El Gobierno español ha intentado cerrar el debate sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los monumentos más emblemáticos del país. Sin embargo, la decisión reaviva una controversia que trasciende lo local: las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia católica durante décadas gracias a un mecanismo legal que le ha permitido registrar propiedades a su nombre mediante una simple certificación eclesiástica, sin aportar documentación acreditativa.
Entre 1946 y 2015, periodo en el que la ley lo permitió, la Iglesia inmatriculó en España alrededor de 100.000 bienes inmuebles, según diversos estudios. No se trata solo de templos, sino también de palacios, teatros, cementerios, solares e incluso tramos de costa. La Mezquita-Catedral cordobesa es el caso más simbólico, pero representa una práctica extendida que afecta a miles de bienes del patrimonio histórico y cultural.
La jerarquía eclesiástica, principal beneficiaria, ha defendido su derecho sobre estos bienes alegando su uso y custodia durante siglos, pese a no presentar pruebas documentales. La operación ha contado con la pasividad/complicidad de los Registradores de la Propiedad y el respaldo legal de sucesivos gobiernos, hasta la reforma de 2015, que eliminó esta posibilidad.
Frente a ello, asociaciones laicas como Recuperando y diversos movimientos ciudadanos denuncian un “expolio del patrimonio público” y reclaman transparencia y reversión. El Cabildo de la Catedral de Córdoba, por su parte, defiende la titularidad eclesiástica y su papel en la conservación del edificio, prolongando un conflicto de ocho siglos sobre la interpretación y gestión del monumento.
El debate también tiene un trasfondo religioso. Las enseñanzas evangélicas, que instan a “no acumular tesoros en la tierra” y advierten que “no se puede servir a Dios y al dinero” (Mt 6,19-24), contrastan con la lógica patrimonial de la institución. Cristianos de Base critican esa contradicción y recuerdan, con el apóstol Pablo en el Areópago, que “el Señor no habita en templos construidos por manos humanas” (Hch 17,24), defendiendo que la verdadera riqueza de la Iglesia está en su servicio y credibilidad moral.
El cierre político del caso no resuelve el fondo del conflicto: la tensión entre ley, ética y bien común. El futuro de la Mezquita-Catedral dependerá de que la sociedad española logre un modelo de gestión que combine respeto a la historia, función religiosa y valor colectivo de un patrimonio que pertenece a todos.