Más lejos, más desprotegidos, más impunidad, más impotencia.
Fronteras externas: vulneración de los derechos humanos.
Desde hace más de veinte años, el objetivo principal de las políticas migratorias tanto en la Unión Europea como del Estado Español, fue el de detener los flujos migratorios procedentes de los países que no pertenecen a la Unión, al precio que fuera necesario pagar. El objetivo no ha cambiado, sí han cambiado las estrategias.
Se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de los países africanos, a una nueva etapa cuyo objetivo es todavía más atrevido políticamente, más cuestionable jurídicamente y más condenable éticamente: impedir salir a las personas del continente africano, de sus propios países. Este es el objetivo de externalización de las fronteras de la Unión Europea.
Cuando no es posible repatriar a los inmigrantes que atraviesan o llegan a nuestras fronteras, se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países- al igual que se hace con los deshechos contaminantes o peligrosos- bajo fórmulas distintas como la externalización de los campos de internamiento o los tratados de admisión de los no-nacionales. Lejos de la frontera de la U.E., los inmigrantes procedentes de África se encuentran en condición de mayor desprotección, dejados en manos de Estados que no respetan los Derechos Humanos.
El Plan África aprobado por el gobierno español en junio de 2006, insiste en la externalización del control de las fronteras; la delegación de ese control a países fronterizos exteriores a la U.E. de los que proviene una parte de la inmigración como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez o Senegal; la política de firmar acuerdos para que patrulleras españolas o de otros países de la U.E. controlen las costas; la creación de campos de internamiento en terceros países.
En las costas canarias y africanas se han recuperado unos 600 cadáveres de personas que intentaban llegar a las islas desde África, pero según el gobierno canario fueron unos 6.000 inmigrantes africanos los que murieron cuando trataban de alcanzar la costa canaria en 2006, mientras 31.000 alcanzaron el archipiélago.
El estado español pretende trasladar las fronteras a países que no respetan los principios democráticos, como Marruecos, para evitar el control legal y visual de la opinión pública y de las organizaciones sociales.
Este tipo de enfoque en ningún caso resolverá el control de flujos y mucho menos los parará. El endurecimiento de la política de extranjería no ha dado los resultados esperados. Y es porque no abordan ni las causas ni la complejidad de la inmigración.
Extracto del informe anual del año 2006 de ?S.O.S. Racismo??