“No tenía casa y le acogisteis” (Mt. 25,35)
Los Barómetros mensuales del CIS, desde diciembre de 2024 a julio de 2025, recogen de forma ininterrumpida que “el principal problema que existe en España” es la vivienda. Un año antes este tema ocupaba el puesto Nº 12 y dos años antes el 20. El acelerado incremento de los precios, junto a la expansión de los pisos turísticos y la entrada de fondos buitre en busca de rentabilidad, entre otros factores, hace cada vez más difícil el acceso a la propiedad o al alquiler a los sectores sociales con menos ingresos. En especial, la juventud, se ve obligada en muchos casos a permanecer en casa de sus padres, a utilizar la fórmula de pisos compartidos o a ocupar un piso vacío. Como recoge el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza (junio 2025), “el acceso a la vivienda se ha convertido en una carga económica cada vez más difícil de sostener, con efectos negativos sobre la equidad social, el ahorro familiar y las posibilidades de desarrollo vital”.
Otra vertiente del problema de la vivienda son los desahucios, en este caso por la dificultad creciente de pagar las cuotas del alquiler o la hipoteca. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el último cuarto de siglo se han iniciado 2,45 millones de desahucios (280 diarios). Un problema crónico, que se agudizó a raíz de la crisis de las hipotecas, hasta llegar a superar los 400 desahucios diarios, y reducirse poco a poco en los años siguientes pero siempre por encima de los 200. Al iniciarse 2024, último año con datos completos, 131.488 hogares estaban pendientes de desahucios de años anteriores, a los que se añadieron otros 75.392 iniciados a lo largo del año, la mayoría de alquiler. O sea, que unos 200.000 hogares, más de medio millón de personas, padeció en 2024 el drama de un desahucio. ¿Cómo es esto posible? La clave nos la da la Encuesta de Condiciones de Vida según la cual en los últimos cinco años más del 10% de los hogares ha tenido “retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal”. La misma encuesta registra que el gasto mensual medio, tanto del alquiler como de la hipoteca, ha aumentado un 26% en el conjunto de España desde 2018, afectando más a los hogares pobres que tuvieron que dedicar el 54% de sus ingresos para pagar el alquiler, con el consiguiente problema de impago e inminente desahucio.
La vivienda no es un derecho, como recoge el art. 47 de la Constitución, sino un bien de mercado que divide en canal a la sociedad española: de una parte, algo menos de la mitad (45% de los hogares) tiene vivienda en propiedad sin cargas y goza también en muchos casos de una segunda vivienda que a veces se dedica al alquiler; de otra, el 21% de los hogares viven de alquiler y el 29% con hipoteca pendiente, que tienen que pagar cuotas mensuales crecientes a caseros, fondos de inversión y bancos, éstos dos últimos en manos mayoritariamente del primer grupo de propietarios sin cargas.
Según la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, los inmuebles son el principal componente de la riqueza de los hogares, por lo que es fácil concluir que la enorme desigualdad existente entre la mitad más rica de España y la más pobre, que va de 12 a 1 en 2022, tiene mucho que ver con el desigual acceso a la vivienda. Algunas reformas de los últimos años (nueva ley de vivienda, medidas para reducir los desahucios, subida del salario mínimo, reforma laboral, etc.) han favorecido una ligera reducción de la desigualdad pero siguen siendo insuficientes para frenar la escalada de precios del sector privado y la inacción del gobierno y las comunidades autónomas en materia de vivienda social.
Redes Cristianas, conocedora de esta lamentable situación, que en ocasiones se da incluso en el seno de las propias familias y que afecta principalmente al sector social más vulnerable, pide y exige a las administraciones públicas soluciones urgentes y eficaces.