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Españolas y españoles sí, pero sin papeleta
El Estado proclama que todas las personas somos iguales ante la ley; la Iglesia, que formamos una comunidad fraterna por el bautismo. Después, una minoría cierra la puerta, vota y recomienda al pueblo que espere pacientemente la fumata.
Un bautismo civil a medias
En España, como en la Iglesia católica, existen sacramentos que imprimen carácter. El bautismo se recibe una sola vez y, según la doctrina clásica, permanece para siempre. La nacionalidad parece poseer una eficacia semejante: cuando el Registro Civil certifica que alguien posee la nacionalidad española, se supone que la posee plenamente, con pasaporte, derechos, deberes y hasta la obligación de soportar nuestras interminables tertulias políticas.
Pero el Tribunal Supremo ha descubierto una nueva categoría sacramental: la persona bautizada civilmente como española, aunque, a medias, todavía no confirmada para votar. Española para acudir al consulado, renovar documentos, pagar impuestos, saludar a la bandera y emocionarse con las selecciones nacionales; pero no lo bastante española como para introducir una papeleta en las urnas.
La decisión afecta a unas 400.000 personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada Ley de Nietos. Son descendientes de quienes tuvieron que salir de España durante la Guerra Civil o la dictadura franquista, empujados por la persecución, el miedo o la ausencia de libertad.
La ley pretendía reparar, con más de ochenta años de retraso, una injusticia histórica. Pero ahora se pide a muchas familias que demuestren documentalmente la persecución sufrida por sus ancestros. Como si quienes ejercieron la represión hubieran tenido la delicadeza burocrática de entregar un certificado diciendo:
—Queda usted oficialmente confirmado/a como víctima de la dictadura. Guarde este papel. Algún día podría necesitarlo alguna de sus nietas o nietos.
Demasiada ciudadanía de repente
Para evitar esa prueba casi imposible, una instrucción del Ministerio de Justicia entendió como exiliadas a las personas que salieron de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Sus descendientes pudieron obtener la nacionalidad y fueron incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes.
Todo parecía razonable hasta que alguien hizo las cuentas. ¡Eran muchas personas! El censo exterior había crecido con una vitalidad que ya quisieran para sí algunos partidos políticos.
Entonces sonaron las campanas de alarma. PP y Vox denunciaron un posible aumento irregular del censo. Quienes acababan de obtener la nacionalidad podían votar. Y, lo que al parecer resultaba todavía más inquietante, nadie podía garantizar que votaran bien.
Así comenzó a pasearse por España el fantasma del pucherazo antes de que hubiera puchero, alguien que lo cocinara, papeletas o convocatoria de elecciones.
Las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo —privilegiados augures del juicio final— decidieron suspender cautelarmente la inscripción electoral de estas personas, salvo que cada cual aporte documentos individualizados que prueben el exilio de sus abuelas o abuelos. La medida se justifica por el rápido crecimiento del censo y por el supuesto «daño irreversible» que podría causar en unas futuras elecciones.
Pero el daño inmediato recae sobre personas que ya poseen legalmente la nacionalidad española. Se intenta evitar un peligro futuro e incierto causando un perjuicio presente y comprobable: impedir votar a quienes el propio Estado reconoce ya como parte de su ciudadanía.
Una comunidad con categorías
Aquí aparece el sorprendente parentesco entre el Estado y la Iglesia católica. El Estado proclama democracia, soberanía popular e igualdad ante la ley. La Iglesia habla de comunión, sinodalidad, asamblea santa y pueblo de Dios.
Además, la Iglesia conserva una declaración revolucionaria de Pablo de Tarso: «Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3,28).
La frase no puede ser más clara. Pero después llegaron las personas expertas en derecho canónico y quienes administran las fronteras. Y donde Pablo había derribado muros, la institución instaló ventanillas.
En la Iglesia existe un solo bautismo y una misma dignidad para todas las personas. Mujeres y hombres, clero y laicado, personas heterosexuales y personas LGTBI forman parte —se dice— del único pueblo de Dios. Pero, cuando llega el momento de decidir, la igualdad se torna contemplativa.
Las mujeres, aunque constituyen la mayoría de la comunidad católica, no pueden acceder al ministerio ordenado ni participar en la elección del papa. Las personas LGTBI son acogidas con una fórmula que suele significar: «Puedes entrar, pero procura no mover demasiado los muebles». Las personas laicas son escuchadas, consultadas e invitadas a procesos sinodales; cuando llega la decisión definitiva, se les agradece su participación y se las acompaña hasta la puerta.
Votan únicamente los cardenales. No votan las mujeres, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, las teólogas y los teólogos ni el inmenso pueblo creyente. La jerarquía se reproduce por cooptación: unos nombran a quienes, andando el tiempo, nombrarán a quienes los sucedan. Un mecanismo perfectamente circular, como una mesa camilla, pero revestida de púrpura y perfumada con incienso.
El pueblo espera fuera
Durante el cónclave, el pueblo de Dios permanece en la plaza mirando una chimenea. No conoce las deliberaciones, no propone candidaturas ni controla el recuento. Su participación consiste en interpretar el humo: negro, todavía no; blanco, ya tenemos papa. Es la democracia convertida en meteorología sagrada.
Con la Ley de Nietos sucede algo semejante. Quien acaba de obtener la ciudadanía escucha:
—Usted posee la nacionalidad española, pero debe demostrar que merece votar.
La mujer bautizada oye:
—Usted tiene la misma dignidad que cualquier varón, pero espere fuera mientras decidimos.
La persona LGTBI recibe una bienvenida cuidadosamente adjetivada:
—Esta es también su casa, siempre que no pretenda reformar ninguna habitación.
Todas estas personas pertenecen plenamente a la comunidad. A todas se les reconoce idéntica dignidad. Solo les falta ese pequeño detalle: el poder.
Existe, sin embargo, una diferencia decisiva: la Iglesia católica nunca ha afirmado ser una democracia representativa. El Estado constitucional, sí. Por eso resulta especialmente grave reconocer a una persona como española y suspender después uno de los derechos esenciales vinculados a esa condición.
Si la nacionalidad es válida, debe serlo también el sufragio. No parece admisible crear personas españolas de primera comunión y otras pendientes de confirmación electoral, obligadas a demostrar la pureza documental de sus abuelas y abuelos.
La igualdad sale por la sacristía
Iglesia y Estado coinciden aquí en una liturgia inquietante: proclaman solemnemente la igualdad y administran cautelosamente la participación. Una ofrece bautismo sin voto; el otro, nacionalidad sin papeleta. Una deja a mujeres, personas laicas y personas LGTBI contemplando la fumata; el otro deja a las nietas y los nietos del exilio mirando las urnas desde la otra orilla del Atlántico.
En ambos casos, la igualdad resplandece en homilías, leyes y constituciones. Después tropieza con una puerta reservada.
Y todas estas personas aprenden la misma amarga lección: hay instituciones donde la igualdad entra por la puerta principal, recibe aplausos y pronuncia un discurso memorable. Pero, cuando llega la hora de repartir el poder, alguien se acerca y le susurra:
—Muchas gracias por venir. La votación será a puerta cerrada.
Entonces la igualdad recoge su abrigo, atraviesa en silencio la nave y sale, discretamente, por la sacristía.