La Iglesia católica celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado tradicionalmente el último domingo de septiembre, 27-9-2026.
SERÍA MUY IMPORTANTE VER
UN COMPROMISO DE SOLIDARIDAD
DE LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA CON LOS INMIGRANTES EN NUESTRO PAÍS
El tema de la inmigración es tan importante que estoy seguro de que últimamente produce cada día fuertes palpitaciones en el corazón de todos. En algunos lugares donde se concentran los extranjeros ya se califica la situación de crisis humanitaria. Es también muy doloroso y preocupante el aumento de agresiones que son delitos de odio.
Vías de llegada
La inmigración nos llega a España a través de varios caminos: hay una inmigración legal
(principalmente hispanoamericana y europea) que sostiene nuestro crecimiento poblacional y en
consecuencia también el número de trabajadores. Nos llegan también personas que acceden por vías regulares aeroportuarias marítimas o terrestres y quedan en situación administrativa irregular al caducar sus visados. Hay que añadir las entradas por vías incontroladas marítimas (Ruta Canaria y del Mediterráneo) y terrestres (Ceuta y Melilla), donde se focalizan situaciones críticas de acogida. Es sabido que la inmensa mayoría de las personas en situación irregular consiguen en España un trabajo que, al menos de forma inicial, suele estar en la economía sumergida, con las consecuencias negativas que conlleva para estos trabajadores: inestabilidad, inseguridad e insuficiencia de ingresos o derechos, que es una situación claramente de vulnerabilidad económica y social
¿Quiénes tienen que atender a los inmigrantes que entran en España?
Debido a la tensión política que hay entre las diferentes administraciones españolas es importante saber la respuesta a esta pregunta. Al Estado Central le corresponde en exclusiva lo que es materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (Art. 149.1.2.ª de la Constitución).
Las Obligaciones de las Comunidades Autónomas atañen a lo que es asistencia social, sanidad, educación y protección de menores (Art. 148 de la Constitución), en concreto, tutela de Menores No Acompañados, que es la obligación autonómica que parece ser la más determinante. Recae en la comunidad su alojamiento, manutención, escolarización e integración sociolaboral.
Los Ayuntamientos tienen obligación de empadronar, pero no se fiscaliza la residencia ni se notifica a Extranjería. El empadronamiento es clave porque da acceso automático al informe de arraigo (para regular la situación laboral tras un tiempo) y permite la adscripción a la atención sanitaria básica o la escolarización de los hijos.
Principales zonas con alta presión por la recepción de inmigración
Son bien conocidas. Las Islas Canarias, que constituyen el punto de mayor saturación de la Ruta Atlántica. Ceuta y Melilla, ciudades autónomas situadas en la frontera terrestre sur con África, concentran picos de presión fronteriza e infraestructuras de estancia temporal (CETI) frecuentemente sobrepasadas. Islas Baleares, que han experimentado un incremento progresivo en la llegada de embarcaciones por la ruta del Mediterráneo Occidental desde el norte de África. Se señalan también grandes centros urbanos, como Madrid y Barcelona, grandes focos receptores y redistribuidores de inmigración internacional e interna, por lo que concentran una buena carga de tensión en el acceso a la vivienda, los servicios públicos y recursos asistenciales de primera necesidad.
La crisis migratoria a finales de julio de 2026 en Ceuta, debido a una entrada masiva
enorme, generó un escenario insólito de altísima tensión política, diplomática y social. Entre otras
consecuencias, las infraestructuras de acogida, ya antes saturadas, quedaron completamente
desbordadas. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y las áreas dedicadas a la
tutela de menores superaron en más de un 2000% su capacidad ordinaria; miles de personas
sin hogar pasaron semanas durmiendo a la intemperie en naves industriales, playas y parques
de la ciudad, generando tensión vecinal y situaciones de precariedad extrema. Tanto en agosto
como en septiembre, las autoridades españolas coordinaron el traslado y reparto de migrantes
(principalmente menores no acompañados y personas vulnerables) desde la ciudad autónoma
de Ceuta hacia diversas comunidades autónomas en la Península Ibérica, pero el problema dista
mucho de estar solucionado. El reparto de menores a la península es un tema central de la
oposición al gobierno de España.
El problema se ha de solucionar respetando las leyes vigentes
Según nuestra legislación y los tratados internacionales suscritos por España (especialmente la Convención de Ginebra de 1951, la normativa de la Unión Europea y el mandato del artículo 13.4 de la Constitución Española), el Estado español está obligado a acoger y brindar
protección legal e integral a las personas extranjeras que se encuentran en las siguientes situaciones específicas:
Personas con derecho a Asilo (Estatuto de Refugiado), regulado principalmente por la
Ley 12/2009, que otorga a quienes fundadamente temen ser perseguidos en su país de origen
por motivos de raza, religión o nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado
grupo social, incluyendo persecución por motivos de género u orientación sexual.
