En el último año, los ayuntamientos costeros españoles han proyectado 2.999.743 nuevas viviendas, 202.250 plazas hoteleras, 316 campos de golf y 112 puertos deportivos con 38.389 nuevos amarres. Además, se han conocido 90 casos de corrupción urbanística que implican a más de 350 cargos públicos. La situación del litoral es ?a todas luces insostenible??, según denuncia Greenpeace y la única solución para la organización ecologista pasa por establecer una gestión sostenible de la costa y eliminar suelo urbanizable.
El informe ?Destrucción a toda costa 2007? presentado esta semana destaca el acentuado empeoramiento que el litoral español ha vivido en el último año y repasa las principales amenazas de la costa, destacando como principal la construcción, el aumento de número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de los buques en el mar.
Greenpeace ha denunciado el inmovilismo de las administraciones para intentar frenar y solucionar los problemas del litoral. ?Los ayuntamientos han dejado que se destruya la costa y las comunidades autónomas tampoco han hecho sus deberes??, afirmó María José Caballero, responsable de Costas de Greenpeace y autora del informe. Caballero también expresó la ?profunda decepción?? de la organización ante la actuación del Ministerio de Medio Ambiente.
?El Ministerio es el garante del buen estado del litoral, pero sus planes no convencen ni se rigen por directrices claras. Los presupuestos destinados a recuperar el litoral son, además, ridículamente bajos??, explicó la responsable de Costas.
Comunidades más castigadas
El informe de este año, además, incluye un ranking que ordena a las comunidades litorales españolas según el grado de salud de sus costas. La peor posición la ocupa Andalucía. El elevado número de viviendas proyectadas (683.350), el crecimiento de viviendas ilegales y de campos de golf en el litoral, el acoso a espacios naturales protegidos y los casos de corrupción urbanística hacen a esta comunidad merecedora, según Greenpeace, del último lugar en la clasificación.
A continuación, se sitúan las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, donde las previsiones de construir plazas turísticas y puertos deportivos son las más elevadas de todo el Estado.
Murcia, Baleares, Cataluña y Cantabria son las siguientes regiones en aparecer en el listado de comunidades más castigadas, en el que Euskadi y Asturias presentan las cifras más bajas en cuanto a aumento de viviendas y amarres.
Protección urgente
Greenpeace añade también en el informe una serie de propuestas encaminadas a frenar la degradación que vive el litoral. Abandonar las prácticas de ?ingeniería dura?? en el litoral y proteger y conservar los terrenos amenazados por la construcción es la primera de las medidas que, según la organización ecologista, debe adoptar el Ministerio de Medio Ambiente.
Greenpeace reclama que se decrete una moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y que se fomenten medidas novedosas como el alquiler de las embarcaciones. La organización internacional también exige que acabar con los problemas de vertidos y contaminación se convierta en una prioridad para todas las administraciones.
Poner en marcha medidas globales que garanticen una protección integral de la costa, entre las que destaca el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice el litoral, la productividad de los mares, la vida marina y sus ecosistemas para los muchos millones de personas que dependen y disfrutan de este espacio es otra de las prioridades que marca Greenpeace como ?ineludibles??.