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En el Día Internacional de los Derechos Humanos
y 57 aniversario de la pascua del P. Pedro Velazquez
El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, coincide con el aniversario luctuoso del P. Pedro Velázquez, una de las figuras más lúcidas del Secretariado Social Mexicano.
Su vida invitó a generaciones enteras a unir reflexión, acción comunitaria y compromiso ético con la justicia. Recordarlo hoy no es sólo un homenaje: es un llamado a revisar, con sinceridad y corresponsabilidad, la situación del país y la necesidad de cuidar aquello que como ciudadanía hemos construido con tanto esfuerzo.
La conmemoración de esta fecha global (y esta memoria local) ocurre mientras México atraviesa un momento complejo. Mientras, día a día, el discurso gubernamental afirma vehementemente defender la dignidad humana, la paz y los derechos fundamentales, en diversos ámbitos (institucionales, económicos y sociales) observamos señales de alerta. No se trata de colocarnos frente al Estado ni de desacreditar un proyecto que surgió de amplias esperanzas populares.
Al contrario: es justamente porque nos sentimos parte de la responsabilidad democrática y de la construcción de un país más justo que señalamos, con ánimo propositivo, los riesgos que hoy amenazan esos mismos anhelos.
El proyecto de transformación que millones respaldaron en las urnas prometió romper con prácticas del pasado y consolidar una institucionalidad fuerte, al servicio de los sectores históricamente excluidos. Hoy, aunque el discurso presidencial reafirma esa intención —incluso con incrementos presupuestales en los sectores sociales, de derechos y programas prioritarios— la realidad en el terreno muestra un deterioro acelerado en la capacidad operativa de las instituciones encargadas de hacer posible esa justicia.
Esto es crucial: no basta asignar más presupuesto si, al mismo tiempo, se generan condiciones de centralización, discrecionalidad, rotación constante de personal, procesos improvisados o debilidad técnica que afectan la ética del servicio público.
Diversas áreas —salud, atención a migrantes, refugio, igualdad sustantiva, medio ambiente, vivienda, servicios comunitarios…— viven tensiones que no pueden ocultarse. La ciudadanía percibe rezagos, cierres parciales de servicios, menor profesionalización y, sobre todo, inconsistencia entre promesas y resultados.
Se trata de un impasse que no podemos permitir que se profundice, porque el costo social y democrático está siendo demasiado alto. Y porque las esperanzas de las mayorías no pueden quedar atrapadas en la distancia entre la intención y la práctica.
En este contexto entra también la dimensión económica, fundamental para cualquier proyecto de justicia social. Si bien a nivel macroeconómico el país se ha mantenido estable, la oportunidad histórica de construir un modelo postneoliberal está siendo desperdiciada por decisiones que, en los hechos, reproducen las lógicas del mercado desigual.
Basten dos botones de muestra:
La campaña “Hecho en México”, que podría haber impulsado una economía popular, cooperativa, agroecológica y de cadenas cortas, ha terminado favoreciendo —por diseño estructural— a los grandes capitales que operan en un marco de competencia irrestricta que México arrastra desde décadas. Sin políticas claras de protección a productores locales, sin estímulos a pequeñas industrias comunitarias y sin regulación activa frente a monopolios, esta campaña no se traduce en mayor poder adquisitivo para las familias, ni en la esperada redistribución económica.
El riesgo es claro: sin una economía realmente incluyente, la justicia social queda reducida a programas asistenciales, necesarios pero insuficientes para transformar las condiciones materiales de la mayoría, de forma sólida y duradera, más allá de las cifras de reducción de la pobreza.
Pocas áreas muestran la contradicción entre discurso y operación cotidiana de forma tan dolorosa como la política migratoria. México se ha proclamado país solidario, defensor de los derechos humanos y refugio para quienes huyen de la violencia y el hambre provocadas por el imperialismo estadounidense en nuestro sur global; o simplemente buscan una mejor vida. Sin embargo, en la práctica, nuestras hermanas y hermanos migrantes viven un trato que resulta discrecional, excluyente y en sistemáticamente violento, a un nivel comparable (y a veces mayor) que el que experimentan al intentar ingresar a Estados Unidos.
