«Exigimos una vez más el respeto y cumplimiento de todos los derechos que corresponden a presas y presos sin excepciones; la libertad de quienes padecen  enfermedades graves, la excarcelación de los mayores de 70 años y de quienes han cumplido tres cuartos o dos tercios de su condena así­ como la desactivación de leyes excepcionales que equivalen a cadenas perpetuas», añaden.Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y Herria 2000 Eliza reclaman el fin de la dispersión «por ser un atentado contra los Derechos Humanos y la legalidad vigente, además de castigo añadido a  familiares y allegados».

«Pedimos a toda la ciudadaní­a, a las instituciones, a la Iglesia vasca,  la denuncia de estos hechos y su implicación», subrayan, al entender que «es una cuestión no sólo política sino de salud social y ética en un auténtico Estado de Derecho».

Por ello, se solidarizan «con las múltiples manifestaciones  de denuncia ante la muerte de Kepa y la exigencia de otra política penitenciaria (…) Invitamos a un compromiso creciente que abra nuevas perspectivas de reconstrucción social y polí­tica, de diálogo y cumplimiento de todos los derechos humanos, sin excepciones, en un contexto nuevo de reconciliación, esperanza y paz desde la justicia».