Enviado a la página web de Redes Cristianas
(Propuesta abierta a personas, comunidades y organizaciones de la Iglesia en Murcia)
Las organizaciones católicas de la Diócesis de Cartagena, junto con todas las personas y colectivos que comparten esta preocupación, hacemos pública nuestra posición ante una
realidad que interpela de manera urgente nuestra fe y nuestra responsabilidad social: la situación de miles de personas inmigrantes que ya viven entre nosotros, trabajan en nuestra tierra y forman parte real de nuestra convivencia cotidiana.
Nuestra palabra nace del Evangelio de Jesucristo, de la Doctrina Social de la Iglesia y de la acción
del Espíritu Santo, que sigue suscitando en la Iglesia una llamada a la fraternidad, a la hospitalidad
y al cuidado de los más vulnerables. La acogida no es solo una opción social, sino una respuesta al Espíritu que impulsa a reconocer en cada persona la presencia de Dios.
Jesús se identifica sin ambigüedad con quien es extranjero y vulnerable: «Fui forastero y me acogisteis» (Mt 25,35).
Para los cristianos, el inmigrante no es un problema que gestionar, sino un hermano y una hermana en quienes reconocemos el rostro mismo de Cristo.
La iniciativa legislativa popular impulsada también desde la Iglesia, respaldada por más de 700.000 firmas, quiere responder a una realidad ya existente: personas que viven entre nosotros desde hace años, trabajan, sostienen sectores clave de la economía y participan en nuestra vida
social, pero permanecen en situaciones de inseguridad jurídica que favorecen la explotación, la economía sumergida y la fractura social. La regularización que se plantea no pretende ser una solución única ni automática, sino un paso necesario para afrontar con realismo humano esta situación.
Como recuerda el papa Francisco, «cada inmigrante es una persona humana que, como tal, posee derechos fundamentales inalienables» (Fratelli tutti, 39). En esta misma línea, la Iglesia en España ha afirmado que «los inmigrantes no son simplemente mano de obra; son personas con dignidad
y derechos que deben ser respetados y promovidos» (Conferencia Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, 58).
La fe cristiana reconoce también que la migración suele ser fruto de situaciones de injusticia, violencia o falta de oportunidades, y que el desarraigo constituye en sí mismo un sufrimiento. Por ello, la acogida debe ir unida al compromiso por transformar las causas que obligan a las
personas a abandonar su tierra y por promover un desarrollo justo en los países de origen.
Afirmamos que la diversidad cultural y étnica constituye una riqueza humana y social, siempre que se acompañe de procesos reales de integración, reconocimiento mutuo y participación en el bien común. San Pablo lo expresa con radicalidad:
«Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3,28).
Reconocemos igualmente el derecho y el deber de las administraciones públicas a ordenar los flujos migratorios, garantizar la seguridad jurídica y proteger la cohesión social. La Doctrina Social de la Iglesia enseña que la acogida debe realizarse de modo responsable, ordenado y sostenible,
atendiendo al bien común y a los recursos disponibles.
Precisamente por ello, consideramos necesario abordar con realismo la situación de quienes ya viven entre nosotros y cuya irregularidad prolongada no favorece ni la justicia ni la convivencia.
En el contexto murciano, esta realidad tiene rostros concretos. Personas migrantes sostienen
amplios sectores del trabajo agrícola, del cuidado y de los servicios. Viven en nuestros barrios, escolarizan a sus hijos y contribuyen al bien común. Sin embargo, demasiadas veces lo hacen en condiciones de precariedad jurídica, laboral y habitacional que hieren su dignidad y generan
tensiones sociales que nadie desea.
Nos preocupa profundamente el contexto global marcado por el auge de una cultura del miedo, del rechazo y del descarte. El papa Francisco ha denunciado esta lógica que «descarta a personas y pueblos enteros» (Evangelii gaudium, 53) y nos recuerda que «todo está conectado» (Laudato
si’, 91): no hay justicia social sin justicia humana, ni cuidado de la casa común sin cuidado de las personas más frágiles.
Como comunidad cristiana afirmamos que no hay contradicción entre identidad cristiana y hospitalidad, entre responsabilidad política y dignidad humana, entre seguridad y humanidad.
Solo una sociedad que protege a los más vulnerables fortalece realmente su cohesión y su futuro.
Este manifiesto no responde a posicionamientos partidistas ni a coyunturas políticas concretas.
La Iglesia no entra en los procedimientos legislativos, sino que recuerda un principio: la dignidad de las personas y la concordia social deben guiar cualquier medida que ayude a superar situaciones de injusticia. Se ofrece como propuesta abierta a comunidades cristianas, organizaciones sociales, movimientos y asociaciones civiles que deseen trabajar, desde la responsabilidad compartida, por una cultura de la acogida, la justicia social y la convivencia.