Un año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara formalmente que ya disponía del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo incumple, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones.
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