La Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, es la fuente más consistente para conocer la distribución de la riqueza entre los hogares españoles. Hasta ahora se han aplicado cinco encuestas, una cada tres años, entre 2002 y 2014 (publicada en 2017).  La principal conclusión es que la desigualdad existente entre el patrimonio medio de los hogares ricos y pobres se ha doblado en tan sólo 12 años. Si en 2002 el 50% de hogares más ricos tenía un patrimonio medio 6,6 veces mayor que el del 50% de hogares más pobres, esa diferencia ha pasado a ser de 12,2 veces en 2014.

La polarización se ha extremado entre  el 10% de hogares más ricos y el 25% de hogares más pobres. Los primeros han incrementado su patrimonio medio en un 53% y acumulan 1,3 millones de euros por hogar en 2014, incluyendo aquí el 85% de las acciones empresariales y el 69% de los fondos de inversión. En el otro extremo se sitúa el 25% de hogares más pobres, que han perdido un 108% de su patrimonio medio, acumulando en 2014 un patrimonio neto negativo de 1.300 euros por hogar. Este segmento de hogares presenta los peores resultados en el período 2011-2014, coincidente con la primera legislatura del Partido Popular.

El efecto más grave de esta evolución es el drama al que se ha visto abocada la cuarta parte más empobrecida de la población, unos doce millones de personas, cuyo patrimonio neto ha pasado a ser negativo por primera vez desde 2002. En el origen de esta evolución encontramos tres causas inmediatas: el desempleo sin ningún tipo de prestación, que afecta a unos tres millones de personas; el subempleo eventual y poco remunerado; y el creciente endeudamiento de muchas de estas familias.

En especial, las deudas de los hogares pobres han crecido diez veces más que las del resto de la población y pesan como una losa sobre sus ingresos. El  principal componente de esta deuda es la vivienda, que ha crecido de forma continua: en 2002 sólo el 16% de los hogares más pobres tenía deuda hipotecaria sobre su vivienda, y ésta era de 48.300 euros por hogar; en 2014 se ha doblado el número de hogares con ese tipo de deuda (31%) y casi se ha triplicado su  valor (114.400 euros).

El segundo componente de la deuda son los créditos personales para pagar gastos extraordinarios. Al no disponer de patrimonio propio, muchas familias empobrecidas se ven obligadas a pedir créditos para acceder a recursos básicos, con el efecto doblemente perverso de incrementar su nivel de deuda y ampliar el negocio (bancario) de los hogares ricos.

La creciente carga de deuda que soportan las familias empobrecidas conduce inexorablemente a una parte de ellas al impago de la vivienda, comprada o en alquiler, dando lugar a desahucios y lanzamientos, así como a las correspondientes ocupaciones de viviendas vacías ante la falta de una política habitacional que permita resolver tales emergencias. Otras veces se deja de pagar la luz, el agua o el gas, con el consiguiente problema del corte del suministro, o se producen situaciones de insolvencia para acceder a necesidades básicas como la alimentación, el vestido, el transporte o los gastos extraordinarios de educación y salud, etc.

Estas situaciones de pobreza y exclusión de los derechos sociales más básicos se ven compensados sólo parcialmente por las políticas sociales y son el corolario de la política económica seguida por España en las últimas décadas, tal como recogen los indicadores del Barómetro social de España: mientras el capital empresarial se ha multiplicado por cinco entre 1994 y 2015, los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 10%, y la amenaza del paro y las reformas laborales regresivas han frenado la capacidad de reacción de la población asalariada.  Las relaciones de poder en el ámbito económico se extienden a las instituciones políticas y, como señala Intermon-Oxfam, “quienes tienen dinero lo utilizan para comprar poder y manipular en su favor las leyes, normativas y políticas, generando una espiral de aumento de la desigualdad económica”.

Sobran argumentos, éticos y evangélicos, para cuestionar esta espiral de desigualdad que concentra la riqueza en pocas manos y condena a la exclusión social a más de la quinta parte de la población española. Tenemos que reaccionar.