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¿Deberán votar siempre los católicos a la derecha? -- Antonio Moreno de la Fuente, miembro de las CCP y de CPS

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Comunidades Cristianas Populares

Así parece afirmarlo la Nota publicada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), el 21 de octubre del 2011, ante las próximas elecciones generales del 20 de Noviembre. Mediante ella la CEE trata de orientar el voto de los católicos y “de cuantos deseen escucharles” en contra de los partidos que promueven opciones legislativas: “que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte”; “no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos” ; “lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos”; no favorecen “la presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal – como asignatura fundamental opcional” o “reconozca a una organización terrorista como representante político”.

Como es fácil apreciar, las opciones legislativas del aborto, el matrimonio homosexual y reconocer a una organización terrorista como representante político (¿Bildu, Amaiur?) las rechaza también el Partido Popular, quien promueve también el derecho de los padres a la elección del Centro que imparta una educación filosófica, moral y religiosa católica y a la enseñanza de la religión en la escuela estatal. Por lo que la CEE se identifica, en estos puntos, con el Programa del Partido Popular y orienta claramente el voto hacia el mismo, es decir, hacia la derecha.

¿Nos debe extrañar esto? No creo, porque lo hacen siempre que hay unas elecciones generales y, si repasamos nuestra historia, observaremos que los obispos vienen orientando el voto de los católicos españoles hacia los partidos de la derecha, al menos desde que, por la Ley del 26 de junio de 1890, se instaura el sufragio universal en España ( ).

Por esos años, los católicos españoles en su gran mayoría o no votaban en las elecciones, siguiendo la orientación de Pío IX en su decreto Non expedit (no conviene) ( ), del 10 de septiembre de 1874, por el que aconsejaba a los católicos italianos que no votasen en las elecciones convocadas por un gobierno italiano que había usurpado los Estados pontificios en 1870 o votaban a los partidos conservadoras existentes, que se encontraban divididos entre integristas, carlistas y alfonsinos. El carlismo comenzaba a rechazarse por utilizar la guerra civil como medio para resolver la cuestión dinástica. El integrismo era la postura más común entre los católicos, que seguían manteniendo en lo político las tesis tridentinas y del Vaticano I: Unidad de la nación católica española, imposición forzada de las costumbres y comportamientos católicos ortodoxos, estricta censura y vigilancia de cualquier actitud heterodoxa, confesionalidad explícita de las obras sociales y rigurosa obediencia a las directrices doctrinales papales y de los obispos.

Frente a este integrismo “cerrado y de sacristía”, que dice Machado, el arzobispo de Valencia y obispo de Madrid-Alcalá, Victoriano Guisasola y Menéndez ( ) recomienda a los católicos, en las elecciones que se celebraron en 1907, que voten siguiendo la teoría del “mal menor”, teoría conocida como posibilismo, propuesta por los jesuitas de Razón y Fe y ratificada por el Papa Pío X en su carta Inter catholicos hispaniae (Entre los católicos de España) del 1906, según la cual los católicos pueden votar e ir en candidaturas electorales del partido conservador, en “una unión accidental y transitoria de los católicos con los menos malos… para vencer en ellas a los peores” (es decir, a los liberales), según decía el P.Villada ( ). Y, efectivamente, con el apoyo de los católicos y espoleados por sus obispos, triunfó el partido conservador de Antonio Maura en las generales de 1907 y en las municipales de diciembre del 1909. Con razón dice Montero García que la acción de los católicos en política, en este tiempo, oscila entre el integrismo y el posibilismo ( ), pero siempre dentro de la opción de derechas, por la oposición rotunda que la Iglesia española tuvo hacia el liberalismo del siglo XIX, a excepción del tiempo de las Cortes de Cádiz.

La llegada al poder de los liberales, en enero del 1910, con José Canalejas, García Prieto y Romanones y su victoria en las elecciones generales del 15 de junio de ese año, desató una campaña de movilización católica sin precedentes, sobre todo, cuando el gobierno de Canalejas dio algunos pasos en la separación de la Iglesia y del Estado, al establecer la libertad de cultos, el matrimonio civil, las escuelas laicas y prohibir, por la ley de Asociaciones o del Candado (diciembre de 1910) la implantación de nuevas Órdenes religiosas en España ( ). Todo esto, mas el auge cada vez mayor de republicanos, socialistas y anarquistas, las continuas huelgas de la clase obrera y el malestar por la guerra del Rif, dio motivo a que se plantease por los obispos y la prensa católica la necesidad de una participación plena de los católicos en la vida política española, marcando distancias con los integristas y carlistas. Consecuencia de ello fue la publicación por el Cardenal primado Aguirre, el 8 de enero de 1910, de unas Normas de Acción Católica y Social en España ( ), que servirían de pauta para todo el movimiento católico posterior en su acción social y política.

