Los más de 650.000 ciudadanas y ciudadanos españoles de etnia gitana que viven en España sufren discriminación en ámbitos como la justicia, la sanidad o la vivienda. El barómetro del CIS les sitúa como el grupo social más rechazado. El caso de María Luisa Muñoz saltó a la prensa hace pocas semanas. El Tribunal Constitucional denegaba la pensión de viudedad a esta mujer que se casó en 1971 por el rito gitano y cuyo marido cotizó durante 19 años. Los medios han recogido también en los últimos días la situación de 14 personas, en su mayoría gitanos y extranjeros, que han puesto quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra un registro civil de Toledo por un supuesto trato discriminatorio y arbitrario.
Sus casos son un ejemplo del trato marginatorio que esta minoría sufre en España según los últimos informes presentados por la Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia. El año 2007 ha sido declarado Año Internacional por la Igualdad de Oportunidades
Los gitanos españoles constituyen un grupo étnico formado por más de medio millón de personas, que se asentaron en España hace más de 500 años. Su cultura ha ido ligada a circunstancias de marginación histórica e, incluso, de persecución legal que, desde hace unos años, se pretenden reparar y combatir con iniciativas como la firma del Manifiesto del Defensor del Pueblo de España y los Comisionados Parlamentarios Autonómicos en apoyo del pueblo gitano de 1999 o las recientes puestas en marcha del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y del Instituto de Cultura Gitana. A nivel autonómico también se han dado pasos en este sentido incluyendo menciones a la comunidad gitana en los nuevos Estatutos de Autonomía y a nivel europeo se ha promovido una directiva que apela a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Aún así, de acuerdo a todos los estudios de opinión, los gitanos constituyen uno de los grupos peor valorados socialmente, y ese rechazo deriva en numerosas prácticas discriminatorias que frenan el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Sentencias como las de María Luisa Muñoz significan, pues, para muchos, un auténtico retroceso en el camino hacia la igualdad real.
Trato discriminatorio y agravio comparativo
María Luisa y su marido, Mariano Dual, se casaron en 1971 por el rito ancestral de los gitanos y tenían seis hijos, reconocidos por la Administración en un libro de familia. Aún así el Tribunal constitucional le negó el amparo con el voto particular en contra del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, quien alegó trato discriminatorio y agravio comparativo hacia esta comunidad. Pero los tribunales no son el único espacio en el que la que la comunidad gitana considera que el trato dispensado a estas personas «no respeta la igualdad de trato, es discriminatorio y puede vulnerar el ordenamiento».
El informe ‘Discriminación y Comunidad Gitana 2006’ del área de Igualdad de Trato y No discriminación de la Fundación Secretariado Gitano establece un mapa general de los ámbitos en los que se producen prácticas discriminatorias hacia la comunidad gitana. Destaca el mundo del mercado laboral, donde existen prejuicios por parte de los empresarios: “Se piensa que son unos vagos, que no les gusta trabajar, piensan que si los contratan luego faltarán al trabajo”. En el sector de la hostelería el panorama es aún más desolador, ya que en varios estudios de opinión una gran mayoría de empresarios ha explicado que no quiere contratar a gitanos porque temen que se les vaya a llenar el bar de personas de esta etnia, cosa que, según ellos, conllevaría la pérdida de su clientela habitual.
También se han documentado prácticas discriminatorias en el ámbito de la vivienda: según el informe, los propietarios o agencias inmobiliarias se niegan a alquilar pisos a los miembros de la comunidad gitana porque piensan que no van a pagar el alquiler todos los meses, porque creen que meterán a toda la familia en la vivienda o que montarán jaleo hasta altas horas de la madrugada. También se alega, en muchas ocasiones, que por el carácter de los gitanos es muy fácil que surjan enfrentamientos con el resto de vecinos, como amenazas o episodios de violencia. Otros prejuicios hacen referencia a que los gitanos no van a respetar las normas de convivencia o que van a dejarlo todo sucio.
