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CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR Y CLADEM ESCRIBEN AL PAPA FRANCISCO, QUE VISITA EN ESTOS DÍAS BOLIVIA, ECUADOR Y PARAGUAY

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CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO EN OCASIÓN DE SU VISITA A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (BOLIVIA, ECUADOR y PARAGUAY)

 

 Por el cese inmediato de la violencia sexual y el embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe y en el mundo

                                                                                                    

Estimado Papa Francisco:

 

La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir[1], y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)[2],  consideramos que su presencia en la región va a posibilitar la evidencia de que estamos en una de las regiones más desiguales del mundo, donde particularmente las niñas y las mujeres atraviesan formas de violencia y discriminación basada en el género.

 

En tanto mujeres feministas latinoamericanas, comprometidas con los destinos de nuestra región, nos sentimos legitimadas y en la obligación ética de expresarle preocupaciones y problemáticas que causan dolor a las mujeres y a las niñas de los países que lo reciben por estos días, para hacer un llamado a superar las formas de violencia,   discriminación, abuso sexual y embarazo forzado como una forma de tortura, trato cruel inhumano y degradante.

 

Si bien reconocemos su disposición en combatir los desafueros como la pederastia clerical y la corrupción de la banca vaticana, como actos de honestidad que hacían falta; igualmente valoramos los esfuerzos por abordar preocupaciones sustanciales en la agenda mundial, como la sostenibilidad del medio ambiente y la desigualdad, y por su mediación  en conflictos internacionales, entre muchos otros  desafíos.

 

Pero persiste el patrón de violencia, el abuso sexual y el embarazo infantil en nuestros países. La violencia sexual se ha cometido de forma desproporcionada contra las niñas, y se estima que 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido violación u otras formas de violencia sexual[3]. Muchas niñas quedan embarazadas como resultado del abuso sexual infantil[4] y tienen más probabilidades de abandonar la escuela y vivir en la pobreza.  Alrededor del 19 por ciento de las jóvenas en países en desarrollo se quedan embarazadas antes de los 18 años de edad, 2 millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada año en los países en desarrollo, ocurren en niñas menores de 15 años[5]. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa principal de muerte entre las niñas de 15-19 años a nivel mundial.

 

El último informe de Estado de Población Mundial 2011 del UNFPA, reporta que América Latina y el Caribe se constituye en una de las dos regiones del mundo con tasas más elevadas de fecundidad en adolescentes,  el abuso sexual hacia las niñas, embarazo infantil, la falta de una educación sexual integral en las políticas públicas, la vigencia de leyes penalizadoras del aborto en muchos de nuestros países; son indicadores de la violencia sistemática y generalizada. Los Estados de la región, han ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos, compromisos internacionales (el más reciente el Consenso de Montevideo), que los  obligan a proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas incluyendo su derecho a la vida, la salud, la integridad física y psicológica, la autonomía y de estar libres de la violencia sexual, así como el acceso a la justicia y soluciones para tales crímenes[6].

 

Tanto en Bolivia[7], en Paraguay[8], y en la mayoría de nuestros países de la región,  miles de niñas son atropelladas en su dignidad con la brutalidad de la violación sexual, generalmente perpetrada por sus padres o familiares, y muchas de ellas obligadas a continuar con un embarazo forzado. Nos preocupa que persista una cultura de impunidad y tolerancia de la violencia sexual en el mundo[9], y en especial que en muchos de nuestros países persista la fuerte influencia del fundamentalismo religioso de sectores vinculados a la iglesia católica, para la adopción de leyes y políticas públicas,  sin respetar que los Estados sean constitucionalmente laicos.

