Los mensajes de manifestaciones y acampadas, los titulares de algunos medios de comunicación en los últimos días de septiembre han sido contundentes: “Concentraciones en ciudades de todo el Estado para señalar el desahucio de Maricarmen de 87 años…”; “Una ley que permite desahucios a personas tan vulnerables y las desorbitadas subidas de precios llevan al límite a gran parte de la sociedad…”; “La vivienda hoy parasita los salarios de los trabajadores mientras nutre las rentas cada vez más lucrativas de los propietarios…”; “Los Sindicatos de Inquilinas apuntan a la falta de medidas políticas efectivas de los distintos gobiernos…”
León XIV lanza una pregunta a la opinión pública: “¿cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar?» Intentamos responder. Nos hubiera gustado que él también ofreciera alguna respuesta. Seguro que la tiene.
La crisis financiera de 2008 consolidó una fase en la que el capital financiero transnacional convirtió el colapso inmobiliario español en una nueva oportunidad de extracción de rentas. Se rescató a los bancos a costa de las familias, víctimas de la estafa hipotecaria que había sido promovida por las mismas entidades financieras.
Se facilitó la entrada de los fondos buitre, sin ningún tipo de regulación que garantizara los derechos sociales de los ciudadanos. Entre nosotros es conocido cómo, para amortizar la deuda del Ayuntamiento de Madrid, en 2013 la alcaldesa Ana Botella vendió 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone a precio de ganga, en una operación que la misma Cámara de Cuentas calificó de contraria a las más elementales reglas de buena gestión. Asimismo, la Comunidad de Madrid despojó al IVIMA de 2.935 viviendas del Plan Joven, vendiéndolas al fondo Goldman-Sachs Azora a mitad de precio. Las familias que vivían en aquellas viviendas públicas llevan trece años pagando alquileres a precio de mercado libre.
En los últimos años, el lobby financiero creado como consecuencia de estas actuaciones sigue presionando en régimen de oligopolio. Blackstone, con decenas de miles de viviendas, cerró el primer trimestre-2025 con un 37,7% más de beneficios que en el mismo periodo del año anterior. Y los fondos, en su conjunto, cuentan con una cartera de unas 350.000 viviendas.
La connivencia del poder político sigue siendo clara; en la Comunidad de Madrid, evidente: Familia Aznar-Botella en Blackstone. Familia Almeida-Borbón con Socimi Vitruvio Puerta del Ángel; familia Aguirre, con Élix Rental Housing; pareja de Ayuso con una sociedad creada en Florida, tras defraudar a Hacienda, para alquiler de temporada, etc.
Y afecta a los ciudadanos en subidas drásticas al momento de la renovación contractual aprovechando la asimetría de un poder oligárquico entre el propietario y el inquilino y la escasez de alternativas asequibles. El resultado es la expulsión progresiva de las clases medias y trabajadoras del mercado ante precios de compra muy por encima de sus salarios. Situación que afecta de manera especial a los jóvenes: no pueden comprar y casi tampoco alquilar en condiciones de mínimos, lo cual dificulta su emancipación, elegir la universidad que quieren, formar familia, etc.
En cuanto a la iglesia, llama la atención no sólo su silencio sobre este pecado estructural que son los desahucios, sino también su complicidad en algunos momentos. En la visita de León XIV a Madrid, el Sindicato de Inquilinas le hizo llegar una carta sobre cómo la especulación inmobiliaria había llegado también a entidades de la iglesia y le pedían una audiencia para hablar de la venta de sus inmuebles a los fondos buitre, con las consecuentes expulsiones de vecinos de sus hogares.
Este proceso supone la subordinación de un derecho constitucional, a la lógica de la rentabilidad financiera. La Constitución urge a los poderes públicos a “promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”, (art.47).
Las medidas que toman los poderes públicos resultan, sin embargo, a todas luces insuficientes. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo mecanismos de contención de rentas que la resistencia de varias comunidades autónomas ha dejado en papel mojado. La nula tributación fiscal de las SOCIMIs no va vinculada a una condicionalidad social efectiva. La ampliación del parque público, sin suelo público movilizado y sin la reconversión real de los activos de la SAREB, está diseñada para favorecer a las entidades financieras y no para generar parque público.
Es claro que los poderes públicos han de intervenir tomando medidas efectivas como se está haciendo ya en otros países. En Ámsterdam, el 40% de la vivienda tiene que ser social, el otro 40% de precio medio regulado y solo el 20% restante pueden salir al mercado libre. Londres: alquileres indefinidos. Berlín apuesta por la expropiación a grandes propietarios. Con 220.000 viviendas de titularidad pública y otras 200.000 subvencionadas, alrededor del 60% de la población vienesa vive en viviendas protegidas.
Más allá de que, en este caso, la movilización ciudadana ha forzado la negociación para que Maricarmen vuelva a casa, se trata de un problema estructural y colectivo que está reclamando soluciones estructurales y colectivas. Frente a la sociedad del “todo mercado”, necesitamos un contrato social del siglo XXI que garantice una vivienda digna y asequible para todos. Para conseguirlo, la intervención y gestión pública-comunitaria será necesaria.
En este sentido, celebramos con el movimiento inquilino “haber sacado al Gobierno de su inacción, al prohibir la compra especulativa de vivienda a los fondos buitre, paralizar desahucios hasta 2030 y prorrogar alquileres hasta 2028” entre otras medidas, (Decreto del 29-9-2026).