El desgarrador informe sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos de la católica Irlanda durante decenas de años a miles de menores ha desatado una corriente de condena y una sensación de profunda frustración entre buena parte de los católicos en todo el mundo. También en nuestro país, donde curiosamente no se ha producido ninguna declaración de repulsa por parte de la jerarquía episcopal.
Inmediatamente después de la condena de los hechos, surge una pregunta, hasta la fecha sin respuesta. Lo sucedido en Irlanda, o anteriormente en Estados Unidos o Australia, ¿podría haberse producido en el seno de la Iglesia española? Más allá de dimes y diretes, lo cierto es que hasta la fecha no se ha dado ningún proceso conjunto de denuncia de atrocidades similares a las llevadas a cabo por el clero irlandés, aunque sí algo más de media docena de condenas en firme contra sacerdotes españoles.
Hoy por hoy, el único caso de abusos continuados en una institución eclesiástica con sede en España es el del seminario de Ontaneda (Cantabria), donde en la década de los cincuenta y los sesenta se produjeron diversos casos de acosos sexuales a seminaristas por parte del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. Años después, los casos fueron denunciados ante la Santa Sede, que acabó por condenar a Maciel al silencio. Ahora, tras su muerte, Benedicto XVI ha ordenado una profunda investigación sobre los centros de esta congregación en todo el mundo.
“Lavar los trapos sucios en casa”
“¿Por qué el abusador de menores es un enfermo? Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan», afirmaban, hace pocos meses, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Unas declaraciones que provocaron la reprobación generalizada, aunque no sirvieron para que la Conferencia Episcopal emitiera nota alguna desmarcándose de las opiniones de uno de sus miembros.
Y es que, si algo se puede achacar a la jerarquía eclesiástica en estas lides, ha sido su opción por “lavar los trapos sucios en casa”. Aunque los casos de abusos entre el clero español que han trascendido apenas suman media docena, lo cierto es que el denominador común de la mayoría de ellos está en la cautela, cuando no en el encubrimiento, adoptado por los responsables del sacerdote en cuestión. Algo que no se produce, por ejemplo, a la hora de condenar a teólogos “díscolos” con la jerarquía.
Rouco, condenado
El caso más conocido es el del sacerdote de la diócesis de Madrid, Rafael Sanz Nieto, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid –sentencia confirmada por el Tribunal Supremo- a dos años de cárcel por abusos sexuales a un niño. El fallo también condenó a la diócesis pastoreada por Rouco Varela a pagar una indemnización de 30.000 euros por responsabilidad civil. La diócesis no recurrió la condena al sacerdote, pero sí la impuesta al Obispado. El recurso fue desestimado por el Supremo.
En el caso de Sanz, además, se da la circunstancia de que quienes plantearon la denuncia fueron un grupo de catequistas, que fueron expulsados de la parroquia (en el barrio de Aluche) por la diócesis. Finalmente, el Arzobispado reconoció haber tenido constancia de los hechos, momento en el cual decidió “apartarlo de su labor” y recluirlo en un convento, pero no avalar la denuncia. En la actualidad, según fuentes eclesiales, el sacerdote pederasta está jubilado.
La diócesis de Madrid también amparó, durante años, al sacerdote José Martín de la Peña, cuya condena a diez años de prisión por abusos a una menor durante nueve años –de 4 a 13 años- fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2005. El Alto Tribunal consideró probado que el cura sometió a la menor “a innumerables tocamientos lúbricos”, y la obligó a practicarle felaciones.
Sobre este caso escribía Alfredo Grimaldos en su libro “La Iglesia en España 1975-2008” (Península): “La madre de la víctima, una persona muy religiosa, había conocido a ‘don José’ porque fue él, como juez eclesiástico, quien le tramitó la nulidad del matrimonio. Aprovechándose de esta circunstancia, el sacerdote comienza a visitar con frecuencia y absoluta confianza la casa en la que viven la niña de la que abusa, la madre y la abuela. Deja de acudir a la vivienda cuando la víctima ha cumplido 13 años. La madre, ignorante del calvario que ha supuesto la infancia de la cría, logra sonsacarle los hechos cuando ella ya es mayor de edad. Entonces explica la situación al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, a quien conocía personalmente y con quien se entrevista en varias ocasiones. Pero lo que hace Monseñor Rouco es neutralizar la denuncia, hasta que el caso llega a los juzgados”.
En ocasiones, no es sólo la institución eclesiástica la que protege. Así, en febrero de 2002, el entonces alcalde de Casar de las Hurdes (Cáceres), Olegario Rodríguez, decía querer recoger firmas de apoyo a Ignacio Lajas Obregón, el joven sacerdote del pueblo, que fue detenido por la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional por pertenecer a una red de pornografía infantil. Dos años después, fue condenado a 16 meses de prisión por un delito de corrupción de menores. Al no tener antecedentes penales, tampoco entró en prisión.
Tres curas en prisión
Hasta la fecha, sólo tres sacerdotes españoles han cumplido, o están cumpliendo, condena por abusos sexuales. El más conocido es José Domingo Rey Godoy, ex párroco de Peñarroya (Córdoba), que en 2004 fue condenado a 11 años de prisión por abusos sexuales a seis niñas. En este caso, el sacerdote tuvo el apoyo incondicional de su obispo, que lo mantuvo en su cargo hasta el mismo día en que ingresó en prisión.
Otro caso es el de Edelmiro Rial, de la diócesis de Tui-Vigo, quien fue condenado a 15 años por la Audiencia Provincial de Pontevedra por abusar sexualmente de seis menores, alumnos suyos y monaguillos en su parroquia. Recurrida la sentencia, el Supremo la elevó a 21 años. El último es el de Luis José Beltrán Calvo, ex párroco de Alcalá La Real (Jaén), y condenado a ocho años de cárcel por abusos a un monaguillo.
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