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Partimos de que nuestra sociedad no es una sociedad igualitaria. Es evidente que hay clases o grupos sociales, como queramos llamarles, muy diferentes. Hay una clase alta, una élite económica y social que va desde los súper ricos a una burguesía más o menos acomodada que va bajando hasta acercarse a la clase media. Abajo está el proletariado, la clase obrera, donde encontramos desde los trabajadores y trabajadoras más precarios, en el paro o con los trabajos menos valorados, hasta los trabajadores más especializados, que ya tienen un aceptable nivel de vida.
También debemos tener muy en cuenta que la diferencia no es sólo económica. La élite burguesa y la clase obrera tienen una mentalidad, una ideología, una cultura y una visión de la vida y de la sociedad muy distintas.
También sabemos perfectamente que en una democracia representativa, la soberanía corresponde al pueblo, en nuestro caso al pueblo español, y de él derivan los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
El poder legislativo -el Congreso de los Diputados- sale de unas elecciones generales en que todo el pueblo puede participar en igualdad de condicione, y puede ser elegido desde un banquero a un peón de la construcción. El Poder ejecutivo es designado por los diputados que sí han sido elegidos democráticamente. ¿Y el Poder Judicial? ¿Interviene algo el pueblo en el nombramiento del poder judicial? Pues el caso es que a los jueces no los nombra nadie. Para conseguir el título de juez es necesario cursar la carrera de derecho y luego superar unas duras oposiciones que exigen varios años de preparación. El título de juez sitúa a la persona que lo obtiene en una clase alta de la sociedad. Y lo más probable es que ya proceda de esa clase alta, porque difícilmente llegará a juez el hijo de un albañil.
Pues este tercer poder tan poco democrático, con la cultura y la mentalidad de una clase alta, puede cuestionar las decisiones de los poderes realmente democráticos. No cabe duda de que muchos jueces toman sus decisiones con la mayor honradez posible, pero también hay casos, como el que ha salido estos días en los medios de comunicación, el del juez Juan Carlos Peinado que, con una desvergüenza inigualable ha irrumpido en la campaña electoral para desprestigiar a Pedro Sánchez, citando como imputada a su esposa sin la más mínima acusación razonable. ¿Tendrá algo que ver el que este juez tiene una hija concejala del PP en el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón? Parece que han podido más sus simpatías por el Partido Pecador, que su deber de impartir justicia de forma imparcial.
El caso de este juez no es una excepción: ahí tenemos la situación del Consejo General del Poder Judicial, con los jueces conservadores bien agarraditos a sus sillones saltándose la ley que dispone su renovación a los cinco años.
Algo habrá que hacer para tener un Poder Judicial realmente democrático.