Personas beneficiarias de Protección Subsidiaria, que se aplica a quienes, sin cumplir todos los requisitos estrictos para ser considerados refugiados, existen motivos fundados para creer que sufren un riesgo real en su país de origen de condena a la pena de muerte o su ejecución, de tortura o tratos inhumanos o degradantes, amenazas graves contra su vida o integridad física debido a situaciones de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado interno o internacional (guerras).
Beneficiarios de Protección Temporal (Afluencia masiva). Hay un mecanismo extraordinario activado a nivel europeo (o nacional mediante el Real Decreto 1325/2003) en casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden regresar de forma segura a sus países debido a guerras o violaciones sistemáticas de derechos humanos (como la directiva activada tras la invasión de Ucrania).
También España está obligada a acoger a las Personas Apátridas, aquellas que no son consideradas nacionales por ningún Estado, protegidas por el Real Decreto 865/2001 y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
La obligación de acogida también puede estar fundamentada por Razones Humanitarias
Excepcionales. También existe una prohibición legal de expulsar, devolver o extraditar al solicitante mientras se tramita su expediente. Por otra parte, si el solicitante carece de recursos económicos, el Estado está obligado a garantizar alojamiento, manutención, atención sanitaria, asistencia jurídica gratuita y cobertura social básica. En el caso de los menores extranjeros no acompañados (MENA), prevalece el principio del interés superior del menor, estando las Administraciones Públicas obligadas a su tutela inmediata e integración independientemente de su
situación legal o migratoria.
Los migrantes económicos que no reúnen perfil para protección internacional o cauces
reglados de visado quedan regulados por la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, la cual faculta
al Estado para iniciar procedimientos de devolución o denegación de entrada, respetando
siempre los derechos humanos fundamentales y la atención médica de urgencia.
Algunos partidos plantean la llegada de migrantes irregulares en términos de «seguridad
nacional» o «invasión», cosa que no es así, como tampoco se puede asociar la inmigración ilegal
con el aumento de la delincuencia y la pérdida de identidad cultural. En consecuencia, con su
falso discurso, defienden la expulsión e interrupción inmediata de vías de regularización, hablan
de deportaciones masivas, supresión de ayudas sociales a migrantes en situación irregular y
priorizan la inmigración procedente de países hispanoamericanos frente a la de países de mayoría musulmana. Son soluciones ilegales. Esto es grave, pues son políticos que ya gobiernan en muchas autonomías y pudieran llegar al gobierno del Estado.
Papel de la Iglesia católica española
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha manifestado en muchas ocasiones su compromiso con la acogida humanitaria de inmigrantes, pero la magnitud de la crisis migratoria actual exige no solo palabras, sino una implicación con hechos. Quizás, ante la negación de solidaridad de muchas Autonomías españolas, sería ejemplarizante responsabilizarse ella misma
de la acogida, cuidado y demás obligaciones, de un grupo importante de inmigrantes, repartidos entre todas las diócesis españolas, aportando así algo significativo a la solución del problema. Sería un testimonio que llevaría inherente el anuncio del mensaje cristiano de fraternidad universal y de solidaridad con los más necesitados, que pertenece a la esencia misma del
cristianismo y que la Iglesia tanto utiliza en sus documentos.
Todos sabemos muy bien que la acogida al inmigrante no es una opción pastoral discrecional, sino una exigencia inherente a la misión de la Iglesia. El Evangelio de Jesús de Nazaret
sitúa al forastero en el centro de la parábola del juicio final («fui forastero y me acogisteis», Mt
25,35). La Doctrina Social católica ha defendido siempre la dignidad de cualquier migrante y
su derecho a buscar una vida mejor. Una persona tiene derecho a huir de su país si en él se violan sistemáticamente los derechos humanos, si hay guerra permanente o no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales de alimentación, techo y vestido. Igualmente, defiende el derecho legítimo de los Estados a regular los flujos migratorios de forma prudente y ordenada, intentando lograr un equilibrio entre la soberanía y seguridad nacional y el respeto a los
derechos humanos y tratados internacionales.
Los obispos españoles han sido contundentes al rechazar discursos que criminalizan o excluyen a los migrantes. En septiembre de 2026, la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la CEE defendió que cada niño migrante «merece toda la atención, toda
la protección y todo el respeto», subrayando que «una sola vida tiene un valor infinito». El secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, en abril de 2026 ha dicho que “la Iglesia no puede guiarse por «eslóganes», «nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio».
La dignidad de la persona humana es «intocable, irrenunciable y no se puede reducir».
El Documento Final del Sínodo
El Documento Final POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN, 26 de octubre de 2024, ofrece fundamentos teológicos y pastorales para una implicación más decidida en la relación de la Iglesia católica con los emigrantes. Reconoce su capacidad de acción para crear equipos que acompañen a los migrantes, coordinando con parroquias e instituciones eclesiales y extra eclesiales las condiciones de acogida, ofreciendo liturgias inculturadas, promoviendo espacios de intercambio cultural y favoreciendo la integración en la comunidad (n. 118). También afirma que el negarse a acoger a los migrantes trae como consecuencia
la división social (n. 54), y es una actitud que contradice el ya citado mandato evangélico de
hospitalidad. La Iglesia ha de ser como “casa”, abierta y accesible, con posibilidades de acogida,
hospitalidad e inclusión. Así es como la iglesia quiere ser percibida (n. 115).
La encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV (mayo de 2026) refuerza este enfoque, proponiendo proteger «el derecho a la esperanza de quien está obligado a partir, garantizándole vías seguras y legales, condiciones de acogida dignas y procesos reales de integración», al tiempo que se promueve «el derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad».
Pues la Iglesia tiene que hacer para que así sea.
La Iglesia española es un institución con suficientes recursos
La Iglesia, según datos que he podido leer, dispone de recursos suficientes para responsabilizarse de una acogida estructurada de un determinado grupo de inmigrantes: la Asignación tributaria, cuyo importe objetivo para 2026 es de más de 384 millones de euros procedentes del IRPF, canalizados a través del Fondo Común Interdiocesano; Cáritas Española, que
en 2024 movió 486,9 millones de euros, de los cuales 143,4 millones (29,5%) proceden de administraciones públicas, conservando además una base importante de donantes privados; Accem, fundación nacida del episcopado que en 2024 gestionó 225,1 millones de euros, aunque con un 99% de financiación pública; la Red de entidades: REDES, CONFER, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE trabajan de forma coordinada en la acogida, protección y
dignificación de personas migrantes.
A esto hay que añadir los recursos propios de cada diócesis que incluyen aportaciones de los fieles, en torno a unos 400 millones de euros y las propiedades rústicas y edificios, que están vendiendo y lo que se puede vender o alquilar. Conocemos datos por las memorias anuales de la conferencia episcopal Española. La cifra más clara es la de los ingresos agrupados como
patrimonio y actividades económicas: aproximadamente 168 millones de euros en 2024. Sin embargo, no existe un balance público, completo y homogéneo del valor de todas las propiedades rústicas y urbanas de las diócesis españolas, ni un desglose nacional fiable de ventas, alquileres y bienes disponibles. La información permite estudiar los ingresos, pero no valorar de
manera completa el patrimonio que los genera.
Discrepancias internas y necesidad de un compromiso mayoritario
A pesar de la línea oficial de la Conferencia Episcopal Española, existen tensiones internas. En septiembre de 2026, destacan las declaraciones del arzobispo de Oviedo calificando de «invasores» a los migrantes de Ceuta, las cuales levantaron polémica dentro y fuera de la Iglesia española. También insiste el citado arzobispo, en que España no puede acoger sin límites, “todos no caben”, algunos vienen con malas intenciones, muchas entradas están gestionadas por mafias… Por otro lado, el obispo José Munilla critica la regularización extraordinaria por considerar que los migrantes pueden ser utilizados como instrumento político. La mayoría de
los obispos españoles mantiene, en cambio, una posición de acogida, protección e integración, que al mismo tiempo sea compatible con la gestión de las fronteras y la organización de los flujos migratorios.
Ante la perspectiva presentada, seguro que somos muchos los cristianos que pensamos
que la Iglesia católica española debe asumir un importante papel testimonial de acogida que
muestre con hechos cuál es el camino más humanitario y acorde con el Evangelio, el que hay que seguir ante la inmigración que llega a nuestro país. Cáritas, destacada institución católica, ha sido junto con otras organizaciones, promotora de la iniciativa popular que terminó con la última regulación de extranjeros y la Conferencia Episcopal Española ha celebrado la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en 2026, considerándola «un acto de justicia social»
y «una medida de responsabilidad política, ética y social».
Estamos obligados a hacer brillar la luz del Evangelio para que vean lo lejos que están de él quienes dicen: “como entraron que salgan”, quienes prometen “cerrar España a cal y canto”, los que defienden la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas sociales, etc. Se necesitan hechos contundentes que acompañen los discursos eclesiásticos, que a veces están diluidos en
un lenguaje poco claro para el pueblo llano. No es necesario que todos los obispos se alineen
en esta empresa, la unidad no puede dificultar el testimonio, como ha ocurrido en ocasiones,
basta con que una mayoría acepte impulsar un compromiso de acogida estructurado, firme y
significativo, que sea bien visible. Es imprescindible hoy anunciar claramente el mensaje de fraternidad universal del Evangelio. Por eso, la importancia de los hechos de solidaridad. Las palabras solas son insuficientes. Nuestros inmigrantes necesitan ayuda y la iglesia católica tieneposibilidades para dársela, tiene razones doctrinales y mística, tiene recursos económicos y personales. No hacerlo sería contradecir el mensaje del Nazareno. Fe y vida tienen que ir siempre de la mano.
José María Álvarez (pertenece a los grupos de Redes Cristianas de Asturias)