Las Mujeres de Paz de Latinoamérica y el Caribe, reunidas en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, del 26 al 30 de mayo del 2008; convocadas por: 1) las expresiones beligerantes y el clima bélico que amenazan con desestabilizar la paz en la Región, específicamente en Bolivia, y que generan confrontaciones que alcanzan a países hermanos como Colombia, Ecuador y Venezuela; 2) la falta de implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 3) el alarmante incremento de la trata y tráfico de mujeres, niñas, niños y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos, en suma, todas formas graves de violación a los derechos humanos que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos, por lo que no podemos permanecer indiferentes ni en silencio:
Considerando:
Que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un poderoso instrumento en la prevención, solución y reconstrucción del conflicto, que mandata a los Estados Parte a llevar a las mujeres a las mesas de discusión y de toma de decisiones tanto en los conflictos armados internacionales y no internacionales, y a tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.
Que la Resolución 1325 es un mecanismo para empoderar a las mujeres en la prevención del conflicto, durante el conflicto en la búsqueda de soluciones y después del conflicto en la reconstrucción del tejido social y la reconciliación nacional e internacional.
Que la Resolución 1325 se refiere a los compromisos contraídos por los Estados Parte tanto en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma).
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Jóvenes en la Región Latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido, entre otros, a la situación de pobreza y pobreza extrema; el genocidio del hambre; el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades; las profundas disparidades y desigualdades entre los géneros; la violencia y la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en nuestros países, agravadas por su condición de edad, origen étnico y raza, retos especiales, creencias religiosas, y otras exclusiones; y a que en varios países no se cuenta con políticas públicas, programas, planes de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados verdaderamente efectivos, hasta ahora, en la prevención, protección y combate a estos flagelos.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Jóvenes en nuestra Región, como en otras partes del mundo, se ve agravada por la trata interna con propósitos de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas y posibles víctimas, siendo éste un fenómeno mucho más extendido que la trata internacional.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es una forma grave de violencia contra las mujeres, según se establece en la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, y una forma contemporánea de esclavitud.
Que el Dolor que Sufren las Víctimas y sus Familias y las consecuencias que tiene sobre hijas e hijos, madres y padres, son irreparables, y los sistemas de justicia ofenden nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas, negándoles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento del daño ocasionado. Que en consecuencia, hasta tanto no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva.
Que Cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre ellas la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas, es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz, y que urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y banalización del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de los Estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias.
En Consecuencia, Exigimos:
Primero. La difusión amplia y la aplicación efectiva de la Resolución 1325 en el derecho interno de nuestros países, así como su utilización en el empoderamiento de las mujeres para que se vuelvan actoras en las mesas de diálogo y negociación, bajo los principios del derecho internacional.
Segundo. La Ratificación del Estatuto de Roma por aquellos países que no lo han hecho y la armonización del Estatuto en su derecho interno.
Tercero. El respeto y el cabal cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de las Recomendaciones Generales y de las Observaciones Finales por país del Comité de la CEDAW y la ratificación inmediata de su Protocolo Facultativo, en el caso de los países que no lo hayan hecho.
Cuarto. El alto inmediato de las agresiones entre Estados vecinos, como es el caso de Ecuador, Venezuela y Colombia, y entre grupos de un mismo país, como sucede en Bolivia. La polarización sólo engendra violencia, resentimientos y conflictos, que podrían constituirse en un obstáculo para el cumplimiento de las Metas del Milenio y el combate a la pobreza. Rechazo y condena a las agresiones bélicas, vengan de donde vengan. Que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas y sus valiosos aportes en la prevención del conflicto y en la construcción de una paz latinoamericana y caribeña duradera.
Quinto. Repudiamos el injusto bloqueo económico a Cuba y exigimos su cese inmediato, ya que constituye un atentado contra los derechos humanos del pueblo cubano y especialmente de sus mujeres, niñas, niños y jóvenes.
Sexto. Exigimos políticas públicas, planes de acción y leyes efectivas contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas, niños y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Proponemos la elaboración inmediata de una Ley Marco que garantice la prevención, la protección de las víctimas, y el enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores, e incluso adoptar medidas legales y de otra índole para desalentar la demanda, ya que firmemente creemos que, sin demanda, no hay explotación. Rechazamos la corrupción y las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres, niñas, niños y jóvenes. De igual modo, repudiamos el avance de la narcopolítica en nuestra Región. No podemos ni debemos permitir su naturalización en nuestras sociedades, y nos pronunciamos para que no se sigan usando mujeres, niñas, niños y jóvenes para el tráfico de drogas y, en cambio, se les reconozca como víctimas y no como delincuentes.
