Resumo la magnífica crónica de Carlos Martínez que publicó rebelión el pasado 2 de marzo [1]. Eloy Velasco, juez instructor de la Audiencia Nacional, ocho años al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como Director General de Justicia, único juez que secundó la ilegal huelga de Magistrados en la Audiencia, dictó el pasado 1 de marzo de 2010 un auto de procesamiento contra seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC por supuesta colaboración con banda armada e intento de asesinato. Los supuestos vínculos entre el Gobierno de Venezuela y las FARC y ETA se basan en que el procesado Arturo Cubillas Fontán es funcionario del Ministerio de Justicia; en que está casado con una ciudadana venezolana que ostenta un cargo público en la república bolivariana, y en que, según el magistrado, ?un vehículo militar venezolano escoltó a algunos procesados en un desplazamiento terrestre por Venezuela, hechos que narra sin ningún sustento probatorio??.
El sinsentido no sólo es jurídico, sino también procesal, señala Martínez. No sólo está el hecho de que en un auto de procesamiento en el que se atribuyen presuntos delitos a los procesado el magistrado da esos hechos por probados ?y, basándose en suposiciones, se inmiscuye en las relaciones diplomáticas entre diferentes Estados??, sino que lo más grave es
[…] que estamos hablando de un sumario que por ley es secreto, como hasta los legos en derecho saben. Sin embargo, nada más dictarse se entregaron copias a los periodistas para que lo difundieran de inmediato.
Todo esto hace pensar, conjetura razonablemente Martínez, que más que ante una resolución judicial estamos frente a un documento pensado, básicamente, por y para la prensa.
No le ha faltado razón. La misma prensa, al día siguiente, ha corroborado su razonable hipótesis.
En la primera página de casi los diarios de pago o gratuitos de Catalunya aparecen noticias y titulares sobre el auto del juez Velasco. Doy cuenta de la información de Público [2]. En la portada, cuatro breves noticias en la columna derecha, y debajo de la información sobre el ?pacto anticrisis?? del gobierno y una gran foto de Elena Salgado, información sobre el auto: titulares llamativos (y dos páginas de información en el interior).
En titulares: con letra grande TERRORISMO. Con letra no menor: ?El juez Velasco acusa al Gobierno de Chávez de cooperar con ETA??. El letra más pequeña, como subtítulo, ?Zapatero exige explicaciones al presidente venezolano y Caracas responde que la imputación es ?tendenciosa?? e ?inaceptable???, ambas palabras entrecomilladas, pareciendo indicar no tanto que se cita literalmente un texto, sino más bien que nadie sensato puede creer en su veracidad.
Debajo de los titulares anteriores, y con letra roja, otro titular destacado: ?Belfast acuerda extraditar a España al etarra Iñaki de Juana.??
Al lado de todo ello una fotografía del presidente venezolano, entrando en un acto celebrado en Montevideo. Se le ve saludando, sonriendo, como si se mofara de la noticia y le importara un pimiento la información y el escándalo.
En páginas interiores, 18 y 19, tres artículos. Uno de Iñigo Sáenz de Ugarte en torno a una orden de un juez de Belfast sobre De Juana. Un segundo, de Pedro Águeda, sobre la ?nula colaboración?? del gobierno venezolano según los agentes antiterroristas españoles, fuente principal de la información dada, artículo en el que el periodista escribe, por ejemplo: ?El motivado desinterés del Servicio Bolivariano de Inteligencia, rebautizado así por Chávez????, ?La inexistente cooperación por parte de Caracas está en consonancia con la simpatía que despierta en el Movimiento Bolivariano la ?lucha?? de la organización terrorista ETA contra el Estado ?opresor?? español??, ?El suceso ilustra el grado de cooperación policial en Venezuela en materia antiterrorista. ?Nulo?? según fuentes de todos los Servicios de Información españoles», o, finalmente, ?A pesar de que el grupo de etarras en Venezuela es el segundo más numerosos del continente [3] y el que cuenta con un mayor número de terroristas susceptibles de reengancharse????. El lector puede poner las cursivas que mejor estime.
El artículo central de estas páginas interiores está firmado por Ángeles Vázquez: ?El juez Velasco acusa al gobierno de Chávez de cooperar con ETA??, idéntico enunciado que el titular de portada. Abre con el fragmento del auto del juez de la Audiencia Nacional: ?Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita [4] colaboración entre las FARC y ETA??. El juez señala que a lo largo de la historia ETA y las FARC han mantenido relaciones ?relaciones coordinadas de los miembros entre sí, de modo y manera que se han ayudado mutuamente?? [5] a la hora de lograr, se afirma, ?sus ilícitos objetivos?? [6].
El juez ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores español y al de Interior que realicen gestiones para conseguir la extradición a España de los procesados, seis miembros de ETA y siete militantes, sin presunción alguna esta vez, afirmando categóricamente, de lo que también Ángeles Vázquez considera ?grupo terrorista colombiano??. La única encausada que reside en España, Remedios García Albert, ha sido citada en la Audiencia Nacional el próximo 24 de marzo.
Carlos Martínez recordaba en su nota algo tan elemental y esencial como lo siguiente:
[??] Mención aparte requiere el procesamiento en este mismo auto de la ciudadana española Remedios García Albert, que tampoco encuentra ninguna justificación probatoria en la resolución judicial que así lo acuerda. De hecho, como recuerda su defensa, Remedios García Albert nunca ha tenido nada que ver con ETA y siempre ha condenado a dicha organización. Ni siquiera la policía española la ha interrogado a este respecto ni la ha acusado nunca de tener ningún vínculo con esta organización. Sí hubiera tenido el papel de la que el Juez la acusa, la policía española la hubiera acusado, sin duda, de un delito de colaboración con banda armada.
