Cuando el Estado no garantiza la justicia
Treviso 12, 13, 14 de octubre de 2007
DOCUMENTO FINAL
Del 12 al 14 de octubre de 2007, se realizó en la ciudad de Treviso (Italia) el IV Foro Internacional Colombia Vive!, que tuvo como objetivos principales analizar la actual coyuntura colombiana en el marco de la persistente violación de derechos humanos, la impunidad, la «desmovilización» paramilitar y la creciente relación mafiosa entre Italia y Colombia; y profundizar la reflexión sobre las zonas humanitarias y los procesos de autodeterminación que para la protección de la población civil en medio del conflicto armado, han sido implementados por comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes que resisten en manera noviolenta a la guerra y al desplazamiento forzado. El foro ha sido organizado por la Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!.
Después de escuchar atentamente los testimonios de los representantes colombianos de comunidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos, los ayuntamientos, instituciones y organizaciones sociales participantes de Inglaterra, España, Bélgica, Austria, Francia, Italia y Estados Unidos , reafirmamos la decisión de fortalecer nuestros lazos de amistad y solidaridad con las comunidades y organizaciones sociales que adelantan procesos de resistencia civil y defensa de los derechos humanos en Colombia.
CONSIDERANDO
· Que a pesar de la existencia en Colombia de un conflicto político, social y armado que desde hace más de 40 anos desangra al país, en la última década se ha verificado la progresiva consolidación de una geografía de la esperanza, conformada por comunidades rurales que han definido planes de vida con los cuales contrastan de manera creativa y noviolenta, las manifestaciones más dramáticas del neoliberalismo;
· La creación, por parte de dichas comunidades, de espacios de protección de la población civil en medio de la guerra, de práctica real de la democracia y la participación, de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, de transmisión del conocimiento ancestral, de reafirmación del derecho propio, y de defensa de la vida digna, el territorio y la cultura;
· El no reconocimiento de las zonas humanitarias de las comunidades en resistencia civil por parte del gobierno colombiano, el cual de este modo, desconoce el derecho legítimo de la población civil a no ser involucrada en la guerra y por tanto, el principio fundamental de distinción entre combatientes y no combatientes;
· La existencia de una política de persecución contra las comunidades en resistencia civil, aplicada a través de la violencia directa (sea por la acción de las fuerzas militares y policiales o por la acción de los grupos paramilitares), la persecución judicial, la difamación a través de los medios de comunicación por parte de altos funcionarios del Estado, los bloqueos económicos, la persecución a sus acompañantes, las amenazas permanentes, los intentos de coaptación a través de supuestos programas socioeconómicos utilizados de manera proselitista para crear división comunitaria y militarizar los espacios civiles;
· El entramado de relaciones entre narcotráfico, paramilitarismo, poder político y control territorial evidenciadas por las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta sobre la parapolítica;
· El proceso contra el líder paramilitar Salvatore Mancuso que ha demostrado la articulación del narcoparamilitarismo colombiano con la Ndrangheta calabrese y el significativo hecho de que hayan sido nombrados para cargos diplomáticos de la embajada colombiana en Italia, personajes vinculados con dicho líder paramilitar;
· La negativa por parte del gobierno nacional, de realizar el intercambio humanitario que permita la liberación de miembros de la fuerza pública, líderes políticos y otros ciudadanos en poder de la guerrilla; la consolidación de la impunidad como mecanismo de negación del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;
· La existencia de múltiples formas de solidaridad internacional expresadas en acompañamiento físico, apoyo político, moral y económico;
· El valor universal asumido por la lucha noviolenta de las comunidades en resistencia civil colombianas, que han definido formas de economía solidaria y vida digna a través de las cuales contribuyen en modo concreto a la construcción de un mundo distinto.
