Cada cuatro años el Banco de España publica la Encuesta Financiera de las Familias, principal fuente para conocer cómo se distribuye la riqueza entre los hogares en términos de patrimonio (bienes en propiedad menos deudas). La encuesta aparece siempre con más de dos años de retraso, la última salió hace pocos meses y corresponde a 2017. Pues bien, cada nueva edición de la encuesta confirma la tendencia al ensanchamiento de la desigualdad y fluctuaciones particulares asociadas al ciclo económico.
Desde la primera encuesta de 2002, la polarización se ha extremado entre el 10% de hogares más ricos y el 25% más pobre. En los tramos restantes se reproduce la misma lógica: aumentan su patrimonio los relativamente ricos y lo reducen los relativamente pobres.
La décima parte de hogares más ricos ha incrementado su patrimonio medio un 58% desde 2002, acumulando una riqueza en 2017 de 2,5 billones de euros, más que todo el resto de hogares. En lo financiero han copado prácticamente todo el mercado empresarial al disponer del 85% de las acciones cotizadas en bolsa, del 97% de las acciones no cotizadas y del 77% de los fondos de inversión. En el plano inmobiliario, el 93% de estos hogares dispone de segundas y terceras viviendas que a veces arriendan a hogares más pobres. Estos hogares más ricos disfrutan de un nivel de consumo superior en todos los órdenes y además tienen más capacidad de ahorro e inversión, lo que les permite incrementar año a año su patrimonio.
En cambio, la cuarta parte de hogares más pobres, donde viven 12 millones de personas, partía en 2002 de un pequeño patrimonio medio (17.000?? netos) que era cincuenta veces menor que el del grupo anterior (857.000??). Tan exiguo patrimonio se fue reduciendo hasta pasar a ser negativo en 2014 y 2017, lo que significa que sus deudas han terminado por sobrepasar a sus activos. Se trata de un sector de la sociedad que a duras penas puede hacer frente a sus necesidades cotidianas dando lugar con frecuencia al impago de la vivienda, la luz, el agua o el gas, y el consiguiente problema de desahucio o corte del suministro, así como a situaciones de insolvencia en la compra de alimentos, vestido, transporte, gastos extraordinarios de educación y salud, etc.
Entre 2011 y 2017, estos hogares empobrecidos perdieron unas 700.000 viviendas en propiedad, en la mayor parte de los casos por desahucio, por lo que la mayoría ha pasado a vivir de alquiler. Este proceso de desposesión de la vivienda en propiedad ha aumentado el trasvase de renta desde los hogares pobres hacia los ricos a través de los alquileres provocando una sangría de más de 22.000 millones de euros en 2017, según las estimaciones de Colectivo Ioé (www.barometrosocial.es). Un problema que se agudizó debido a que entre 2011 y 2017 el salario medio se redujo un 4,4% en euros constantes y los alquileres subieron un 30%.
A partir de una fuente tan poco sospechosa como el Banco de España, Redes Cristianas se pregunta por la legitimidad de un modelo socio-económico que no propicia la cohesión social, sino que acrecienta la desigualdad. Se podría pensar que es algo inevitable, pero no es así. El problema es el reparto. Tendríamos que lograr que la riqueza se distribuyera con mayor equilibrio, que el sistema de impuestos fuera más progresivo y que los derechos dejaran de ser letra formal de nuestras leyes. Una labor que, en democracia, no puede ser coto cerrado de los partidos políticos sino responsabilidad de una ciudadanía consciente y comprometida.