El Cardenal primado anima a los católicos a que se presten a “ser elegidos concejales, diputados provinciales y representantes en Cortes, para procurar el bien del pueblo y reformar las leyes en sentido favorable a la Religión…o trabajar por infiltrar y difundir en la sociedad el espíritu cristiano” (la cursiva es mía) (n.1). Lo que ocurriría, entre otras mil circunstancias de aquel tiempo azaroso, con la entrada en el gobierno del conservador Eduardo Dato en octubre de 1913, en vísperas de la I Guerra mundial ( ).

Con Pío XI (1922-1939) se instala de nuevo la tendencia integrista en la Iglesia católica y en la española particularmente. Este papa preocupado por zanjar, a cualquier precio, la cuestión de la usurpación de los estados pontificios capitula ante las exigencias fascistas de Mussolini. Acepta el Tratado de Letrán (11 de febrero de 1929), por el que el estado italiano reconoce al Estado Vaticano y firma un Concordato con el estado fascista de Mussolini. En su virtud, Pío IX imprime un cambio de rumbo en la Acción católica, recluyéndola al interior de la sacristía, al limitar su acción al estudio y propaganda de la fe católica y apartarla de su acción social y política, de formar sindicatos y partidos políticos, porque el fascismo no admitía ningún sindicato ni partido político fuera del gubernamental. Y así prohíbe en 1923, al Partito Popolare italiano, fundado por el sacerdote Luigi Sturzo en enero del 1919 y aprobado por Benedicto XV ( ) y en Francia, el 29 de diciembre de 1926, condena también al partido católico de tendencia monárquica l’Action Française de Charles Maurras ( ).

Y sin pluralidad de partidos no hay votaciones, con lo que el Papa no sólo aparta a la Acción católica de la vida social y política autónoma, sino que bendice también la pérdida del derecho al voto de los católicos. En España, durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la tendencia dominante en el movimiento católico, dirigido por los obispos, es igualmente el integrismo: estricta confesionalidad de todas las obras sociales y pastoral de plena e íntegra recristianización de la nación, como lo planteaba el nuevo cardenal primado Pedro Segura y se plasma en las Bases de la Acción Católica de 1926, según la nueva concepción de Pío XI ( ).

Durante la II República, “que la primavera nos trajo de la mano” según decía Antonio Machado, las orientaciones de los obispos para que los católicos participen en la política se hacen más apremiantes, sobre todo porque han de confrontarse con fuerzas hostiles y en un ámbito desfavorable, tras el triunfo republicano-socialista el 14 de abril de 1931. Así lo decía el Cardenal primado Segura, en una carta pastoral publicada el 1º de mayo de ese mismo año: “los católicos no debían permanecer quietos y ociosos en el momento de elegirse Cortes constituyentes, sino que debían unirse para defenderse y lograr que fuesen elegidos candidatos con suficientes garantías de defender los derechos de la Iglesia y el orden social” ( ). Y más que apremio suscitan oposición, cuando se discutía en el Parlamento los arts. 26 y 27 de la nueva Constitución, en donde se plasmarían las nuevas relaciones del Estado con la Iglesia. Todo ello, sumado a la ley de Congregaciones y las circunstancias ocurridas durante el bienio republicano, dio ocasión a que los obispos urgieran de nuevo a que los católicos se organizasen.

Así ocurrió y “es en este tiempo, nos dice Montero García, cuando los sectores más posibilistas hegemonizan el movimiento católico, tanto en el terreno político como en el social y cultural” ( ), a través de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada por el jesuita Ángel Ayala en 1909 ( ) y dirigida ahora por el abogado y posteriormente obispo Ángel Herrera Oria, apoyado en su periódico El Debate y en el partido católico Acción popular, que había fundado, núcleo principal de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) ( ). Estos instrumentos y, sobre todo, la creación de la CEDA, hicieron posible el triunfo de la derecha en las elecciones generales del 19 de noviembre del 1933, alcanzando la mayoría parlamentaria. “Las elecciones hacían de la CEDA el primer grupo parlamentario y de los radicales y grupos de centros, el eje de la situación política” ( ). En los años posteriores a la segunda Guerra mundial, los partidos demócratas cristianos llegarán al poder, con el aplauso de Roma, en casi todos los estados europeos. Sólo en España y Portugal será distinto.

Tras el golpe militar que el general Franco dio contra la República legítimamente constituida y durante el largo período de la Dictadura, la jerarquía eclesiástica menospreció la acción política posibilista de la CEDA y a sus personalidades más destacadas, Gil Robles, Herrera Oria, Manuel Jiménez Fernández ( ), prefiriendo el integrismo de Cristiandad que el régimen franquista le ofrecía. Se produce entonces “una interpenetración o simbiosis entre el factor religioso católico y el factor nacional español, que es lo que constituye el nacionalcatolicismo hispano”, plasmado en el Concordato de 1953 ( ). La actividad de los católicos queda reducida a manifestaciones de piedad, culto, formación, obras de caridad etc., sin actividad sindical y política autónoma, como en la República, ya que el régimen franquista no permitía actividad sindical y política que no fuera la gubernamental, como el fascismo de Mussolini. La jerarquía eclesiástica prefirió la absoluta tranquilidad y soledad que suponía ser la religión católica la religión del estado franquista, a la insegura actividad autónoma del movimiento católico posibilista de la CEDA, en el régimen democrático parlamentario de la República.