Séptimo. Llamamos a los países de la Región Latinoamericana y del Caribe que no lo han hecho, a ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y los Protocolos Adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional sobre Trata y Tráfico de Personas, también conocidos como Protocolos de Palermo, y a llevar a cabo una efectiva armonización de estos tratados en su derecho interno. No podemos tolerar la utilización de bebes para sexo oral, ni la prostitución de niñas y niños a edad cada vez menor. Condenamos enérgicamente que se legisle sobre el consentimiento como causa excluyente del delito.
Octavo. Exigimos a nuestros países el cumplimiento de las Metas del Milenio, el combate frontal y decidido a la pobreza y la pobreza extrema, y a la hambruna que amenaza la paz interna de nuestros países y se constituye en un genocidio físico y moral por la violación al principio de la debida diligencia; el cuidado y no encarecimiento del agua y la adopción de medidas eficaces contra la destrucción de la tierra.
Noveno. Demandamos justicia y paz en Latinoamérica y el Caribe, porque las mujeres, las niñas, los niños, las y los jóvenes tienen derecho a una vida libre de todas las violencias y a gozar de todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, por lo que se les debe dotar de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.
Décimo. Exigimos que se reconozca el aporte, la experiencia y la sabiduría de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, expertas por su labor y su compromiso, y que se celebren consultas con las organizaciones y redes existentes en la región cuando se elaboren políticas y se tomen medidas para la prevención, la protección y la sanción de la trata y el tráfico de mujeres, niñas, niños y jóvenes. Cualquier ley, acción o política debe ser género sensitiva, no puede ser neutral al género.
Convocamos:
A las Mujeres de Paz de Latinoamérica y del Caribe y de todas las regiones y países del mundo, para que hagan suyo este pronunciamiento y condenen, colectiva e individualmente, el intento de criminalizar las actividades de paz que ha llevado a cabo la Senadora Piedad Córdoba, en el conflicto armado no internacional en Colombia.
Condenamos y Rechazamos:
Cualquier intento de criminalizar las acciones que realizan las mujeres latinoamericanas, caribeñas y del mundo por la paz, la justicia y el desarrollo.
Dado en San Miguel, Buenos Aires, Argentina, el 30 de mayo del 2008.
¡Por la Vida de las Mujeres, No más Impunidad!
¡Contra las Violencias, Todas las Voces!
¡Las Mujeres en las Mesas de Diálogo, Negociación y Toma de Decisiones!
¡Ni una Mujer más Víctima de las Redes de Prostitución!
¡Por el Combate efectivo y eficaz a la pobreza y al hambre, y por la Dignidad!
¡Verdad, Justicia, Reparación y Paz!
Martha Pelloni y Ma. del Carmen Sarthes (Argentina) – Silvia Pimentel (Brasil) – Rafaela Vos Obeso (Colombia) – Lizette Vila Espina (Cuba) – Laura Buitrón Aguirre (Ecuador) – Teresa C.Ulloa Ziáurriz (México) – Ma. del Pilar Callizo (Paraguay) – Beatriz Benzano (Uruguay) – Nora Castañeda (Venezuela) – Nora Franco, Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de Mujeres de Paz en el Mundo
Adhieren :
Red Canarias en Movimientro – Red Género y Familia – Red Uruguaya contra la Violencia doméstica y sexual – CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana – Comisión Nacional de Seguimiento – Mujer y Salud en Uruguay – Mujer Ahora – Casa de la Mujer de La Unión – Caleidoscopio, Grupo de Espiritualidad Feminista – Casabierta, Hnas. Oblatas – Grupo Alborada de Nuevo Paris – Arcoiris – Taller Infantil – La República de las Mujeres – Belela Herrera, Mujer de Paz, Presidenta de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio – Marta Delgado, Consultora en Género y Paz – Carlos D. Pérez , Coordinador de la Red Solidaria para los Derechos Humanos
El Colectivo de ExPresas Políticas apoya firmemente la Declaración de las Mujeres de Paz de América Latina y el Caribe, y por su parte, como un gran número de ellas fue víctima de violación y/o abuso sexual al ser detenidas y torturadas, exige que nuestro gobierno cumpla, a la brevedad posible, con el artículo 11de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que está obligado a aplicar por ser Estado Parte, y en la que se basa esta Declaración de las Mujeres de Paz, a saber : «Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía».