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Febrero 2025
Las Administraciones Públicas del Estado Español (APE) necesitan con
urgencia incrementar el nivel de los recursos públicos. Arrastramos un déficit persistente y un nivel de deuda que los criterios europeos de estabilidad nos obligan a reducir.
Esa reducción no puede venir por el lado del gasto sino por la elevación de las cifras de recaudación por numerosas razones como las siguientes:
? tenemos pendientes importantes ayudas para damnificados por tragedias
recientes en Palma o el levante español,
? es urgente la revisión del sistema de financiación autonómica que exigirá, como en ocasiones anteriores, un incremento de recursos,
? existen fuertes presiones para el incremento del gasto militar,
? son evidentes las carencias de prestaciones sociales básicas,
? resolver el problema de la vivienda va a exigir cifras importantes de
invresión,
? nuestra presión fiscal está varios puntos por debajo de la media europea y, especialmente, de los países más avanzados que es con los que se
compara la ciudadanía española.
Quizás resulta difícil abordar una reforma global de nuestro sistema tributario en su conjunto. Por ello, es urgente un acuerdo de Estado para aprobar cuanto antes medidas que permitan ese incremento de recursos públicos, sin perjudicar a la gran mayoría de los contribuyentes sino tan solo avanzando en la equidad, reduciendo privilegios o beneficios no justificados.
Por ello, solicitamos que, al menos, se aprueben cuanto antes las siguientes
medidas:
1. Aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que incorporen
todas las mejoras sociales necesarias, en su mayor parte prometidas, y los
recursos necesarios para su efectiva aplicación.
2. Revisar a fondo los numerosos beneficios fiscales de todos los impuestos,
que en su gran mayoría suponen una merma importante de ingresos,
benefician la elusión fiscal, son regresivos y tienen dudosa o escasa
utilidad social.
3. Seguir avanzando en el camino de igualar el gravamen soportado por las
rentas de capital frente a las rentas de trabajo.
4. Reforzar la imposición sobre los denominados superricos, cuyos ingresos
están creciendo de forma exagerada en los últimos años, de forma que
contribuyan de forma adecuadamente progresiva a la financiación de las
necesidades colectivas. En esta línea, apoyamos impuestos estatales
sobre los patrimonios elevados y las grandes herencias que coexistan con
los que son actualmente competencia de las Comunidades Autónomas.
5. Reforzar sustancialmente el peso de la denominada imposición verde. El
último Libro Blanco para la reforma fiscal apuntaba numerosas líneas para
el avance. En todo caso, deberán arbitrarse medidas compensatorias para
los colectivos sensibles que puedan sufrir perjuicios no deseables.
6. Estudiar medidas urgentes para gravar adecuadamente los beneficios
extraordinarios de empresas derivados de su poder oligopolista o
monopolista en el mercado y garantizar el efectivo cumplimiento de los
mínimos de tributación aprobados internacionalmente.
Las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Justicia Fiscal instamos a todos los partidos políticos a trabajar para el avance en, al menos, esos puntos, olvidando intereses partidistas cortoplacistas y apostando por los generales de la ciudadanía española.
Igualmente, ofrecemos nuestra colaboración y pedimos a la opinión pública el
apoyo a estas peticiones.