La educación es otro de los ámbitos en los que más denuncias por comportamientos racistas se han presentado. En primer lugar, se constata la falta de garantías para un acceso igualitario del alumnado gitano a los centros educativos privados y concertados, además, de la existencia de una importante segregación y concentración de dichos alumnos en determinados centros públicos o clases especiales, que determina una educación de menor calidad y con menos recursos, incrementando el riesgo de marginalización y la creación de guetos en relación con las minorías étnicas. Por otro lado, algunas normas educativas, aparentemente neutras en su origen, pueden llevar implícita una discriminación indirecta, especialmente cuando se desarrollan teniendo sólo en cuenta las características sociales de la población mayoritaria. Más aún, existe una omisión de la realidad y la cultura gitanas en los materiales pedagógicos, currículos educativos y libros de texto, cuando no una transmisión de una imagen negativa de dicha comunidad.
Además, sostienen que se observa un trato discriminatorio por parte de la Policía. Son los propios agentes quienes patrullan en determinadas zonas donde vive abundante población gitana ya que esperan encontrar mayor número de delitos como robos, tráfico de drogas o violencia. Además, se puede observar un trato discriminatorio por parte de la Policía en el mayor número de paradas a personas de etnia gitana para solicitarles la documentación, los permisos de venta ambulante, registrarles los vehículos, cachearles en comparación con el resto de población no gitana.
La Fundación Secretariado Gitano ha documentado e intervenido, también, casos de discriminación en el ámbito de acceso a bienes y servicios. Se han dado situaciones en las que la población gitana ha recibido la negativa, por parte de los agentes de seguridad o propietarios de pubs y discotecas, a dejarles entrar en los locales, ya que piensan que habrá peleas, jaleo o se consumirán drogas y temen que el resto de los clientes se puedan marchar por la presencia de los mismos. Los profesionales de los servicios sanitarios tampoco quedan libres de las actitudes prejuiciosas, ya que se ha observado que cuando tienen que comunicar alguna noticia sobre una enfermedad grave o un fallecimiento de una persona gitana, suelen siempre hacerlo a través de los guardas de seguridad del centro por temor a amenazas o reacciones violentas de los miembros de la comunidad.
La sinrazón de los prejuicios
Pero no solamente son las instituciones o las entidades las que se dejan llevar por ideas preconcebidas y generalizaciones. Según los datos del último Barómetro del CIS, la comunidad gitana continúa siendo el grupo social más rechazado en España. Entre las conclusiones que se desprenden del estudio, una de las más preocupantes es la que muestra como a más del 40 por ciento de los españoles les molestaría “mucho o bastante” tener como vecinos a gitanos y como a uno de cada cuatro españoles no les gustaría que sus hijos estuvieran en la misma clase que niños de familias gitanas. De las dos preguntas específicas que recaban la opinión de los españoles sobre la comunidad gitana y su percepción con respecto a otros grupos sociales en el estudio se desprende que la comunidad gitana continúa siendo el grupo social más rechazado, no sólo con respecto a la población inmigrante, sino también con respecto a otros grupos como “personas que hayan estado en la cárcel”, “personas alcohólicas”, “personas de extrema derecha” o “personas con problemas psíquicos”.
Todas estas situaciones se dan a diario tanto en el ámbito público como en el privado, y afectan seriamente a sus víctimas, lo que demuestra que existe todavía un enorme camino por recorrer para combatir la discriminación étnica de manera real y efectiva. En 2007, año de la Igualdad de Oportunidades, desde las Administraciones se han puesto en marcha una serie de actividades e iniciativas que buscan formar y sensibilizar a las organizaciones sociales, la ciudadanía y otros agentes clave en materia de lucha contra la discriminación. El Secretariado Gitano también continúa con sus campañas periódicas para concienciar a la población de la sinrazón de los prejuicios hacia otros ciudadanos y ciudadanas por motivos de etnia o raza.