El abogado defensor ha apuntado por su parte que Remedios García Albert nunca ha tenido nada que ver con ETA y que la policía española ?nunca la ha interrogado a este respecto ni la ha acusado nunca de tener ningún vínculo con esta organización??; que García Albert no ha asistido nunca a ningún curso de armamento ni ha recibido entrenamiento militar, ni en Venezuela ni en ningún sitio; que de hecho, en la fecha en que según el auto ?se encontraba en Venezuela «coordinando y organizando» el citado curso de armamento ?agosto 2007- RGA se encontraba de vacaciones en una localidad costera española??; que además ?en el pasaporte de RGA, depositado en el J.C. I nº 5 de la AN desde julio de 2008, se constata que ni en esa fecha ni en ninguna otra cercana RGA salió de España?? y que, finalmente, las únicas referencias para acusar a Remedios García Albert de presuntos vínculos con las FARC son las declaraciones de dos supuestos «ex guerrilleros» de las FARC acogidos a un programa de reinserción en Colombia, y que fueron aportados a la Audiencia Nacional por el Ministerio de Defensa de Colombia. Por tanto, concluye el abogado defensor:
[??] Remedios García Albert: ni es miembro de las FARC, ni tiene vínculos con ETA, ni pidió ayuda a ninguna organización para atentar contra la vida de nadie, como se afirma gratuitamente en la nota difundida.
Recuerda por otra parte el abogado de RGA que todos los imputados ante la justicia colombiana por su presunta aparición en los archivos del ordenador de Raúl Reyes han visto archivadas sus causas por la justicia colombiana. La causa de Remedios García Albert, por el contrario, es ?la única impulsada por el gobierno colombiano ante tribunales de un tercer país, la única que sigue en la actualidad aún viva y bajo secreto de sumario, por lo que la defensa de Remedios García Albert sigue sin conocer los hechos que se le imputan??.
La primera reacción de Venezuela ante la petición de explicaciones del gobierno español, señala Ángeles Vázquez, ?se hizo esperar??. ¿Podría ser de otro modo?. A juicio del gobierno de Chávez (?El Ejecutivo??, con mayúscula, según Vázquez) la acusación es ?inaceptable?? y ?tendenciosa??, ambas palabras de nuevo entrecomillas.
El comunicado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela [7] sostiene que el gobierno venezolano tuvo conocimiento, por vía de prensa, no por vía diplomática, del auto de procesamiento emitido por el juez español, en el cual ?se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano??.
Así, recuerda el comunicado, en el auto se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, ?como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González??. Sorprende [8] que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo
[??] mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.
Incluso Uribe -¡sí, Álvaro Uribe!, el presidente colombiano!-, aunque haya hablado de cara a la galería, ha reaccionado con cautela: ?Creo que tenemos que tener una reacción prudente y mirar qué es lo que está pasando a través de los canales diplomáticos??.
¿A través de qué nexo establece el juez la conexión entre el gobierno venezolano y las FSRC y ETA? A través de Arturo Cubillas Fontán. ¿Qué cargo ocupa o ha ocupado? Tomen nota: director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierra de Venezuela. Este es el supuesto nudo de contacto del que cuelga la colaboración del gobierno venezolano.
Ángeles Vázquez recuerda que en la investigación ha sido determinante el ordenador intervenido tras la muerte de Raúl Reyes, ella no usa el término ?asesinato??, por el ejército colombiano. El auto del juez cita ?sus?? correos electrónicos. La fuente no le merece ningún comentario a Ángeles Vázquez. La altamente probable manipulación de los archivos del ordenador de Reyes por parte de los servicios de inteligencia del Ejército colombiano tampoco.
Me olvidaba. El día 25 de febrero de 2010, unos cien mil hondureños marcharon por Tegucigalpa manifestando su justificado rechazo a la represión desatada por el gobierno de continuidad golpista dirigido por Porfirio Lobo. ¿Leyeron algún titular en primera plana de algún diario español haciendo referencia a esta importante y arriesgada movilización ciudadana? ¿Acaso en las páginas interiores encontraron información sobre esta valiente manifestación de la oposición democrática hondureña?
Me olvidaba también. En Francia, entre el 1 de enero de 2010 y el 24 de febrero de 2010, 22 reclusos se suicidaron en prisión (entre ellos, un adolescente de 16 años). En 2009 hubieron 122 suicidios en las cárceles francesas; 115 en 2008. Las familias de las víctimas no tuvieron derecho ni a una declaración oficial pública del gobierno francés [9]. ¿Recuerdan alguna información sobre estos suicidios? ¿Repararon en algún titular sobre el tema? ¿Alguna primera página los tomó como asunto central?
Notas:
[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101416
[2] Público, 2 de marzo de 2010, primera página y páginas 18 y 19.
[3] El primer país es México.
[4] Se me escapa el sentido de ?ilícita?? en este contexto.
[5] La redacción, desde luego no tiene desperdicio.
[6] ¿Ilícitos objetivos esta vez? ¿Pero no habíamos quedado en que el problema eran los procedimientos y no las finalidades, todas ellas defendibles, según se dice repetidamente, en el sistema parlamentario español?
[7] http://www.ciudadccs.org.ve/?p=41710
[8] Sorpresa o no, claro está, depende cómo se mire.
[9] Tomo la información de Salim Lamrani, ?Cuba, los medios occidentales y el suicidio de Orlando Zapata Tamayo??. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101426
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