SOLICITAMOS
A la Unión Europea y sus estados miembros
· Suspender la venta de armas y la ayuda militar a Colombia, en tanto país que vive un fuerte conflicto armado y en el cual se verifica la violación impune de los derechos humanos;
· Hacer un eficaz seguimiento a los recursos destinados a la cooperación con Colombia para garantizar que no sean utilizados en la consolidación del aparato militar, en la explotación ilegal e ilegítima de los recursos naturales y en general en la agudización de la guerra;
· Apoyar la realización del » Acuerdo Humanitario» que permita la liberación de los secuestrados;
· Un mayor compromiso con las iniciativas promovidas por la sociedad civil colombiana y en modo particular por las comunidades en resistencia civil a favor de la defensa integral de los derechos humanos;
· Condicionar la cooperación y los acuerdos comerciales con Colombia, al respeto de los derechos humanos y a los resultados concretos en las investigaciones sobre crímenes contra miembros de las comunidades en resistencia civil y demás organizaciones sociales víctimas de la violencia política colombiana. En este sentido, existe ya una cláusula aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de 2006, que urgentemente deberá convertirse en directiva de los organismos ejecutivos de la Unión Europea responsables de la política exterior;
· Específicamente al Gobierno italiano y a la embajada italiana en Bogotá, apoyar la relación solidaria que expresiones organizadas de la sociedad civil italiana, tienen con las comunidades en resistencia civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia. Solicitamos igualmente a la embajada italiana, integrarse a la misión diplomática que apoya a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Al Gobierno de Colombia· Cesar de inmediato cualquier tipo de violencia y persecución contra las comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas que con su resistencia civil, contribuyen a romper el ciclo vicioso de la violencia colombiana;
· Suspender toda forma de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;
· Garantizar el derecho Constitucional que tienen las comunidades indígenas y afro descendientes a la propiedad colectiva de sus territorios;
· Defender con políticas claras el patrimonio común de los colombianos y evitar la continuación del saqueo de recursos naturales por parte de las empresas multinacionales;
· No interferir en las investigaciones que la justicia colombiana realiza por la vinculación de un importante número de parlamentarios y funcionarios públicos con grupos paramilitares, autores durante muchos años, de miles violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Al gobierno de Colombia y a los grupos armados de oposición
· Encontrar cuanto antes una salida negociada al conflicto político, social y armado;
· Realizar el intercambio humanitario para la liberación de los secuestrados;
· Reconocer y respetar las zonas humanitarias de las comunidades en resistencia civil (espacios de Asamblea Permanente en el caso de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca), como espacios de protección de la población civil en medio del conflicto armado;
· Respetar la decisión de autonomía frente a los actores armados, expresada por las comunidades que en manera noviolenta se resisten a hacer parte de la guerra y a abandonar el propio territorio.
A los gobiernos de Italia y Colombia
· Activar mecanismos que combatan eficazmente la relación entre las organizaciones criminales Ndrangheta italiana y paramilitares colombianos. De igual modo, contrastar los posibles apoyos que desde instancias oficiales pudieran estar ofreciendo funcionarios públicos de los dos países a estas peligrosas organizaciones ilegales.
NOS COMPROMETEMOS A
· Continuar respaldando los procesos que por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación llevan a cabo las comunidades en resistencia civil, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y las demás organizaciones sociales colombianas;
· Seguir denunciando con fuerza las violaciones que en contra de la población civil, sean perpetradas por todos los grupos armados legales e ilegales.
· Trabajar por la protección tanto de los procesos de resistencia no-violenta a la guerra, como de las personas que valientemente los protagonizan y los acompañan;
· Continuar difundiendo, a través de actividades de sensibilización que convoquen solidaridades concretas, las buenas prácticas de resistencia a la guerra, defensa de la vida digna, del territorio y de la cultura, llevadas a cabo por las comunidades en resistencia civil;
· Fortalecer la Red Europea de apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, creada con el pacto de hermanamiento entre los ayuntamientos de Westerlo (Bélgica), Alburquerque (España), Burgos (España) y Narni (Italia), los cuales a su vez, están hermanados con dicha comunidad de paz;
· Propiciar y facilitar pactos de hermanamiento entre ayuntamientos italianos y las comunidades en resistencia civil CAVIDA y ACIN;
· Promover la visibilización y reconocimiento de las Zonas Humanitarias y de la Guardia indígena del Cauca como expresiones legítimas de resistencia civil contempladas en el Derecho Internacional Humanitario.
Treviso, 14 de octubre de 2007