Gobierno tomará las recomendaciones «a beneficio de inventario», porque se ha mostrado convencido de que ya debe tener redactado el proyecto de ley con la reforma que debe presentar el próximo 28 de enero. También ha destacado que ésta será la primera vez que el Ejecutivo no cumpla una de las recomendaciones del pacto, que está en contra de la congelación de las pensiones.
La mitad de los recién jubilados ha cotizado más de 36 años
Sobre otra de las propuestas recogidas en las conclusiones, que es la necesidad de facilitar la jubilación a los 65 de quienes hayan cotizado durante muchos años o hayan trabajado en oficios penosos, este factor permitirá que el aumento de la edad de jubilación afecte aproximadamente a la mitad de los trabajadores que tengan previsto retirarse en los próximos años. Aun si la norma entrase en vigor con rapidez, una buena parte de los activos estarían amparados por la principal excepción que ha anunciado el Gobierno para la jubilación obligatoria a los 67: acreditar largas carreras de cotización.
La mitad de los nuevos pensionistas abandona el mercado con más de 36 años cotizados, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Superar esa barrera es la condición que ha fijado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para mantener el derecho a retirarse a los 65. No obstante, la futura reforma elevará ese listón progresivamente hasta una altura que el Gobierno todavía no ha concretado, según informan Lucía Abellán y Manolo V. Gómez.
Mejorar las pensiones de las viudas
Entre el resto de recomendaciones del Pacto de Toledo, los grupos abogan por mejorar las prestaciones de viudedad (en su mayoría son mujeres) mayores de 65 años y sin rentas a cambio de revisar las de otras beneficiarias. Asimismo, también aconseja modificar los tipos de contratación para las personas que trabajan en negocios familiares y no hayan generado derechos de pensión adecuados, o que se reconozca el trabajo de las mujeres en el cuidado de los hijos o familiares dependientes.
Sobre qué hará el Gobierno con las conclusiones del Pacto, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha admitido en declaraciones a la Cadena Ser que el Ejecutivo no puede prescindir de sus recomendaciones. Eso sí, ha recordado que elevar la edad de jubilación, que también tiene el rechazo frontal de los sindicatos, es un aspecto clave de la reforma. Para vencer estas diferencias, ha añadido que puede haber un «margen de gradualización» para favorecer un acuerdo con las centrales.
Tanto UGT como CC OO rechazan frontalmente el alargamiento forzoso de la edad de jubilación, pero si Trabajo finalmente articula la propuesta de forma que exima a una buena parte de los posibles afectados ahora, los sindicatos efectivamente podrían entrar a negociar. Porque el resto de la reforma no les plantea tantas objeciones.