La reciente crisis económica provocó unos recortes en la sanidad que supusieron un descenso de la quinta parte del gasto público por persona entre 2009 y 2013. En esos mismos años, el RD 16/2012 rompía el principio de universalidad establecido en los años ochenta del siglo pasado al excluir de la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, y el RD 27/2013 (ley Montoro) limitaba la contratación de personal provocando la saturación de muchos servicios y un notable aumento de las listas de espera quirúrgica y de especialidades.
La joya de la corona, como muchos llaman al sistema público de salud de nuestro país, empezaba a peligrar, dando lugar a una reactivación de la sanidad privada (con puertas giratorias para algunos políticos) pero también a una intensa movilización en defensa de la sanidad pública, en especial a través del movimiento asambleario y descentralizado de la Marea blanca, considerada la “hija mayor del 15M”, y otros movimientos como Yo Sí Sanidad Universal o la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16-2012. Vale la pena en este contexto hacer un breve balance de la calidad de la salud en España a partir de los datos recién publicados del Barómetro social de España (www.barometro social.es).
El sistema público de salud experimentó grandes mejoras en los años 70 y 80 del siglo pasado, doblando con creces el gasto sanitario en relación al PIB y universalizando el acceso a la atención sanitaria a partir de la Ley General de Sanidad de 1986 y la posterior descentralización de la gestión por comunidades autónomas. Sin embargo, estos avances redujeron su ritmo expansivo en las décadas siguientes sin alcanzar en ningún momento la media comunitaria de gasto sanitario por persona, en paralelo con un crecimiento continuo de la sanidad privada cuyo peso en el gasto sanitario total (casi del 30%) es muy superior a la media comunitaria (20%). La no cobertura pública de tratamientos tan importantes como la odontología, la óptica o la psicología dan lugar a una desigualdad en el acceso a la salud que viene determinada por el nivel de renta de la población. Los sectores pobres y subempleados son los que más pierden en cualquier proceso de privatización.
En general, el estado de salud de la población en las últimas décadas presenta algunas tendencias muy positivas, como la continua elevación de la esperanza de vida, la percepción subjetiva de buena salud o la baja tasa de años perdidos por discapacidad; y también otras negativas, como el incremento de las enfermedades crónicas y la tasa de obesidad que se ha doblado en los últimos 20 años. Las ganancias en años de vida están acompañadas de más enfermedades crónicas; y los cambios en el régimen alimentario y el sedentarismo dan lugar a un aumento de la obesidad.
El estado de salud afecta diferencialmente según el sexo y el nivel socioeconómico de los hogares. Las mujeres padecen enfermedades crónicas con mayor frecuencia que los hombres, lo que explica que tengan una percepción más negativa de su propia salud. En cuanto a la clase social, tanto las encuestas nacionales de salud como otros muchos estudios coinciden en que las personas de las clases sociales más bajas enferman más, viven menos años y, de estos, más años con incapacidad que las personas de clases sociales altas. También las tasas de morbilidad y mortalidad son mayores para quienes tienen las posiciones laborales inferiores o están en paro.
Por último, hay que destacar que la tasa de natalidad en España (1,3 hijos por mujer de entre 15 y 49 años, una de las más bajas de Europa) amenaza con acelerar el envejecimiento y morbilidad de la población, salvo que se creen las condiciones para la emancipación social y laboral de la juventud y se den facilidades e incentivos para la procreación y crianza de los hijos. Según estimación de Naciones Unidas, a finales del siglo XXI España tendrá la mayor esperanza de vida, sólo por detrás de Japón y Macao, pero será también uno de los países más envejecidos y habrá perdido 10 millones de habitantes, con los consiguientes efectos colaterales de reducción de población laboral y aumento de personas dependientes.
Desde Redes Cristianas apostamos por un sistema realmente público y universal de salud.