Lo que antes era una política subordinada a las presiones del exterior hoy parece haberse normalizado como política interna: retenes sistemáticos, centros saturados, retrasos injustificados, denegación arbitraria de trámites, entrevistas humillantes, traslados forzados, deportaciones sin debido proceso…
Y algo especialmente grave: los mismos agentes migratorios que hasta hace poco estaban vinculados a prácticas corruptas —incluida la entrega de migrantes a grupos criminales— hoy operan en consulados, delegaciones e institutos con actitudes discriminatorias, prepotentes y agresivas, con el consentimiento de sus superiores hasta no sabemos qué nivel de gobierno. Esto exige atención inmediata. Nada deteriora más el sentido ético de un proyecto de transformación que reproducir las lógicas que condenamos a otros gobiernos, en el trato a las personas migrantes.
Por eso sería altamente saludable que nuestra presidenta —quien ha reiterado su compromiso con la defensa de los más vulnerables— visite personalmente los lugares donde se procesan, protegen o se niegan derechos, para escuchar testimonios de migrantes, familias mexicanas, personal operativo y organizaciones de la sociedad civil. Tocar piso (más allá de visitas oficiales) no es señal de debilidad: es un acto de responsabilidad histórica.
Para el Secretariado Social Mexican, recordar al P. Pedro Velázquez en este día es recordar que la justicia social requiere claridad ética, análisis crítico y participación ciudadana. Su legado —tan vinculado a la pedagogía política, al trabajo comunitario y a la vigilancia ciudadana— nos recuerda que las izquierdas también pueden desviarse cuando no escuchan al pueblo, cuando se encierran en sus propias narrativas, cuando confunden apoyo ciudadano con aprobación incondicional.
El riesgo de un retroceso democrático no proviene sólo de fuerzas externas: también puede nacer desde dentro, cuando un proyecto transformador deja de transformarse a sí mismo y permite la entrada de oportunismos, simulaciones o prácticas del viejo régimen que costaron generaciones superar.
Nuestra crítica, por tanto, no apunta contra el Estado: apunta a salvaguardar el espíritu y la esperanza que dieron origen a la transformación, que aún tenemos la responsabilidad de cuidar y consolidar.
Por eso, como sociedad civil organizada, nos toca recuperar la capacidad de interpelar, exigir, documentar, incidir y proponer. Y hacerlo sin miedo, sin prepotencia, conscientes de nuestro debilitamiento y desarticulación, justamente como la oportunidad de confluir juntas y juntos para construir:
Instituciones que respiren justicia. Acompañar, vigilar y exigir que los incrementos presupuestales se traduzcan en capacidad real, personal calificado y procesos transparentes, especialmente en salud, igualdad, justicia, refugio y migración.
Una economía para la vida y no sólo para la macroeconomía. Exigir el impulso, junto con la sociedad, de modelos cooperativos, comunitarios, agroecológicos y de pequeña y mediana industria, y exigir políticas que frenen la concentración del mercado y fortalezcan el poder adquisitivo.
Un humanismo migratorio. Documentar, denunciar y acompañar casos de violaciones a migrantes, impulsar contralorías ciudadanas y exigir depuración, capacitación y supervisión rigurosa del personal del INM y de consulados.
La rearticulación de movimientos y organizaciones sociales. Fortalecer redes comunitarias que permitan una agenda común y una interlocución responsable con el Estado, basada en evidencia, ética y propuestas concretas.
La defensa activa de la democracia y formación política. Promover educación cívica, participación juvenil y vigilancia ciudadana del proceso electoral, para evitar tanto un retroceso democrático como la apropiación distorsionada del nombre de la Cuarta Transformación.
La memoria del P. Pedro Velázquez y el Día de los Derechos Humanos convergen hoy para recordarnos que la paz con justicia es una tarea compartida. No basta desearla ni proclamarla: es necesario construirla todos los días, desde el Estado y desde la sociedad, con humildad, autocrítica y responsabilidad histórica.
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