El Arzobispado de Valencia, tras la sentencia del Supremo que le exime de anotar las apostasías
“La Iglesia no es un club del que uno puede darse de baja”
Luis Agudo, portavoz del Arzobispado de Valencia, ha valorado positivamente, “pero con cautela”, la decisión del Supremo que permite a la Iglesia no registrar las apostasías en las partidas de bautismo.
El pasado 17 de septiembre, este Tribunal daba la razón al Arzobispado, que había interpuesto un recurso de casación contra el dictamen previo de la Audiencia Nacional que la obligaba a hacer anotaciones o cancelaciones en las partidas. Agudo lanzó además una provocación a los posibles apóstatas: «La Iglesia no es un club del que uno puede darse de baja, si alguien quiere que su renuncia conste por escrito, puede enviar un anota y se le entregará un acusa de recibo. Y punto”.
El año pasado, las peticiones de apostasía se multiplicaron por siete. En este sentido, los arzobispados de Madrid y Valencia, encabezados por Antonio María Rouco Varela y Agustín García Gasco, respectivamente, se han caracterizado por su reticencia a registrar las bajas. También por ser los que más cancelaciones reciben: De las 287 reclamaciones recibidas a lo largo de 2007, 140 eran de Valencia y 36 de Madrid.
El Supremo da la razón a la Iglesia
Ahora, el Tribunal Supremo ha dado la razón al arzobispado valenciano en una de sus batallas contra los apóstatas: le ha eximido de la obligación de registrar la apostasía en las partidas de bautismo. El fallo del Supremo es la respuesta al recurso de casación interpuesto por los eclesiásticos, después de que la Audiencia Nacional considerara que debían registrarse las bajas. Ayer Luis Agudo, portavoz del arzobispado de la comunidad, ha dado la opinión del órgano eclesiástico sobre la decisión de la Justicia. “Nuestra valoración es positiva, pero con cautela”, aseguró al periódico digital ADN.
“La Iglesia no es un club”
A pesar de esta “cautela”, Agudo se mostró rotundo: “La Iglesia no es un club o una asociación en la que la gente se da de alta o de baja rellenando una solicitud. Si alguien quiere que se renuncia conste por escrito, puede enviar una nota y se le entregará un acuse de recibo. Y punto”, ha manifestado. El portavoz es conciente de que las querellas de los apóstatas que reivindican que se corrijan sus libros de bautismo seguirán llegando. “Todavía hay más de un centenar de casos similares en el juzgado”, ha admitido, pero ha dejado ver su optimismo al respecto: “esta sentencia abre camino y, con otra idéntica, incluso se podría sentar jurisprudencia”.
Las peticiones de baja, “ínfimas e inapreciables” La jerarquía católica restó importancia a estas demandas, pues no “han sido algo ínfimo e inapreciable”. “Todos los casos de apostasía corresponden a grupos minoritarios que intentaron boicotear la visita del Papa a la capital valenciana en 2006, que es cuando arranca todo esto.Una cantidad irrisoria si la comparamos con el 97% de los nacidos cuyos padres optan libremente por el bautismo”, ha subrayado. Precisamente, en este último punto inciden los laicos: son los progenitores y no los propios individuos quienes optan por iniciar a sus hijos en el catolicismo.
Que apostaten “por otra vía” El arzobispado, sin embargo, seguirá haciendo oídos sordos. “No hay por qué comunicar que se deja de formar parte de la Iglesia, igual que no se tiene que informar de que se entra en ella. Para ir a misa a nadie se le pide la credencia de católico”, ha insistido Agudo. En su opinión, las actas de bautismo “gozan de un carácter inviolable, no se pueden tachar ni enmendar y su uso es restringido”. La Iglesia tampoco estaría dispuesta a crear un registro paralelo de apóstatas. “No. Que lo hagan por otra vía, a través de un abogado o de un notario, pero no de la Iglesia. Una persona que quiere abandonar la fe cristiana lo hace libremente y no le hace falta apuntarse en ningún sitio”, ha concluido.
Los laicos denuncian el “trasfondo político”
Organizaciones como Europa Laica han calificado de “pirueta jurídica” el fallo del Supremo, insistiendo en que se han “limitado derechos constitucionales” al no “acudir a un proceso más garantista para Europa”. Según este colectivo, podría “haber un trasfondo político en esta decisión”. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos ha indicado que estudia impugnar la sentencia del Supremo.