 

Lamentamos que la postura oficial de la iglesia institucional sobre el aborto no haya variado, e incluso sea contraria a los estándares de derechos humanos. Conocedoras de la realidad concreta de las mujeres de nuestra región, reafirmamos que son hondos y razonados los motivos por los cuales las mujeres deciden tomar esta seria decisión en su vida. Nos asiste certeza de que ninguna mujer aborta con alegría en su corazón; esta decisión no es tomada de forma irresponsable o inconsciente, cuando la vida que se anuncia ha surgido de una violación, en un contexto de extrema pobreza y, peor aún, en niñas menores de edad, víctimas constantes de abuso sexual.  La Iglesia debería acompañar y proteger de manera apostólica, sinceramente humana y respetuosa la decisión de interrumpir un embarazo.

 

La Red de Católicas por el Derecho a Decidir, perteneciente a la tradición religiosa católica y conocedora de sus principios fundamentales, considera que las mujeres tienen capacidad ética y moral para tomar decisiones sobre su vida; por lo tanto,  entendemos que condenarlas por ejercer el derecho de decidir, es negarles una condición básica de la dignidad humana como es: disfrutar del derecho a la vida, la salud, la libertad, la autodeterminación, entre otros derechos fundamentales.

 

En consonancia con lo anterior, y basadas en las obligaciones que tienen los Estados en garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la integridad, la libertad y la autonomía y vigencia plena de los derechos humanos,  rechazamos aquellas posturas y  visiones  religiosas que legitiman la violencia sexual hacia las niñas y el embarazo infantil forzado, penalizan, condenan y restringen el derecho a decidir;  afirmamos que frente a una situación de difícil decisión, el recurso más válido es la propia conciencia, en la cual las mujeres encuentran  respaldo para asumir como el mejor camino la interrupción  del embarazo.

 

Para finalizar, deseamos que su visita ayude a construir en nuestra región un ambiente de respeto por la laicidad de los Estados y por la libertad de conciencia.

 

Saludos cordiales,

 

 

Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir               y

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

 

Asunción, Bogotá y Sao Paulo,  4 de julio del 2015

[1] Movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de la justicia social en América Latina y El Caribe, presente en 11 países de la región.

[2] Organización feminista regional dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres presente en 15 países de la región

[3] Organización Mundial de la Salud, una recomendación para el Alivio de la Pobreza: las adolescentes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y la Agenda Post-2015 para el Desarrollo (2013), disponible en www.who.int/pmnch/media/press_materials/pr/2013/adolescent_girls_post2015.pdf.

[4] Ver www.snna.gov.py/noticia/720-respeta-mis-derechos-denuncia-la-violencia-sexual.html#.VZFQ7vlVhHy.

[5]  UNFPA. Estado de la Población Mundial. Maternidad en la niñez. 2013 http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/SP-SWOP2013.pdf Pág. iv

[6] http://www.cladem.org/pdf/CLADEM_BalanceCairo+20.pdf ; http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2011/wp-content/uploads/2012/02/LibroBalanceRegional-Tarea.pdf

[7] Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza a las mujeres que sufren este ataque sexual una atención en servicios especializados de salud para la interrupción segura del embarazo, voces fundamentalistas, en nombre de la iglesia buscan perpetuar ese sufrimiento. Esto se ha evidenciado en el caso de la niña de 11 años violada y embarazada en la ciudad de Santa Cruz, pretendían obligar a la niña a continuar con el embarazo, violando la normativa vigente y la vigencia del Estado laico y los derechos fundamentales de las víctimas.

[8] En Paraguay resulta grave que las niñas abusadas sexualmente estén siendo obligadas a continuar con embarazo forzado, este el caso de la niña «Mainumby», embarazada de 11 años de edad, víctima de abuso sexual, cuya vida, salud e integridad a pesar de correr riesgo, el Estado paraguayo se ha negado en asegurar que la niña reciba toda la atención médica inmediata necesaria de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, tal como ha dispuesto la medida cautelar dictada por la CIDH, violando los derechos humanos y el respecto al interés superior de la niña.

[9] Organización Mundial de la Salud Folleto informativo Nº 364 sobre Embarazo Adolescente (septiembre de 2014), disponible en www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/.

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