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Fuente: Obsesrvatorio eclesial
En los últimos días, el caso Ayotzinapa ha entrado en una dinámica vertiginosa producto del cruce de decla-raciones, contradicciones, filtraciones, detenciones y movimientos institucionales que se han sucedido.
Ello no ha hecho sinoreavivar el ánimo de incertidum-bre respecto de la resolución del caso y multiplicar las dudas sobre la genuina voluntad del Estado para escla-recer los hechos, además de poner en jaque los avan-ces que parecían haberse logrado en pos de la solución del casoen los años recientes.El vértigo se desató con el conflicto entre la Unidad Es-pecial para la Investigación y Litigación del Caso Ayot-zinapa (Ueilca) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El 18 de agosto la Ueilca presentó 83 solicitudes de detención, 20 dirigidas a militares. Ese día, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Jus-ticia del Caso Ayotzinapa (Covaj) presentaba un infor-me en que señalaba claras responsabilidades del Esta-do y el Ejército en la desaparición de los estudiantes.Sin embargo, días después, y tras una injerencia inde-bida de la FGR, se cancelaron 21 órdenes de aprehen-sión, 16 contra militares, y se apresuró la orden de aprehensión de Jesús Murillo Karam, con lo cual se apartó a la Ueilca del proceso.
Ha trascendido que, mientras lo anterior ocurría, la FGR dejó sin policías ministeriales a la Ueilca.El 15 de septiembre se informó que habían sido ejecu-tadas cuatro detenciones contra militares, aquellas que no fueron canceladas previamente por la FGR. El 24 de septiembre se filtró información originalmente oculta en el reporte de la Covaj, con la cual se comprometió la judicialización del caso.
Este capítulo del embrollo desembocó en la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Ueilca; pasaría muy po-co tiempo para que el entornodel caso se enrareciera más, pues dos días después los medios nacionales re-velarían el hackeo y filtración de documentos de la Se-dena.La renuncia de Gómez Trejo ha representado un duro golpe a la búsqueda de verdad y justicia. Su labor le ganó el reconocimiento de los familiares de los desapa-recidos y de las organizaciones que los han acompaña-do; su gestión en la Ueilca propició avances en térmi-nos de verdad, con la identificación de restos de los normalistas Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, clave para desmentir la verdad histórica construida el sexenio anterior.
Ante la confusión e incertidumbre que generaron los hechos reseñados, se impone ratificar un par de pre-guntas claves: ¿qué está en juego para el Estado mexi-cano y para nuestra sociedad?; y, en primer término, ¿qué está en juego para los padres de los normalistas desaparecidos?Como bien apuntó Carlos Martín Beristain en la rueda de prensa que ofreció el Grupo Interdisciplinario de Ex-pertos Independientes (GIEI) el 29 de septiembre, está enjuego nada menos que la aspiración de verdad y la justicia de un país entero.
No se trata sólo de procesos judiciales y carpetas de investigación, sino de personas y familias cuyo dolor y dignidad han empujado un tortuoso proceso que ha permitido los avances que hasta ahora se tienen. Desde el primer momento, los familiares han sido vícti-mas no sólo de la desaparición de sus hijos, sino tam-bién de las resistencias y contradicciones de un Estado que ha llevado a cabo una dinámica de información marcada por el ocultamiento y la tergiversación durante ocho años, lastimando reiteradamente a las víctimas.
Al inicio de la presente administración se ofreció un compromiso radical con el esclarecimiento de los he-chos. Con la creación de la Covaj y la Ueilca se acredi-tó dicho compromiso, pues constituyeron pasos impor-tantes que dieron resultados efectivos. Sin embargo, los últimos hechos ponen en duda la con-sistencia del compromiso, pues han puesto en riesgo los procesos virtuosos que se habían encaminado y que debieran protegerse en favor del derecho a la ver-dad de las familias; y con ello se traiciona la confianza que las familias depositaron en las instituciones encar-gadas del proceso y se devuelve al país entero a un escenario mucho más parecido al del sexenio anterior.Politizar el caso, como han hecho repre-sentantes institucionales, es una nueva forma de victimización.
La autoridad está llamada a actuar siempre de manera respetuosa del dolor y sufrimiento de las familias, y ello exigiría asumir en primera instancia una disposición de apertura al diálogo directo con los familiares para esclarecer los hechos acontecidos en días recientes que han enrare-cido el camino hacia la verdad. Está en juego con ello la institucionalidad del país; la verdad y justicia; el genuino compromiso de erradicar la impunidad y la corrupción, y la voluntad real de frenar la dinámica de reproducción de estructuras gubernamen-tales que han imposibilitado la constitución de un esta-do democrático de derecho en el país.
El 29 de septiembre, los integrantes del GIEI apuntaron tres claves en el proceso, de cara a la conclusión del plazo pactado para la finalización de sus labores: gene-rar un mecanismo de seguimiento al caso; fortalecer a la Ueilca, revirtiendo para ello el descrédito del que hasido objeto por la FGR en los últimos días, y replantear el papel de la Covaj con los familiares, poniendo en el centro el diálogo y la dignidad del dolor de los padres.
El esclarecimiento del caso, la búsqueda de verdad y justicia; los derechos de reparación y no repetición de las víctimas se garantizarán sólo en la medida en que el Estado dé nuevas y contundentes muestras de con-gruencia con su compromiso original por la verdad; ello se traduce en impedir nuevas injerencias institucionales a las investigaciones y no poner por delante cálculos e intereses políticos, sino la dignidad de las víctimas y el deber superior del Estado de tutelar y garantizar sus derechos.(jornada.com.mx) 06/10/202