Los fallos del TSJC y el TS condenan a los obispados canarios por daños y perjuicios
Los tribunales de Justicia canarios han emitido un total de 26 sentencias a favor de unos diez docentes de Religión que recurrieron sus despidos. La mayor parte de los fallos judiciales se han producido en la provincia de Las Palmas, en concreto 23, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por el momento sólo se han producido tres.
Así lo ha indicado el portavoz del sindicato CCT, Rafael Ramírez, quien ha añadido que «en la mayoría de los casos se trata de una vulneración de los derechos sindicales de los trabajadores», aunque recordó que existe un caso de una docente despedida por «vivir en pecado».
Ramírez explicó que la acumulación de sentencias se produce, por un lado, «porque los mismos despidos se han ido reiterando, provocando las correspondientes denuncias» y, por otro, porque «a las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia se están sumando los fallos judiciales del Tribunal Supremo (TS) tras los recursos de la Administración regional».
Todas las sentencias concluyen en calificar como nulos los despidos de los profesores afectados, condenando tanto a la Consejería regional de Educación como a los obispados de las dos diócesis canarias, aunque el portavoz sindical destaca que «en el caso de las dictadas por el Supremo, condena sólo al obispado al pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios».
Ramírez, que explica que además «tenemos dos recursos de amparo ya admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional», entiende que la sucesión de fallos a favor de los docentes «pone de manifiesto las política de nacionalcatolicismo que está llevando a cabo la Administración educativa», a la que exige «el respeto total de los derechos de los trabajadores».
Petición de dimisión. El portavoz sindical exige también la dimisión o el cese del delegado del enseñanza de la Diocesis canariensis, Hipólito Cabrera, al entender que «vulnera la dignidad personal y profesional de los profesores despedidos». Además, destaca que «en todos los casos, ha sido la Consejería de Educación la que ha recurrido las sentencias y no el obispado» lo que para el portavoz sindical «es una muestra más del compadreo y connivencia entre ambos».
Hasta el momento, en el caso de los docentes de Religión, son los responsables de las diócesis de las Islas los que seleccionan al profesorado que impartirá la asignatura y, por tanto, los que deciden prescindir de sus servicios, pese a que es la Administración regional la que debe financiar los gastos de salarios y despidos.
Precisamente, recientemente se han producido las últimas sentencias judiciales a favor de docentes de Religión, dos de ellas del Tribunal Supremo y otras dos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condenan al obispado de la provincia grancanaria a abonar por daños y perjuicios 9.005,07 euros a una de las docentes y 90.000 euros a otro profesor de Religión.