Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2009, una delegación británica formada por dirigentes sindicales, abogados y parlamentarios estuvo en Colombia para conocer de cerca la situación de los derechos humanos. Después de realizar visitas, conversaciones y reuniones, la Comisión se consideró «aterrorizada» con la situación del país.
Durante la visita, la Comisión tuvo la oportunidad de recoger informaciones de varias fuentes. Se realizaron reuniones con sindicalistas, representantes del gobierno, presos políticos, líderes campesinos, políticos, representantes de la campaña para la paz y familiares de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), entre otras personas.
A través de estas reuniones fue posible recolectar las primeras informaciones que marcaron la continuidad de barbaridades tales como: ejecuciones sin juicio previo, desapariciones forzadas, violencia contra la mujer, ataques contra el sindicato agrario y asesinato de sus miembros, condiciones deplorables de los presos y presas políticas, detenciones masivas y arbitrarias, además de desplazamientos forzados.
Los miembros de la Comisión también viajaron hasta el municipio de Soacha para conversar con los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Ejército. El reclamo más recurrente es que hechos como estos permanecían en la total impunidad, sin ninguna aplicación de justicia. La visita reforzó las sospechas de que la mayoría de los crímenes es cometida por miembros del Ejército.
En todas las visitas y reuniones las denuncias se repetían, siendo más recurrentes las de ejecuciones y tratamientos brutales proporcionados a civiles por parte del Ejército Nacional. La constatación de esas acusaciones fue comprobada durante la visita al cementerio, donde fue posible ver la gran cantidad de cadáveres sin identificación. «A pesar de afirmaciones en contrario, queda claro por las fechas de las tumbas que las ejecuciones extrajudiciales continúan», afirmó la Comisión en un Comunicado.
La situación de los sindicalistas, así como de los periodistas y educadores también es alarmante en el país. Los asesinatos, ataques y la criminalización son recurrentes. Sobre esta realidad, la Comisión demostró preocupación por las señales de cambio en el programa de protección a los sindicalistas. En el ámbito político, los congresistas de la oposición sufren intercepción ilegal de sus comunicaciones y criminalización de sus actividades legales.
Durante su estadía en Colombia, la Comisión británica pudo sentir en su propia piel una pequeña muestra de la intimidación y de las amenazas que sufren los defensores de los derechos humanos en el país. «Fuimos seguidos, sometidos a ser fotografiados de manera intimidante, puestos bajo vigilancia y la policía pasó nuestros datos personales a individuos no identificados que no usaban uniformes, sino ropas de civil», relataron.
En sus conclusiones después de la visita, la Comisión constató que la situación de Colombia es preocupante por no haber señales concretas de cambio para mejorar el país. La participación del Ejército en la violación de los derechos humanos y sindicales y la complicidad del Gobierno hace todavía más difícil la situación del país.
Vigilia por la salud
Desde el martes (19), organizaciones sociales están reunidas en la Vigilia por la Salud de Colombia. La intención es conseguir colocar y discutir sus propuestas en relación con la medida que el Gobierno Nacional está promulgando en el marco del Estado de Emergencia Social en Salud. En la actualidad, los diálogos están parados debido a la ruptura provocada por los delegados del Ministerio de Protección Social. Sin embargo, las organizaciones se mantienen en vigilia pacífica reafirmando la exigencia de un diálogo para definir las políticas de salud de la nación.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@mail.com