Con el recurso de inconstitucionalidad, que a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ejecutivo federal busca echar atrás los derechos de las mujeres, en lugar de armonizar las leyes en todas las entidades federativas para no dejarlas en desventaja, acusó la diputada por Alternativa, Elsa Conde.
La legisladora enfatizó que la interrupción del embarazo es un derecho a la salud y que, como tal, no está sujeto a discusión. Mas aún, pidió al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dar a conocer los recursos que destinará durante su sexenio para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que estos se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Elsa Conde sentenció que en materia de aborto no habrá marcha atrás ni se va a permitir ningún retroceso; subrayó que esa materia no es de competencia de la CNDH, así como tampoco lo son los derechos políticos.
En la Mesa de Análisis y Discusión ?Implicaciones en el ámbito federal de la despenalización del aborto en el Distrito Federal??, Leticia Cuevas, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes de la ONG Equidad y Género, entregó a la diputada Elsa Conde dos mil 500 firmas de apoyo, para que en la Cámara de Diputados se discuta y apruebe la ley de aborto a favor de las mujeres. Advirtió que quien restringe el aborto pone en riesgo la vida de las mujeres, en especial de las más pobres.
Javier Flores, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que con las impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República lo que realmente está en debate es la vigencia del Estado laico.
Luego, en conferencia de prensa, la diputada de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, alertó sobre el grave retroceso jurídico en la protección de los derechos de las mujeres y sobre la deficiente política social de las autoridades, para entender los problemas de salud que aquejan a miles de mujeres en nuestro país, lo que eleva los índices de mortalidad.
Declaró que dentro del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se está planteando la importancia de solicitar la revisión de la actuación del Ombudsman y, de ser necesario, su destitución, porque ya no es útil para la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos.
Al referirse al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la diputada federal aludió que hace 20 años diversas organizaciones de mujeres en el mundo coincidieron en la necesidad de establecer una fecha para analizar y discutir sobre las políticas y programas a favor de las mujeres del mundo.
Maricela Contreras sostuvo que el derecho a la salud es un instrumento necesario para abatir la mortalidad materna y está consagrado en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, reconocido por nuestra Constitución. Y entraña que las políticas públicas en la materia, que se aplican en el país, tienen la obligación de garantizar a todas las mujeres mexicanas el acceso a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente.
En el Plan Nacional de Desarrollo, apuntó, se observa la ausencia de una política social enfocada a atender la salud de las mujeres, no hay definición de políticas y programas en materia de salud de las mujeres, tales como reducir las causas de mortalidad materna, el cáncer cérvico uterino o los abortos clandestinos.
De igual forma, destacó que sólo en un país donde hay un desprecio de ciertos funcionarios y servidores públicos sobre los derechos humanos de las mujeres, puede el Presidente de la CNDH objetar una reforma cuyo propósito es reconocer el derecho constitucional de cada mujer a decidir sobre su cuerpo y reducir los índices de mortalidad materna por la práctica de abortos clandestinos y en condiciones insalubres.
Aseguró que la actitud de José Luis Soberanes, además de ser complaciente con grupos conservadores y religiosos, es una mancha más que ha tenido en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y se explica sólo en un régimen donde el pensamiento reaccionario y de ultraderecha se encuentra en las clases que detentan el poder.
Por último, Maricela Contreras dijo que la posición de Soberanes y del procurador Eduardo Medina Mora, quien se convirtió en vocero de los Calderón-Zavala, sólo defiende los intereses de un grupo de personas que siempre han privilegiado sus creencias personales y dogmas de fe en las políticas públicas, en lugar de anteponer los intereses de la población.
En contraste, para el diputado del PAN Obdulio Ávila Mayo, la actuación de la Procuraduría General de la República no está en entredicho, ya que sólo hizo el cumplimiento de un mandato que le está asignado en las leyes federales. Agregó que a la PGR, como órgano procurador de la justicia, le corresponde hacer valoraciones sobre las leyes que considere inconstitucionales, sean éstas preceptos específicos o leyes en lo general, y así lo hizo en el caso de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, por eso presentó la acción de inconstitucionalidad.
Cuestionado sobre por qué no ha actuado de la misma forma contra la Ley del ISSSTE, el panista respondió que debido a que no consideró que haya algún viso de inconstitucionalidad que viole ningún derecho fundamental, ni precepto constitucional.