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Fuente: Redes Sociales
Rafael Vez Palomino, sacerdote de la Diócesis de Cádiz y Ceuta desde 1991, lleva seis años suspendido canónicamente por denunciar lo que él considera abusos de poder, manipulación, despidos, desahucios y una gestión “neoliberal” de los bienes de la Iglesia bajo el exobispo Rafael Zornoza Boy y su equipo. Lo contó en una carta enviada al papa León XIV durante su visita a España en junio, pero todavía no ha recibido respuesta.
Ahora llevará su caso a la Signatura Apostólica, el máximo tribunal vaticano, porque sostiene que el tribunal eclesiástico que lo condenó no estaba correctamente formado. Traducido: denuncias abusos de poder, te apartan, te silencian y luego tienes que pelear durante años contra una maquinaria que siempre parece proteger hacia arriba.
La condena llegó en 2025, después de cinco años de proceso y suspensión cautelar. Le acusaron de “desobediencia a la autoridad” y de “suscitar aversión u odio” contra el Ordinario. La pena incluía abandonar la vivienda parroquial, 12 meses sin ejercer como párroco, administrador, profesor del seminario y canónigo de la Catedral de Cádiz, además de vivir apartado de medios y redes, dedicado a la penitencia y la oración. Muy evangélico todo. Vez sostiene que la sentencia es nula porque el colegio de jueces fue constituido en 2020 por un vicario judicial sin potestad para hacerlo y sin decreto formal del obispo. La Rota, en marzo, reconoció que faltaba ese decreto formal, pero aun así dio por válida una especie de voluntad “implícita” del obispo. Qué cómodo: si falta el papel, se inventa la intención.
El caso apesta a la vieja obsesión de la jerarquía por el silencio. Zornoza dejó de ser obispo a finales del año pasado, 15 meses después de alcanzar la edad de jubilación, y tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor en el seminario de Getafe, un caso cerrado en falso por el Vaticano porque no pudo determinar la edad de la víctima, pese a que el denunciante afirmaba tener 14 años. Mientras tanto, Vez asegura haber sufrido insultos, amenazas, gastos de defensa y una suspensión cautelar de 65 meses, mucho más larga que la pena impuesta.
El 27 de abril le ofrecieron levantar medidas y dar por conmutadas las penitencias; el 5 de mayo rechazó la propuesta porque implicaba aparentar culpabilidad. Pide tres cosas elementales: no reconocer una culpa que niega, reparación económica y restitución de su buen nombre. En la Iglesia de los pobres, al que denuncia abusos le piden penitencia; al poder, comprensión implícita.