En la segunda mitad de los años cincuenta, la Acción católica obrera (JOC y HOAC) comienza a alejarse tanto del sindicato gubernamental como del confesional, lo que suponía una crítica de las relaciones de cristiandad entre Estado e Iglesia, plasmadas en el Concordato y de la relación natural entre la Iglesia y la derecha, que defendían los obispos. Estas posturas se basaban en las nuevas doctrinas sobre la “autonomía de lo temporal”, sostenidas por los franceses Maritain, Mounier y la teología del laicado de Yves Congar ( ). La autonomía de lo temporal se afirmaba frente a la Iglesia, tanto frente a su jerarquía, que tanto había intervenido en lo temporal a través de la historia, como de su propia misión. “La Iglesia –se dirá- tiene dos misiones: evangelización y animación de lo temporal…La tarea de construcción del mundo no le incumbe” ( ).

Al seglar católico que está inmerso en el mundo y en lo temporal sí le incumbe esta tarea de construir el mundo, junto con otros seres humanos, pero al mismo tiempo, en cuanto cristiano, tiene también la misión de animarlo de espiritualidad cristiana. Diversos miembros de la Acción Católica (JOC y la HOAC) son los primeros seglares católicos que interpretan esta tarea de inserción en lo temporal de forma autónoma, independientemente de las orientaciones doctrinales de los obispos, cuya autoridad monopolística, una y otra vez, se cuidaban de recordar en sus pastorales. Y lo hacen, luchando por las libertades democráticas, codo con codo con militantes de sindicatos de clase y de los partidos socialistas y comunistas, aún en la clandestinidad, totalmente tabú en este tiempo ( ). La experiencia también de los “Curas obreros” (Francia 1944) que rompe, al integrarse en el mundo del trabajo manual, la segregación de su estado clerical, es un gesto de alejamiento del monopolio doctrinal jerárquico ( ). Estas nuevas experiencias autónomas frente a la jerarquía las consolidará el Concilio Vaticano II.

El Concilio Vaticano II (1962-1965), que coincide con la época del distensión entre los Unión Soviética de Krutschev y los EEUU de Kennedy, supuso para la Iglesia católica el principio de un cambio de mentalidad, tanto en sí misma como en su relación al mundo ( ). En nuestra patria, la dictadura y los obispos con ella, ofrecieron serias resistencias al Concilio. Sólo se llevó a cabo una mínima apertura en materia de libertad religiosa a través de la Ley de junio de 1967, pero el poder político, con anuencia de la jerarquía, agudizó su represión contra los grupos cristianos críticos a la unión de la Iglesia y el Estado del régimen de Cristiandad, que aún se mantenía. Estos hechos forzaron el alejamiento de los movimientos de Acción Católica de la jerarquía en 1966 y la ruptura con la concepción del nacionalcatolicismo en la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes celebrada en septiembre de 1971 y el nacimiento de otros movimientos católicos de izquierda, que colaboraron con las organizaciones de masas, sindicatos y partidos políticos de izquierda en el período de la transición española y los primeros años de la democracia: los Curas obreros, Cristianos por el Socialismo (CPS), Comunidades Cristianas Populares (CCP), Somos Iglesia etc. ( ).

Todo esto nos lleva a concluir, que en la Iglesia que somos todos, hay libertad de opinión en cuestiones morales, sociales y políticas e incluso en la interpretación de nuestra fe. Que los seglares católicos somos autónomos en tomar nuestras propias decisiones y, en ellas, nos podemos dejar guiar por muchas orientaciones, entre ellas las de nuestros obispos, pero también podemos rechazarla, porque ellos no tienen el monopolio de la verdad y, por tanto, podemos no seguir sus orientaciones, como es el caso presente.

¿Deberemos votar siempre los católicos a la derecha? Rotundamente No, aunque nos lo digan los obispos. Las opciones de derecha que históricamente siempre defendieron, hoy el PP como en la República la CEDA, no son las únicas que podemos practicar hoy los católicos españoles. No se puede identificar la opinión de toda la Iglesia con sola una opción política, como siempre hacen ellos. Nosotros, como personas y como cristianos, somos adultos y podemos formarnos nuestra propia opinión en cuestiones morales, sociales, políticas, distinta de las que ellos tienen. Del mismo modo que podemos estar de acuerdo con las opciones legales que defienden el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, el excluir la asignatura de Religión de las escuelas públicas etc., también podemos votar a los partidos de izquierda, incluso a los que están situados a la izquierda del PSOE, que hoy no se parece en nada al de la República.

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